Lubby Navarro, la exfuncionaria cubanoamericana que durante años representó al Distrito 7 en la Junta Escolar de Miami-Dade y llegó a ocupar la vicepresidencia de ese organismo, abandonó el martes una sala del Tribunal de Justicia Richard E. Gerstein esposada y con destino a la cárcel, después de declararse culpable de hurto mayor en tercer grado por haber desviado más de 100.000 dólares en fondos del distrito escolar para uso personal durante 2022, el último año completo que pasó en el cargo antes de renunciar en diciembre de ese mismo año.
Según reportó la prensa local, la mujer de 51 años llegó a un acuerdo con la fiscalía del condado Miami-Dade que le permitió evitar un juicio que estaba programado para este mes de abril, a cambio de una condena de 14 meses de prisión seguidos de tres años de libertad condicional, durante los cuales tendrá prohibido ocupar cualquier cargo o empleo gubernamental.
Una carrera construida durante décadas y destruida en un año
Navarro nació en La Habana y llegó a Miami durante el Éxodo del Mariel en 1980, cuando todavía no había cumplido seis años. Tres décadas después, esa misma ciudad la vio convertirse en figura del servicio público: el entonces gobernador Rick Scott la designó miembro de la junta escolar del Distrito 7 en 2015, escaño que luego ganó por elección popular en 2016 y revalidó en 2020, hasta alcanzar la vicepresidencia del organismo y la presidencia de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados en junio de 2022.
Ese mismo año en que acumulaba reconocimientos, las investigaciones revelarían después, la cubanoamericana también cargaba a la tarjeta institucional del distrito gastos que no tenían ninguna relación con las funciones para las que esa tarjeta existía.
Lo que compraron los fondos escolares de Miami-Dade
La investigación, dirigida por el inspector general de Miami-Dade, Félix Giménez, y la unidad anticorrupción de la fiscalía estatal, estableció que Navarro manipuló y falsificó recibos para ocultar sus gastos al personal administrativo del distrito.
El mecanismo era deliberado: la cubanoamericana aumentaba mes a mes el límite mensual de su tarjeta, algunas veces hasta duplicarlo, para poder sostener un volumen de compras que de otro modo habría activado alertas inmediatas.
Con los fondos escolares adquirió electrodomésticos, electrónica, ropa, productos de belleza, artículos para el hogar y más de 178 tarjetas de regalo en tiendas como Walmart, Apple, Amazon, Gucci y BrandsMart, por un monto que superó los 92.000 dólares. A esa cifra se sumaron más de 9.000 dólares en gastos de viaje que incluyeron vuelos, hoteles y comidas durante viajes a República Dominicana, Las Vegas y Disney World.
Una porción de esos fondos también se usó para equipar el negocio de batidos de su entonces pareja en Fort Lauderdale, cubriendo la compra de una nevera comercial, un congelador, un enfriador de vinos y una máquina de espresso.
Las compras más insólitas de la cubanoamericana
Entre todos los gastos documentados por los investigadores, dos llamaron la atención de manera particular y trascendieron en la cobertura del caso desde el momento del arresto, en enero de 2024.
La cubanoamericana adquirió con la tarjeta del distrito un par de vientres de embarazo artificiales de silicona, en lo que los investigadores describieron como un intento de convencer a su exnovio de que esperaba un hijo suyo, durante un período en el que también lo siguió y acosó.
Como consecuencia del escándalo, la Universidad Católica de Nueva España le retiró el doctorado honoris causa que le había otorgado en 2019, y el South Broward Hospital District, donde trabajaba como lobista con un salario de más de 215.000 dólares anuales, la colocó en licencia administrativa.
El acuerdo con la fiscalía y la restitución exigida
Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró un cargo adicional de hurto mayor y dos cargos de fraude organizado La cubanoamericana deberá restituir al distrito la cantidad exacta de 101.109 dólares, con pagos mínimos mensuales de 500 dólares que comenzarán 60 días después de su liberación.
Ante el tribunal, Navarro tomó la palabra para dirigirse directamente a los afectados por su conducta: “Quiero comenzar disculpándome con los niños de las escuelas públicas de Miami-Dade”, dijo, antes de agregar que asumía plena responsabilidad por sus actos y que esperaba poder reparar el daño causado a su comunidad.
La respuesta del distrito y el impacto institucional
Miami-Dade County Public Schools señaló que fue el propio distrito el que identificó las discrepancias en los registros de la tarjeta y proporcionó la información que desencadenó la investigación y condujo a la resolución legal del caso.
Las autoridades escolares explicaron que la irregularidad salió a la luz cuando la cubanoamericana renunció sin reconciliar los cargos de su tarjeta, un trámite obligatorio para todos los funcionarios que disponen de ese instrumento.
El caso derivó en la implementación de nuevas políticas dentro del distrito escolar relacionadas con el uso de tarjetas institucionales y la capacitación obligatoria de los miembros de la junta
La fiscalía y el mensaje sobre la corrupción pública
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, emitió un comunicado tras la declaración de culpabilidad en el que subrayó que los funcionarios públicos ocupan posiciones de autoridad y confianza para garantizar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad, no para utilizar los recursos públicos en beneficio propio.
Fernández Rundle agradeció además el trabajo del inspector general y su equipo de investigación, y afirmó que el caso envía un mensaje claro: quienes roban al público enfrentarán consecuencias.
La condena de libertad condicional de Navarro podría concluir antes de lo previsto si cumple con las condiciones de buena conducta, y la prohibición de postularse a cargos públicos rige solo durante ese período.