La Seguridad del Estado impuso una nueva medida cautelar contra José Ramón Viñas Alonso, dirigente del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, después de interrogarlo por un presunto delito de “desobediencia”.
La decisión restringió sus movimientos, le impidió abandonar el país y lo obligó a comparecer semanalmente ante las autoridades, en otro capítulo del prolongado conflicto entre el régimen castrista y la dirigencia de la masonería cubana.
El interrogatorio ocurrió este martes y estuvo a cargo de un instructor penal perteneciente al Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado. La participación directa de ese órgano represivo llamó particularmente la atención del dirigente masónico, debido a que la disputa que desencadenó las presiones tuvo su origen en diferencias administrativas entre el Ministerio de Justicia (MINJUS) y el Supremo Consejo.
Tras abandonar la estación policial, José Ramón Viñas Alonso explicó públicamente las condiciones que le impusieron.
“Ellos me acaban de poner una cautelar. De mi casa, que no puedo salir, de la provincia, todo lo mismo”, declaró en un video difundido originalmente por CubaNet.
La medida también estableció que José Ramón Viñas Alonso deberá presentarse ante las autoridades todos los miércoles a las 2:00 de la tarde para firmar.
A estas obligaciones se sumó la prohibición de abandonar Cuba, una restricción utilizada reiteradamente por la dictadura cubana contra opositores, activistas, periodistas independientes y otras voces consideradas incómodas por el aparato estatal.
De un conflicto administrativo a la intervención de la Seguridad del Estado
Uno de los elementos centrales del caso radicó precisamente en la naturaleza de la institución gubernamental que intervino. José Ramón Viñas Alonso cuestionó que una controversia relacionada con el funcionamiento interno y el reconocimiento administrativo de una organización masónica terminara bajo la atención de los órganos de Seguridad del Estado.
“No entendemos cómo un litigio administrativo entre el Ministerio de Justicia y el Supremo Consejo se ha convertido en un interés de la Seguridad del Estado”, afirmó José Ramón Viñas Alonso.
El dirigente planteó como posible explicación la relevancia social alcanzada históricamente por la masonería en Cuba. “La única idea que pudiera tener es el prestigio, la convocatoria, la historia que tiene la masonería. Que siempre haya una preocupación al respecto de la institución masonera”, agregó.
La nueva medida no apareció como un episodio aislado. El enfrentamiento entre las autoridades castristas y sectores de la dirigencia masónica acumuló varios capítulos durante los últimos años, mientras el régimen intentó aumentar su influencia sobre una organización que conservó espacios internos de decisión poco habituales dentro del sistema político cubano.
Las presiones se remontaron a las protestas del 11J
Los antecedentes relacionados directamente con José Ramón Viñas Alonso se remontaron al menos a julio de 2021. En aquel momento, la Seguridad del Estado lo citó después de que firmó una carta crítica contra Miguel Díaz-Canel y cuestionó la represión desplegada después de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio.
La tensión aumentó considerablemente cuatro años después. En mayo de 2025, el Ministerio de Justicia intentó colocar a Lázaro Faustino Cuesta Valdés como dirigente interino en sustitución de Viñas. Las autoridades acompañaron aquella maniobra con advertencias sobre la posibilidad de retirar el reconocimiento oficial de la organización y congelar sus fondos.
Posteriormente, el 30 de julio de 2025, las autoridades abrieron procesos penales contra José Ramón Viñas Alonso y el Gran Maestro Juan Alberto Kessel Linares. Días más tarde, agentes de la Seguridad del Estado interrogaron nuevamente a Viñas, aquella vez bajo señalamientos relacionados con un supuesto tráfico de divisas.
Las presiones continuaron durante 2026. El pasado 7 de agosto, masones cubanos protagonizaron una concentración en La Habana para respaldar a su dirigencia ante otro intento de intervención atribuido al Ministerio de Justicia.
La movilización evidenció el rechazo interno a que funcionarios estatales determinaran quién debía conducir una institución cuyas autoridades tradicionalmente se eligieron mediante sus propios mecanismos.
Masones mantienen su reconocimiento a José Ramón Viñas Alonso
El conflicto también abrió una diferencia entre el reconocimiento exigido por las autoridades y el que mantiene una parte de la comunidad masónica. José Ramón Viñas Alonso señaló que el Tribunal Supremo Popular emitió una sentencia utilizada por el Gobierno para desconocerlo formalmente en el cargo, pero sostuvo que dentro de la fraternidad sus hermanos continuaron reconociéndolo.
“Legalmente para ustedes no lo soy y lo asumimos para no desacatar. Pero fraternalmente mis hermanos me reconocen como tal”, expresó.
Viñas insistió, además, en que la definición sobre el futuro de la dirigencia corresponde a las estructuras internas de la masonería y no al aparato gubernamental.
“En septiembre la Alta Cámara valorará, que es la que está frente al Supremo, valorará si hace elecciones o no”, explicó. También recalcó que “todas las decisiones que tomamos del Supremo Consejo son por votaciones”.
Sus declaraciones colocaron nuevamente en primer plano la disputa por la autonomía de una organización civil histórica frente a un sistema político caracterizado por el control estatal sobre asociaciones, instituciones y espacios de participación independientes.