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Yoani Sánchez denunció deportaciones de cubanos en La Habana tras su arresto del jueves: según contó, la mayoría de los presos que vio en el calabozo eran «ilegales» en la capital, personas de otras provincias sin dirección habanera en el carné que la policía devuelve por la fuerza a su lugar de origen.
La directora del diario digital 14ymedio fue arrestada el 5 de noviembre al salir de su casa en Nuevo Vedado, una detención que Cubanos por el Mundo reportó ese mismo día. Tres hombres vestidos de civil que, según ella, nunca se identificaron la subieron a una patrulla y la llevaron a la Cuarta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en la calle Infanta, municipio Cerro. Salió casi nueve horas después y al día siguiente contó en un video lo que había visto adentro.
El presentador de Cubanos por el Mundo, Alex Otaola, retomó ese testimonio el viernes en su programa Hola! Ota-Ola y lo puso frente a la propaganda del régimen contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
«Ilegales» y «deportación», las palabras del calabozo
Sánchez aseguró que «la mayoría de los detenidos en esa estación policial estaban allí por ser ilegales en La Habana». El mecanismo, según lo describió, es sencillo: un policía detiene a alguien en la calle, le pide el carné y, si la dirección no es de la capital, lo arresta y lo manda de vuelta a su provincia.
Dijo que en el calabozo las palabras que más se repetían eran «ilegales» y «deportación». Habló de una ofensiva que alcanza todos los barrios de la ciudad, con jóvenes y personas de cualquier edad retenidas durante horas antes del traslado forzoso, y la calificó de «discriminación por origen provincial».
Entre los detenidos, contó, había padres que dejaron a los niños encargados con otra gente y personas que guardaban todo lo que tienen en una casa de La Habana. También describió arrestos de personas que simplemente estaban en un municipio habanero distinto al que figura en su carné.
Una policía que se paraliza ante la Seguridad del Estado
La periodista dedicó parte de su relato a la relación entre la PNR y la policía política. Bastaba, según ella, con que un hombre vestido de civil enseñara su credencial de la Seguridad del Estado para que los agentes uniformados se quedaran inmóviles. «La seguridad del Estado es el verdadero poder en este país», afirmó.
Sánchez dijo que exigió presentar una denuncia por secuestro contra quienes la detuvieron sin identificarse. La respuesta, siempre según su testimonio, fue encerrarla en un calabozo.
El viernes, la propia periodista informó en X de un operativo de la policía política en los bajos de su edificio para impedirle salir. Un día antes, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) había exigido su liberación y enmarcó el arresto en una campaña más amplia contra la prensa independiente, en una semana en la que también pasaron horas detenidos los periodistas Adelth Bonne Gamboa y Camila Acosta. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por su parte, documentó 387 acciones represivas en octubre.
Un decreto de 1997 que convierte en «ilegales» a cubanos en su propio país
Las deportaciones de cubanos en La Habana que describió Sánchez se apoyan en una norma de hace casi tres décadas. El Decreto 217, firmado en abril de 1997, estableció las «Regulaciones migratorias internas para la Ciudad de La Habana»: quien llega de otra provincia necesita autorización para domiciliarse en la capital, y quien no la tiene se expone a multas y a ser devuelto a su lugar de origen. Una modificación de 2011 abrió excepciones, pero el control sigue en pie.
Human Rights Watch ha documentado que el Gobierno cubano usa ese decreto para limitar la libertad de movimiento dentro de la isla e incluso para hostigar a disidentes que viajan a la capital.
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La prensa oficial lo reconoció pocos días antes del arresto de Sánchez. El 1 de noviembre, el periódico Tribuna de La Habana informó de un operativo del Ministerio del Interior en todos los consejos populares de San Miguel del Padrón que terminó con 71 personas conducidas a la unidad de la PNR del municipio. Junto a casos de drogas, prostitución y multas sin pagar, la lista oficial incluía «personas indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada». La nota no precisó cuántos detenidos correspondían a cada motivo.
Otaola: «ilegales dentro de su propio país»
Para Otaola, el testimonio retrata a un régimen que trata como forasteros a sus propios ciudadanos. «Ilegales dentro de su propio país», resumió tras escuchar a la periodista.
El presentador comparó esa realidad con la de los inmigrantes arrestados en Estados Unidos. Allí, argumentó, una familia puede consultar la base de datos de ICE y enterarse de si su pariente sigue preso, ya fue deportado, quedó libre o salió bajo fianza. En Cuba, dijo, los familiares de un preso pueden pasar meses sin saber en qué cárcel lo tienen, hasta que las autoridades deciden decírselo. ICE mantiene un localizador público en línea con el que familiares y abogados pueden ubicar a las personas bajo su custodia.
Otaola también se dirigió al canciller Bruno Rodríguez Parrilla. El 7 de julio, en una sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo estadounidense, el ministro respondió al embajador estadounidense Mike Waltz y mostró fotografías de operativos de ICE, entre ellas la de un niño de cinco años, y sostuvo que en Cuba no se encontraría una imagen similar de represión violenta contra manifestantes, según el texto de su intervención difundido por la prensa oficial.
En Estados Unidos, recordó el presentador, nadie deporta a un ciudadano de Ohio por vivir en Florida.
La novela del deportado
Otaola mostró además una escena que presentó como parte de un dramatizado de la televisión cubana. En ella, a un hombre devuelto desde Estados Unidos le cuentan que no es el único: a un conocido lo mandaron de regreso con toda su familia después de que vendieran todo, y los suyos lamentan haber hecho lo mismo para que él pudiera irse.
Según Otaola, ese es el nuevo mensaje de los dramatizados cubanos: un Estados Unidos cruel que expulsa a quien lo arriesgó todo. A su juicio, nadie le pidió a esa gente que vendiera lo que tenía; muchos toman esas decisiones por su cuenta y, si les sale mal, culpan al país que no los aceptó. Y le reprochó al régimen que, mientras deporta a cubanos dentro de la isla, tenga «el descaro de hacer este tipo de contenido».
Cerró con una idea sobre la policía que retuvo a Sánchez y a los detenidos que ella vio: no protege a nadie, sea crítico del régimen o fiel a él. «La policía cubana no está para proteger al pueblo cubano», dijo.
Lo que se sabe de las deportaciones de cubanos en La Habana
- Yoani Sánchez fue detenida el jueves 5 de noviembre en La Habana y pasó casi nueve horas en la Cuarta Estación de la PNR, en el Cerro.
- El viernes 6 denunció deportaciones de cubanos en La Habana: personas de otras provincias detenidas por no tener dirección en la capital y enviadas de vuelta a su lugar de origen.
- Ese mismo día informó de un operativo policial frente a su edificio para impedirle salir.
- El Decreto 217 de 1997 exige autorización para residir en La Habana a quienes llegan de otras provincias.
- La prensa oficial admitió el 1 de noviembre detenciones de «ilegales en la capital» en un operativo con 71 detenidos en San Miguel del Padrón.
- No hay cifras oficiales de cuántas personas han sido devueltas a sus provincias en esta ofensiva.
¿Usted o alguien de su familia ha sido detenido o devuelto a su provincia por no tener dirección en La Habana? Puede contar su caso a la redacción de Cubanos por el Mundo a través de nuestro formulario de denuncias.
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