La delincuencia en Cuba sigue incrementándose y el régimen, en lugar de ponerle freno, se convierte en cómplice de una ola de criminalidad que desangra al ciudadano común.
Mientras la cúpula dictatorial se atrinchera tras muros de privilegios y escoltas, el cubano de a pie sobrevive en un estado de indefensión absoluta.
La impunidad que reina en Cuba
El caso de Yanet Pérez constituye la radiografía exacta de este naufragio institucional. Su vivienda, ubicada en el Pueblo La Gallega, municipio de Guanabacoa, sufrió un asalto a plena luz del día. Un domingo por la mañana, mientras ella no estaba en su hogar, los delincuentes desvalijaron su propiedad.
Entre los objetos sustraídos figuran una planta eléctrica, una planta de combustible, ropa y diversos enseres electrónicos, un botín que evidencia la miseria moral de quienes hoy campan a sus anchas por las calles de la isla.
Sin embargo, lo que eleva este suceso a la categoría de escándalo es la desidia de las fuerzas represivas. La víctima, lejos de resignarse, realizó una investigación exhaustiva por cuenta propia. Entregó a la policía de Guanabacoa, en menos de una hora tras presentar la denuncia, todos los detalles sobre el vehículo utilizado por los asaltantes.
La información incluía la chapa B228407, el color blanco, la marca JAC y, lo que resulta más perturbador, la vinculación directa con el aparato estatal. El vehículo pertenece a la Empresa de Dirección e Investigación de Proyectos Hidráulica, con sede en Virtudes 680 esquina Belascoaín, en pleno corazón de Centro Habana.
La complicidad y el silencio policial
Esta revelación destapa una verdad incómoda: la delincuencia en Cuba muchas veces se ejecuta desde las propias entrañas del castrismo. El uso de un recurso oficial para perpetrar un robo demuestra que la línea entre el funcionario público y el malhechor se borró hace tiempo bajo el amparo de un sistema corrupto.
A pesar de tener el plato servido en la mesa, los agentes del régimen mantienen una parálisis sospechosa. “Aún no me dan ni el número de denuncia”, lamentó Yanet, evidenciando que la policía solo está activa cuando se trata de perseguir disidentes, pero es inútil frente a los delincuentes comunes.
La frustración de la afectada alcanzó su punto máximo al cuestionar la eficiencia del cuerpo policial: “¿Díganme si me tengo que aparecer yo allí y hacer su trabajo y más?”. Esta pregunta, más que una duda, constituye una sentencia contra un Ministerio del Interior que perdió cualquier rastro de legitimidad.
La creciente delincuencia en Cuba es el resultado lógico de una dictadura que desmanteló el Estado de derecho para entronizar el caos y la supervivencia del más fuerte.
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El desamparo del ciudadano frente al régimen
Yanet Pérez confesó que su denuncia en las redes sociales respondía a un instinto de autocontrol ciudadano: “Como persona estudiada que soy, no quiero tomar justicia por mano propia”. Ese es el peligro real que enfrenta el castrismo: ciudadanos hastiados que comprenden que el aparato judicial está diseñado para proteger al verdugo y no a la víctima.
Es evidente que la delincuencia en Cuba funciona como una válvula de escape para una dictadura que no sabe cómo gestionar el desastre económico que ella misma provocó. Mientras se distraen vigilando activistas, los criminales saquean las casas de los trabajadores utilizando camionetas estatales sin que nadie rinda cuentas.
Es un círculo vicioso de impunidad. La delincuencia en Cuba se institucionalizó bajo el beneplácito de quienes portan un uniforme pero carecen de honor.
La situación en Guanabacoa es solo el reflejo de un país que se desmorona. La impunidad de los ladrones que operan con vehículos oficiales confirma que el ciudadano vive bajo un régimen que protege a los suyos, sin importar el daño causado al prójimo.
Mientras la delincuencia en Cuba continúe siendo una herramienta de control, el cubano seguirá atrapado en un sistema que le roba el presente y le secuestra el futuro.