La organización internacional Human Rights Watch lanzó este miércoles un contundente pronunciamiento contra el régimen castrista, al denunciar que la reciente excarcelación de más de 2.000 reclusos en Cuba excluye deliberadamente a los presos políticos, evidenciando una nueva maniobra de manipulación por parte de la dictadura.
En su comunicado, la ONG fue categórica al exigir la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos en la isla.
“El régimen cubano debería liberar incondicionalmente a quienes están encarcelados por disentir”, subrayó la organización, desmontando así el discurso oficial que intenta presentar el indulto como un “gesto humanitario”.
Lejos de representar una apertura, la medida ha sido interpretada por organizaciones independientes como un intento del régimen de limpiar su imagen internacional sin tocar el núcleo de la represión. Según denunció Human Rights Watch, ninguna entidad independiente ha podido confirmar que entre los liberados haya opositores, activistas o ciudadanos detenidos por expresar sus ideas.
Human Rights Watch registra presos políticos en Cuba
Human Rights Watch habló de más de 700 presos políticos todavía en las cárceles cubanas y citó los registros de Justicia 11J y Prisoners Defenders. La primera organización dijo el 3 de abril que tenía documentadas 775 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba; la segunda situó en 1.214 su lista de prisioneros políticos y de conciencia al cierre de febrero.
El señalamiento es especialmente grave porque deja en evidencia un patrón sistemático: el régimen castrista encarcela a disidentes bajo figuras penales ambiguas para luego negar la existencia de presos políticos. Delitos como “desacato”, “propaganda enemiga” o “atentado” son utilizados como herramientas legales para justificar la persecución, mientras se oculta la verdadera naturaleza de estas detenciones.
Esta estrategia no es nueva. Desde hace años, el aparato judicial cubano ha sido denunciado como un instrumento de control político, donde las leyes no se aplican para impartir justicia, sino para castigar la disidencia.
El contexto en el que se produce este nuevo pronunciamiento es clave. La isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, y un creciente descontento social. En medio de este escenario, el régimen intenta proyectar una imagen de apertura mientras mantiene intacto su aparato represivo.
Las secuelas de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba siguen siendo visibles. Cientos de cubanos que salieron a las calles para exigir libertad permanecen tras las rejas, muchos de ellos condenados a largas penas en juicios cuestionados por su falta de garantías. La exclusión de estos presos del indulto confirma, según organizaciones de derechos humanos, que no existe voluntad de cambio por parte del régimen.
Además, la falta de transparencia en el proceso de liberación ha encendido aún más las alarmas. No se han publicado listas oficiales completas ni se han ofrecido detalles claros sobre los criterios utilizados, lo que refuerza las sospechas de que se trata de una operación política más que de una medida de justicia.
Mientras tanto, la represión continúa. Activistas, periodistas independientes y ciudadanos que critican al sistema enfrentan vigilancia constante, detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, dejando en evidencia que la cárcel sigue siendo la respuesta del régimen frente a cualquier intento de cuestionar su poder.
El pronunciamiento de Human Rights Watch se suma a una creciente presión internacional que exige cambios reales en Cuba. Sin embargo, la historia reciente demuestra que el régimen castrista ha sido resistente a este tipo de demandas, apostando por el control absoluto y la represión como mecanismos de supervivencia.
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