El Régimen que Destruyó la Economía Cubana Ahora Pide Ayuda a los que Expulsó
El régimen cubano estudia permitir que los cubanos residentes en el exterior inviertan directamente en negocios privados dentro de la Isla. La medida, de concretarse, se sumaría al recientemente publicado Decreto-Ley 114/2025, que autoriza la creación de “sociedades de responsabilidad limitada mixtas” entre empresas estatales y privadas. Desde La Habana, ambas iniciativas se presentan como reformas históricas, como señales de apertura, como gestos de modernización.
No se dejen engañar. Lo que el régimen llama “giro histórico” es, en realidad, la capitulación táctica de un sistema que lleva sesenta y cinco años destruyendo sistemáticamente todo lo que ahora dice querer construir.
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Una historia de destrucción documentada (1959–2026)
Para entender lo que está ocurriendo hoy, hay que recordar lo que ocurrió ayer. Y el día anterior. Y el de antes.
En 1959, tras el triunfo “revolucionario”, el dictador de Fidel Castro inició una de las operaciones de confiscación más agresivas del hemisferio occidental. La Ley de Reforma Agraria abolió los latifundios y transfirió la tierra al Estado. En julio de 1960 se modificó la Constitución para permitir expropiaciones sin sentencia judicial. Las leyes 890 y 891 de octubre de ese mismo año liquidaron las principales industrias, compañías extranjeras, grandes empresas cubanas y todos los bancos. En 1961, la Ley 989 confiscó los bienes de los cubanos que se atrevieran a abandonar el país.
No quedó nada. La empresa privada fue borrada del mapa.
Pero si alguien pensaba que lo peor había pasado, el régimen tenía más. En marzo de 1968, Castro lanzó la llamada “Ofensiva Revolucionaria“: en cuestión de semanas, entre 55.000 y 58.000 pequeños negocios —bodegas, carnicerías, talleres, barberías, restaurantes, bares— fueron confiscados sin ninguna compensación. Los propietarios pudieron retirar apenas 200 pesos de sus cuentas bancarias. Todo lo demás pasó a manos del Estado y de los Comités de Defensa de la Revolución, organizaciones sin ninguna experiencia empresarial. Fue el golpe de gracia a lo poco que quedaba del comercio urbano cubano.
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El ciclo eterno: abrir, cerrar, volver a abrir
Lo que vino después sigue un patrón que se repite con una regularidad casi mecánica: crisis económica, apertura limitada, recuperación parcial, retroceso autoritario, nueva crisis.
En los años setenta, Cuba adoptó un sistema de gestión de inspiración soviética y permitió mercados campesinos y ferias artesanales. La economía mejoró. Entonces, en 1986, Fidel Castro lanzó la campaña de “rectificación de errores y tendencias negativas”: abolió los mercados campesinos, desmanteló los mecanismos de mercado y restringió severamente el trabajo por cuenta propia. Cuba entró al Período Especial prácticamente sin redes de abastecimiento.
Con el colapso soviético y la catástrofe económica de los noventa, el régimen volvió a ceder. En 1993 se legalizó el trabajo por cuenta propia. En meses, 70.000 cubanos tenían licencias. Pero para 1994 ya llegaban las multas, las redadas por “enriquecimiento ilícito” y los impuestos de hasta el 50%. El número de cuentapropistas quedó estancado alrededor de 150.000 durante años.
En 2004, en pleno repunte del sector privado, el gobierno decidió cerrar el grifo: dejó de otorgar nuevas licencias para 40 de las 157 actividades autorizadas y las existentes se volvieron intransferibles. Taxis, casas de hospedaje, mecánicos: cerrados para nuevos emprendedores. El resultado fue más economía informal y precios más altos.
Raúl Castro, al asumir la “presidencia” en 2008, repitió el ciclo: anunció 500.000 despidos estatales, prometió 250.000 nuevas licencias, autorizó contratar trabajadores. Pero con impuestos de hasta el 40% y un control administrativo asfixiante, la expansión fue limitada.
En 2021, el régimen legalizó las micro, pequeñas y medianas empresas —las mipymes— como si fuera un avance revolucionario. Tenía 60 años de retraso. Y, como era de esperar, la legalización vino acompañada de una lista de 124 actividades prohibidas, restricciones para importar y exportar, y la necesidad de aprobación ministerial para cada paso. En 2024, el paquete de decretos de agosto volvió a endurecer las reglas: más actividades prohibidas, multas severas, cierre de licencias de comercio mayorista para miles de mipymes. El número de actividades vetadas subió de 112 a 125.
Seis décadas. El mismo ciclo. Una y otra vez.
Lo que el Canciller cubano rechazó en 2012 y hoy necesita desesperadamente
Hay una fecha en que merece detenernos. En 2012, Cuban Americans for Engagement (CAFE), una organización a la que el exilio cubano acusa de ser pro-castrista, celebró una reunión en la misión diplomática de Cuba ante las Naciones Unidas. Participaron funcionarios del régimen cubano y el propio Canciller Bruno Rodríguez. CAFE llegó con propuestas moderadas, razonables, formuladas con el tono más cauteloso posible.
Una de ellas era exactamente lo que el régimen anuncia hoy: abrir el mercado de la iniciativa privada, especialmente en la pequeña y mediana empresa, a cubanos residentes en el exterior.
Bruno Rodríguez dijo que no. A esa propuesta y a todas las demás. Cada punto fue rechazado. También la petición de ajustar las prácticas migratorias a estándares internacionales, la propuesta de crear comisiones de reconciliación y la solicitud de eliminar “prejuicios, trabas y paranoias” que impedían el intercambio cultural entre emigrados y cubanos en la Isla.
Han pasado catorce años. El Canciller cambió. La crisis empeoró. Y ahora el régimen anuncia exactamente lo que entonces consideró inaceptable. No porque haya cambiado su manera de ver a los cubanos. Sino porque ya no le queda otra.
Decreto-Ley 114/2025: la trampa disfrazada de apertura para cubanos en el exterior
Junto con la posible medida sobre la inversión de la diáspora, el “gobierno” cubano acaba de publicar el Decreto-Ley 114/2025, que permite la creación de “sociedades de responsabilidad limitada mixtas” entre empresas estatales y privadas. El régimen lo presenta como otro “giro histórico”. Los analistas lo describen de otra manera: una herramienta para que el Estado se trague las empresas privadas exitosas.
Y no es exageración. El decreto permite que el Estado adquiera participaciones mayoritarias en empresas privadas o las absorba directamente. Las mipymes privadas “exitosas” pueden terminar siendo engullidas por empresas estatales ineficientes. Pero no al revés: ninguna empresa privada puede absorber al aparato estatal. Cualquier sociedad mixta, adquisición o contrato importante requiere la aprobación explícita del Ministerio de Economía y Planificación. Salud, educación y defensa siguen siendo monopolio exclusivo del Estado.
Es, en palabras precisas, una “asociación tutelada”. No una colaboración entre iguales.
Esto ocurre, además, en un contexto en el que el sector privado ya superó al estatal en ventas minoristas —el 55% del comercio total en 2025— y representaba cerca del 15% del PIB. El régimen no lidera esta apertura. Reacciona ante una realidad que ya no puede controlar.
Lo que para los cubanos parece novedad, para el mundo debería ser una vergüenza
La posible medida sobre inversión de la diáspora genera expectativas comprensibles entre los emigrados. Muchos llevan años enviando remesas a sus familias y podrían ver en esto una oportunidad para invertir en negocios familiares o proyectos propios. Es humano. Es legítimo.
Pero para el resto del mundo, la pregunta debería ser profundamente incómoda: ¿cómo es posible que durante décadas cualquier empresario extranjero —español, canadiense, chino, ruso— haya podido invertir libremente en Cuba, mientras que un cubano que vive en Miami o Madrid tenía esa posibilidad vedada por ley en el país donde nació?
La respuesta no tiene vuelta: el capital extranjero era bienvenido porque no tenía raíces en la Isla, no exigía libertades, no representaba una amenaza política. El cubano que emigró, prosperó y regresó con dólares era peligroso precisamente porque tenía voz, memoria e independencia. El régimen prefirió el capital de extraños al de sus propios hijos.
A los gobiernos, empresas e instituciones que durante años han tendido la mano a La Habana sin exigir ningún cambio a cambio, les corresponde una reflexión: financiar una dictadura que le niega a sus ciudadanos lo que cualquier extranjero tiene permitido no es cooperación internacional. Es complicidad.
Sin garantías, la apertura es otra trampa
Los analistas advierten que el impacto real de cualquier reforma sobre inversión de la diáspora dependerá de algo que el régimen cubano nunca ha garantizado de manera creíble: seguridad jurídica. En un país donde el Estado puede expropiar a voluntad, donde no existe independencia judicial, donde las reglas cambian por decreto de un día para otro y donde miles de mipymes han sido cerradas arbitrariamente entre 2022 y 2024, invertir seguirá siendo un acto de fe enormemente arriesgado.
La historia lo confirma punto por punto. Cada apertura en Cuba ha estado seguida de un retroceso. Cada promesa ha venido con letra pequeña. Cada “giro histórico” ha terminado reforzando el control estatal sobre la economía.
El gobierno cubano no ha publicado aún los detalles oficiales de la propuesta sobre la diáspora. Mantiene el suspenso. Administra las expectativas. Como siempre.
Sesenta y cinco años después, el verdugo pide ayuda a sus víctimas
Cuba no necesita que el mundo la ayude a sobrevivir como dictadura. Cuba necesita libertad. Necesita que sus hijos puedan regresar, invertir, construir y vivir sin pedirle permiso a ningún ministerio, sin temer una confiscación, sin esperar que un inspector decida si su negocio puede existir o no.
Lo que el régimen ofrece hoy —tarde, a regañadientes y al borde del colapso— es una migaja de lo que siempre debió ser un derecho. La cronología es inapelable: 1959, expropiaciones masivas; 1968, fin del pequeño comercio; 1986, abolición de los mercados; 2004, cierre de licencias; 2024, nuevas restricciones y más actividades prohibidas.
Y en medio de todo eso, en 2012, el Canciller cubano mirando a la cara a cubanos que pedían lo mínimo y diciéndoles que no.
Una dictadura que necesita sesenta y siete años para “descubrir” que los cubanos también pueden invertir en su propio país no merece crédito, ni aplausos, ni narrativas de “apertura histórica”.
