Las propiedades confiscadas en Cuba volvieron a ocupar el centro de una importante batalla legal en Estados Unidos después de que la Corte Suprema estadounidense autorizó a Exxon Mobil a continuar una demanda contra empresas estatales cubanas por bienes expropiados durante los primeros años de la revolución encabezada por Fidel Castro.
La decisión representó un nuevo revés para el régimen castrista en los tribunales estadounidenses y reforzó las posibilidades de que ciudadanos y compañías norteamericanas reclamen compensaciones por activos que fueron nacionalizados por la dictadura cubana hace más de seis décadas.
El máximo tribunal resolvió el caso con una votación de 6 magistrados a favor y 3 en contra. Con ese fallo, los jueces revocaron una decisión previa que había protegido a entidades estatales cubanas bajo el principio de inmunidad soberana, permitiéndoles evitar demandas en cortes de Estados Unidos.
La disputa giró en torno a la aplicación de la Ley Helms-Burton de 1996, una normativa aprobada por el Congreso estadounidense para responder a las acciones del régimen cubano y, especialmente, al derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate ocurrido ese mismo año.
Una demanda que supera los mil millones de dólares
La reclamación presentada por Exxon Mobil estuvo vinculada a las propiedades confiscadas en Cuba que pertenecieron a filiales de Standard Oil, empresa que posteriormente se convirtió en la actual Exxon.
Entre los activos expropiados por el régimen comunista figuraron más de un centenar de estaciones de servicio, además de una importante refinería de petróleo ubicada en la isla.
Según determinó la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos en 1969, el valor de esos bienes ascendió a 71,6 millones de dólares. Sin embargo, al sumarse los intereses acumulados durante más de seis décadas, la cifra superaría actualmente los 1.000 millones de dólares.
La magnitud del caso convirtió el litigio en uno de los más relevantes relacionados con las propiedades confiscadas en Cuba, un asunto que continúa generando disputas internacionales desde el triunfo de la mal llamada revolución cubana en 1959.
El alcance de la Ley Helms-Burton
La controversia legal se centró en determinar si la Ley Helms-Burton eliminó las protecciones que normalmente impiden demandar a gobiernos extranjeros o a sus empresas estatales en tribunales estadounidenses.
El Título III de esa legislación permitió a ciudadanos y empresas estadounidenses iniciar acciones judiciales contra personas o entidades que obtengan beneficios de bienes confiscados por el régimen cubano.
Durante más de dos décadas, distintos presidentes estadounidenses suspendieron la aplicación de esa disposición para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyos inversionistas mantenían negocios en Cuba.
Esa situación cambió en 2019 cuando la administración de Donald Trump levantó la suspensión que había estado vigente durante años. Precisamente ese mismo día Exxon Mobil presentó la demanda que ahora recibió el respaldo de la Corte Suprema.
El juez Brett Kavanaugh, quien redactó la opinión mayoritaria del tribunal, afirmó que “tendría poco sentido” que la ley permitiera al presidente decidir si las demandas pueden seguir adelante contra intereses cubanos y al mismo tiempo protegerlos.
Con ese razonamiento, la mayoría de los magistrados concluyó que las empresas estatales cubanas no podían utilizar el argumento de inmunidad soberana para bloquear el proceso judicial.
División entre los magistrados
Aunque la decisión favoreció a Exxon Mobil, no todos los jueces compartieron la misma interpretación.
La jueza Elena Kagan escribió la opinión disidente respaldada por los tres magistrados liberales del tribunal. Según sostuvo, la legislación aprobada en 1996 no incluyó de forma expresa una disposición que eliminara la inmunidad soberana de las entidades estatales extranjeras.
A pesar de esa discrepancia, la mayoría conservadora terminó imponiendo su criterio y permitió que la demanda continúe avanzando en instancias inferiores.
El fallo fue observado con atención por expertos legales debido a que podría influir en numerosos litigios relacionados con las propiedades confiscadas en Cuba, especialmente aquellos presentados después de la activación plena del Título III de la Ley Helms-Burton.
Un precedente para otros reclamantes
La decisión llegó apenas semanas después de otro fallo favorable a propietarios estadounidenses afectados por las nacionalizaciones ejecutadas por la dictadura cubana.
En ese caso, la Corte Suprema permitió que continuara una demanda presentada por una empresa estadounidense que operaba muelles en La Habana contra varias compañías de cruceros que realizaron operaciones turísticas en Cuba durante el período de acercamiento entre Washington y La Habana impulsado por la administración de Barack Obama.
Ambos casos reforzaron las posibilidades de recuperación económica para quienes mantienen reclamaciones pendientes por propiedades confiscadas en Cuba.
Los registros oficiales estadounidenses indican que casi 6.000 personas y empresas presentaron reclamaciones certificadas por bienes expropiados por el régimen cubano. El valor conjunto de esas reclamaciones alcanzó originalmente unos 1.900 millones de dólares, sin contar intereses ni posibles indemnizaciones adicionales.
Mayor presión sobre La Habana
La decisión judicial también podría aumentar la presión económica y política sobre el régimen castrista en un momento especialmente complejo para la isla.
Diversos analistas consideran que el fortalecimiento de las demandas relacionadas con las propiedades confiscadas en Cuba podría dificultar futuras inversiones extranjeras vinculadas a activos nacionalizados y generar nuevos riesgos legales para empresas que operen en sectores controlados por el Estado cubano.
Mientras tanto, Exxon Mobil obtuvo una victoria procesal significativa que le permitirá continuar reclamando compensaciones por bienes que fueron arrebatados durante las nacionalizaciones impulsadas por el dictador Fidel Castro, en una disputa que continúa reflejando las consecuencias económicas y jurídicas de las expropiaciones realizadas por la dictadura cubana hace más de 65 años.