El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez ofreció esta semana, en el marco de la 56ª Asamblea de la OEA, a su país como sede para “facilitar un diálogo con el régimen castrista y Estados Unidos basado en igualdad y respeto mutuo”. El gesto viene envuelto en el lenguaje habitual de la diplomacia —”promover el entendimiento”, “soluciones graduales”, “coexistencia pacífica”— y por eso suena bien. Pero desde esta tribuna, que es la de los cubanos del exilio y de la diáspora regada por el mundo, tenemos la obligación de decir lo que esa retórica esconde: no hay igualdad posible entre un pueblo secuestrado y quienes lo secuestran, y no hay respeto que ganar para un régimen que en casi siete décadas no ha hecho otra cosa que reprimir, empobrecer y robar.
¿Diálogo con el régimen castrista? La complicidad con nombre y apellido
Conviene mirar el expediente reciente del propio canciller, porque revela que no estamos ante un mediador neutral, sino ante un funcionario que ha venido tejiendo cercanía con La Habana. El 28 de marzo, Martínez-Acha viajó a Cuba en visita oficial “para fortalecer las relaciones bilaterales” y fue recibido por el canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Partido Comunista. El órgano oficial del Partido, Granma, celebró que “Cuba y Panamá fortalecen sus agendas bilaterales y de cooperación“. Y mientras tanto, frente al encarcelamiento de sus propios ciudadanos, Panamá optó por apelar al “silencio diplomático” y al “respeto al Estado de derecho” cubano.
¿Respeto al Estado de derecho de una dictadura que encarcela por pintar consignas? Ahí está el problema de fondo. Quien estrecha la mano del represor, posa para la foto de la “cooperación”, guarda silencio ante el atropello y luego se ofrece como “facilitador”, no es un árbitro imparcial: es parte del andamiaje internacional que mantiene a flote a la tiranía. La complicidad no siempre grita; a veces se disfraza de prudencia y de buenos modales.
La prueba está en la propia noticia: presos por escribir “Abajo la tiranía”
No hace falta ir a la historia lejana para entender con quién se pretende dialogar. La misma información lo confirma: un grupo de panameños —“eran 20, pero 10 salieron”, según reveló la propia diplomacia panameña— fue detenido el 28 de febrero, y siete permanecen presos en la isla tras la liberación de tres mujeres. ¿El delito? Hacer pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y un mensaje de confianza en autoridades estadounidenses. Por escribir consignas en una pared enfrentan hasta ocho años de cárcel bajo el cargo de “propaganda contra el orden constitucional”.
Ese cargo es la confesión jurídica del sistema. Un Estado que castiga con ocho años de prisión la palabra “tiranía” pintada en un muro está admitiendo, por su propia ley, que es exactamente eso: una tiranía. El “orden constitucional” que protege con la cárcel es el de una Constitución que consagra al Partido Comunista como “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” y prohíbe de hecho cualquier alternativa. No defiende una democracia: blinda un monopolio del poder. A ese aparato es al que se le ofrece una silla “en igualdad y respeto mutuo”.
Sesenta y siete años, recursos ilimitados y nada que mostrar salvo ruinas
A los defensores del “diálogo” hay que recordarles un dato que el castrismo siempre quiere borrar: este régimen ha tenido todo el tiempo del mundo y todos los recursos imaginables, y los desperdició. No estamos ante un gobierno joven al que le faltó oportunidad. Hablamos de 67 años en el poder —el experimento totalitario más largo del hemisferio occidental— con poder absoluto, sin oposición legal, sin prensa libre que lo fiscalizara y sin elecciones que lo obligaran a rendir cuentas.
Y no le faltaron recursos. Durante tres décadas Cuba fue miembro pleno del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), el bloque económico soviético, del que recibió subsidios colosales: petróleo soviético a precios preferenciales que luego La Habana reexportaba, créditos blandos perpetuamente impagados, azúcar comprada muy por encima del precio mundial, maquinaria, tecnología y asistencia técnica de todo el bloque del Este. Por la isla pasó una marea de miles de millones de dólares en ayuda. Después vino el maná venezolano: el petróleo de Chávez y Maduro, otra inyección descomunal que volvió a llegar y a evaporarse.
¿Dónde está todo aquello? Esa es la pregunta que ningún “facilitador” de diálogos formula. Porque la respuesta es demoledora: se desperdició, se gastó mal, se robó. Lo que debió convertirse en industria, vivienda digna, hospitales que funcionen y comida en la mesa, se evaporó en la incompetencia ideológica, en proyectos faraónicos fracasados y, sobre todo, en la corrupción de una élite que vive como una clase privilegiada mientras el cubano de a pie hace colas de horas por un pan. La nomenclatura castrista convirtió un país que en 1958 figuraba entre los más prósperos de América Latina en una ruina con apagones, desabastecimiento y un éxodo masivo. No fue el “bloqueo”: fue el saqueo.
El dinero del pueblo cubano financió el terror en tres continentes
Pero el capítulo más imperdonable no es solo el despilfarro interno. Es el destino que el régimen dio a recursos que pertenecían al pueblo cubano: financiar la subversión, la guerrilla y el terror fuera de sus fronteras. Mientras los cubanos pasaban hambre, La Habana se permitió ser una potencia exportadora de revolución.
Exportó guerrilla a América Latina, sembrando focos armados de México a la Patagonia. Mandó decenas de miles de soldados a las guerras de África —Angola, Etiopía y más— en aventuras militares que costaron vidas cubanas y fortunas que nunca se rindieron a cuenta de nadie. Entrenó, armó y dio refugio a grupos insurgentes y a terroristas de medio mundo, y sostuvo durante décadas una red de injerencia que desestabilizó democracias vecinas. Ese activismo armado, pagado con el sudor y el subsidio que debieron servir para levantar a Cuba, es parte esencial de la hoja de servicios de un régimen que pide ahora que se le trate “de igual a igual”. Un Estado que dedicó los recursos de su pueblo a alimentar conflictos ajenos no tiene autoridad moral para sentarse como interlocutor respetable de nadie.
Con tiranos no se negocia: la advertencia de Otaola
El exilio lo ha dicho con claridad meridiana. Como recordó Alex Otaola, en declaraciones recogidas por este medio: “La dictadura cubana ha cometido crímenes de lesa humanidad durante estos 67 años (…) Son crímenes de lesa humanidad que no prescriben (…) no se puede negociar con los tiranos, los que han oprimido a su pueblo, que se han burlado todo el tiempo de medidas restrictivas y también de administraciones anteriores que con buena voluntad han tratado de buscar un acercamiento”.
Esa es la lección que los “facilitadores” se niegan a aprender: cada gesto de buena voluntad ha sido devuelto con más represión y más burla. Por eso Otaola ha sido tajante en que la salida no pasa por pactar con los verdugos, sino por la gente: “la única opción es el pueblo cubano en las calles y el apoyo incondicional del escenario internacional”. Y ha resumido el horizonte que de verdad importa: “abogamos porque la dictadura sea removida del poder por el pueblo”, no por un cambio fraude que deje intactas las estructuras represivas a cambio de concesiones mínimas. Con comunistas, ha repetido el exilio una y otra vez, no se dialoga.
Por qué el “diálogo” siempre termina siendo oxígeno para la dictadura
El castrismo es maestro en convertir cada negociación en respiro. Cada ronda de conversaciones de Estado a Estado le entrega normalización, fotografías de igual a igual con democracias y alivio económico, sin que nada cambie puertas adentro. El acercamiento de la década pasada lo demostró: las concesiones no se tradujeron en apertura política ni en libertad duradera para los presos, sino en aire para un aparato que, pasada la coyuntura, recrudeció la represión. Para una dictadura, “respeto mutuo” significa que se respete su derecho a seguir reprimiendo dentro a cambio de buena conducta diplomática fuera.
Y el ausente de siempre en esa mesa es el cubano de a pie: el preso del 11 de julio de 2021 que aún cumple condenas de hasta veinte años, la Dama de Blanco, el periodista independiente, el joven que se lanza al mar. A ellos nunca los sientan a negociar. Hablar de diálogo por encima de ellos es, precisamente, desconocer y pisotear su voluntad: la de un pueblo silenciado, aplastado y avasallado por el régimen y por sus cómplices internacionales.
La incoherencia que el propio canciller no resuelve
El mismo Martínez-Acha ofrece, sin querer, el argumento que desmonta su propuesta. En esa comparecencia reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y sostuvo que “para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas”. Es la doctrina correcta. El problema es que se aplica a Caracas y se suspende ante La Habana.
Si la condición para Venezuela es un gobierno respaldado en las urnas, ¿por qué Cuba —que no celebra elecciones libres y multipartidistas desde antes de 1959— merece el trato de par soberano? La vara con que se mide a Maduro no puede acortarse cuando llega a Díaz-Canel, el funcionario designado a dedo por una gerontocracia que jamás se sometió al voto. Exigir urnas en Venezuela y, a la vez, ofrecer estatus de interlocutor legítimo a Cuba es premiar al régimen castrista con lo único que necesita y no merece: reconocimiento.
Lo que de verdad debería ofrecer la región
Si Panamá y la OEA quieren ser útiles —y tienen el escenario para serlo, justo cuando la Asamblea sesiona bajo el lema del multilateralismo y la democracia— el ofrecimiento debe reformularse. No facilitar un diálogo entre el régimen y Washington, sino impulsar, con la misma firmeza que se exige para Venezuela, una hoja de ruta hacia elecciones libres en Cuba: liberación de todos los presos políticos como gesto inicial e innegociable, legalización de partidos y prensa independiente, registro electoral verificable, observación internacional y participación plena de la oposición y de la diáspora.
Esa es la única “solución gradual” que conduce a la estabilidad real: no la que perpetúa al que reprime y saquea, sino la que devuelve la soberanía a su único dueño legítimo, el pueblo. Después de 67 años, miles de oportunidades malgastadas y recursos incalculables robados o gastados en el terror ajeno, el régimen no merece otra mesa: merece que se le exija lo que nunca ha permitido. Mientras un cubano pueda ir ocho años a prisión por escribir “Abajo la tiranía” en una pared, no hay igualdad que valga. Hay un carcelero y hay un pueblo. Y al pueblo no se le dialoga por encima: se le escucha en las urnas.