El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una carta de advertencia a una empresa extranjera no identificada por su presunta participación en el tráfico de propiedades confiscadas en Cuba, en una nueva escalada de la presión diplomática y económica de la administración del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.
La advertencia, difundida a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado, señala que los altos directivos de la compañía podrían quedar sujetos a restricciones migratorias conforme a la legislación vigente. El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó la postura de la administración al recordar que “una visa es un privilegio, no un derecho”, subrayando el uso de herramientas migratorias como mecanismo de presión diplomática en la política hacia Cuba.
La medida se inscribe en la estrategia del presidente Donald Trump de endurecer las restricciones de visado contra actores extranjeros involucrados en la explotación de bienes expropiados en la isla.
Esta acción se fundamenta en el Título III de la Ley Helms-Burton, promulgada en 1996, que permite a los nacionales estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen cubano después de 1959 demandar ante tribunales de EE.UU. a cualquier entidad que “traffique” con esos bienes. Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos adoptó una interpretación amplia del concepto de “tráfico”, estableciendo que incluye el uso de propiedades confiscadas y la participación en actividades comerciales que se beneficien de ellas, sin que sea necesario demostrar una interferencia directa con un interés patrimonial vigente.
Esta advertencia se suma a una serie de acciones punitivas adoptadas en las últimas semanas. El 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia municipal para operar de la empresa Vanguard Energy, con sede en el área metropolitana de Miami, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible.
La medida fue anunciada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien justificó la revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local argumentando que Miami-Dade “no servirá como base para operaciones vinculadas al régimen cubano” y calificó a la isla como una “dictadura comunista socialista asesina cubana”.
La decisión contra Vanguard Energy se produjo tras las sanciones que el Departamento de Estado impuso a principios de mes contra la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), a la que Washington acusa de poseer activos que fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses años atrás”. Las sanciones contra Cupet, que quedó incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, implican el bloqueo de todas sus propiedades e intereses ubicados en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país.
El endurecimiento de las medidas se enmarca en un paquete más amplio de sanciones recientes de Washington contra el régimen cubano, que incluyen restricciones contra funcionarios del régimen de Miguel Díaz-Canel y la vigencia de órdenes de búsqueda contra antiguos dirigentes vinculados a la familia Castro. La administración Trump intensificó su presión sobre La Habana mediante la Orden Ejecutiva 14404, que refuerza el cerco económico y diplomático.
La advertencia del Departamento de Estado, al no especificar el nombre de la compañía involucrada, deja abierta la posibilidad de que más empresas extranjeras que operan o comercian con bienes expropiados en Cuba enfrenten consecuencias migratorias y legales, en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana que no muestra signos de distensión.
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