En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Ernesto Brieva Sampé, preso político cubano secuestrado por el régimen tras las históricas manifestaciones del 11J de 2021.
La organización Cubalex confirmó que el quebrantamiento total de la salud del manifestante ocurrió bajo custodia de la tiranía castrista. La muerte de este ciudadano en la prisión del Combinado del Este expone de forma descarnada el patrón de abandono, desnutrición y denegación de auxilio médico que el Ministerio del Interior aplica contra la disidencia.
El centro de asesoramiento legal denunció las paupérrimas condiciones de internamiento que deterioraron de forma irreversible el organismo del recluso. Al igual que ocurre con cada preso político cubano que ingresa a las mazmorras de la isla, la víctima sufrió el rigor de un sistema penal diseñado para quebrar la resistencia humana a través del hambre y la desidia.
📢#CubalexDenuncia│ Muerte bajo custodia del preso político del 11J Ernesto Brieva Sempé.
— Cubalex (@CubalexDDHH) May 18, 2026
🚨Cubalex denuncia la muerte bajo custodia del preso político Ernesto Brieva Sempé en la prisión Combinado del Este, en La Habana, durante la madrugada del 12 al 13 de mayo.
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Del estallido social a la condena de muerte encubierta
El vía crucis para este preso político cubano comenzó tras su detención por participar de manera pacífica en las históricas manifestaciones en la Esquina de Toyo, en el municipio Diez de Octubre.
Aunque inicialmente los tribunales controlados por el Partido Comunista dictaron una sanción de cinco años de trabajo correccional sin internamiento, el aparato represivo decidió revocar el beneficio carcelario. Su traslado al penal de máxima seguridad del Combinado del Este se convirtió en una condena de muerte anticipada, dadas las graves patologías renales que arrastraba desde su juventud.
Sus familiares directos, bajo estricto anonimato por temor a las represalias de la policía política, relataron a Martí Noticias la desatención sufrida.
“El padecía de los riñones desde que era casi un muchacho. Cayó en la cárcel, entró en proceso de hemodiálisis y parece que no lo atendieron bien, no se la hacían con la regularidad que requería y murió preso, en el esqueleto y con las piernas hinchadas”.
El informe del régimen frente a la realidad del penal
Según Martí Noticias, el dictamen oficial emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana atribuyó el fallecimiento a un “daño múltiple de órganos”. Sin embargo, el informe de la consultoría jurídica Cubalex reveló una realidad distinta y alarmante: el prisionero presentaba un cuadro de desnutrición severa al momento de su muerte.
La falla multisistémica de sus órganos vitalems derivó de la combinación de una dieta miserable, la falta de agua potable y la interrupción deliberada de sus tratamientos de hemodiálisis.
Las autoridades del penal ignoraron los síntomas evidentes de deterioro, una práctica que la dictadura emplea de manera sistemática para castigar a cualquier preso político cubano que ponga en evidencia la vulnerabilidad del régimen.
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Otro preso político cubano a la lista de víctimas
Con este nuevo deceso, la lista de manifestantes del 11J fallecidos bajo custodia del régimen cubano asciende a seis víctimas desde 2021. El nombre del occiso pasa a engrosar el fatídico registro de manifestantes que perdieron la vida de forma prematura tras las rejas, junto a Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Luis Miguel Oña. Respecto a estos crímenes de Estado, Peña argumentó de manera contundente.
Despliegue de la seguridad del estado en el funeral
El acoso oficial no cesó con el fallecimiento del recluso. Durante las honras fúnebres celebradas en la capital cubana, la Seguridad del Estado desplegó un fuerte operativo de vigilancia que incluyó agentes vestidos de civil y carros patrulleros en los alrededores del cementerio y la funeraria.
El régimen cercó a los familiares para evitar muestras públicas de dolor o denuncias ciudadanas. Este control absoluto demuestra el temor de la cúpula castrista a que las consecuencias del encierro de un preso político cubano desaten la indignación de los vecinos de Arroyo Naranjo, municipio donde residía la víctima antes de ser sepultada bajo un clima de intimidación y absoluto silencio oficial.