El exjefe del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en el centro de una investigación judicial por supuestas irregularidades vinculadas al rescate estatal concedido a la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El Tribunal Superior de Justicia ordenó este martes el registro de la oficina que el exmandatario posee en Madrid, así como de otros tres inmuebles relacionados con la causa.
Según fuentes judiciales, Zapatero fue citado a declarar el próximo 2 de junio en el marco de un procedimiento que investiga los delitos de tráfico de influencias y otros conexos. La pesquisa se centra en el salvamento de Plus Ultra, que en 2021 recibió 53 millones de euros (aproximadamente 62 millones de dólares) a través del holding público SEPI, bajo el argumento de paliar los efectos de la crisis sanitaria.
El caso tomó un nuevo rumbo a finales del pasado mes de diciembre, cuando se produjeron varias detenciones, entre ellas la del empresario Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, señalado por la instrucción como una pieza clave para esclarecer los vínculos entre la aerolínea y el expresidente. Las pesquisas apuntan a que Zapatero habría ejercido presiones ante el entonces Ministerio de Transportes, liderado por José Luis Ábalos, para lograr la aprobación del rescate.
Otra de las aristas investigadas gira en torno a la empresa Análisis Relevante, propiedad de “Julito”, que supuestamente habría recibido una cantidad equivalente a la que Plus Ultra posteriormente abonó a Zapatero. Además, el conocido empresario Víctor de Aldama, ya implicado en otras tramas de corrupción, ha asegurado ante la Justicia que el expresidente percibió comisiones por valor de 10 millones de euros (unos 12 millones de dólares) en relación con esta operación.
El rescate de Plus Ultra ya generó polémica en su momento, ya que numerosos críticos cuestionaron tanto la viabilidad financiera de la aerolínea como los lazos de sus propietarios con empresarios venezolanos cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Estas conexiones elevaron las dudas sobre la transparencia del proceso y la eventual influencia política indebida.
El tribunal trata ahora de determinar si la ayuda pública se otorgó conforme a la legalidad o si, por el contrario, medió algún tipo de presión irregular. La investigación ha sacudido la escena política española. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró al diario El País: “Nunca antes se había llevado a cabo una investigación seria, ni mucho menos una acusación formal contra un expresidente. Esto es algo sin precedentes que sacudirá al gobierno”.
El Partido Popular, principal formación de la oposición, ha aprovechado la situación para arremeter contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), misma formación que lideró Zapatero. El Ejecutivo de Sánchez ya arrastra otros casos de presunta corrupción que afectan a personas de su entorno cercano, incluidos su esposa y su hermano.
Zapatero, que ocupó La Moncloa entre 2004 y 2011, ha sido tradicionalmente un aliado estratégico de Sánchez, aunque también ha recibido críticas de la oposición por sus vínculos comerciales y políticos con Venezuela tras dejar el poder. Ante una comisión parlamentaria, el exmandatario negó rotundamente haber cometido ninguna irregularidad.
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