La masonería cubana protagonizó este viernes un nuevo episodio de resistencia frente a la intervención del régimen castrista, luego de que decenas de integrantes de la institución se concentraran en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en La Habana, con el objetivo de respaldar al Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, y rechazar un intento de las autoridades comunistas de sustituirlo por una figura afín al Ministerio de Justicia (MINJUS).
La reunión se desarrolló en medio de un clima de fuerte tensión, después de que representantes del MINJUS acudieran al inmueble con la intención de comunicar una decisión que, según denunciaron los masones presentes, buscó desconocer la voluntad expresada por la organización y modificar de manera unilateral su dirección.
Los asistentes insistieron en que Viñas Alonso continúa siendo la única autoridad legítima del Supremo Consejo, al recordar que su elección se realizó conforme a los estatutos y mecanismos internos de la institución.
En ese sentido, los masones consideraron que cualquier decisión externa representaba una violación de la autonomía histórica que ha caracterizado a la masonería cubana.
De acuerdo con testigos, la directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, Miriam García Mariño, citó al dirigente masónico para las 10:00 de la mañana con el propósito de exigirle la entrega del cargo.
La funcionaria llegó acompañada de otros dos representantes del organismo y comunicó que debía iniciarse el proceso para elegir un nuevo dirigente de la masonería cubana.
Uno de los presentes relató lo ocurrido al medio independiente CubaNet y aseguró que la representante gubernamental evitó ofrecer fundamentos jurídicos para justificar la medida.
“Dijo que no tenía que dar explicaciones, que esa era la decisión del tribunal y que los masones debían respetar las leyes del país”, precisó.
Sin embargo, la posición del Ministerio castrista encontró una respuesta inmediata dentro del recinto de parte de los miembros de la masonería cubana.
El abogado del Supremo Consejo, Roberto Ortega, manifestó que no existía una orden ejecutiva que respaldara la acción emprendida por los funcionarios estatales, por lo que cuestionó la legalidad del procedimiento.
José Ramón Viñas Alonso también pidió explicaciones sobre el origen de la decisión y reclamó conocer el documento que autorizaba la medida, debido a que, según trascendió, ninguno de los asistentes comprendió por qué debía aceptarse una intervención de esa naturaleza.
Otro de los masones presentes describió el ambiente que predominó durante el encuentro.
“Muchos estábamos indignados por eso. Es una intromisión”.
La respuesta colectiva terminó frustrando la gestión impulsada por el Ministerio de Justicia.
Ante el rechazo generalizado, Miriam García Mariño abandonó las instalaciones junto a los demás funcionarios mientras desde el interior del edificio se escuchaban consignas como “Fuera”, “No más injerencia”, “No más intromisiones” y “los masones decidimos lo de los masones”, expresiones que reflejaron la defensa de la independencia institucional por parte de la masonería cubana.
Policía política vigiló el lugar
Mientras el enfrentamiento institucional se desarrolló dentro del Supremo Consejo, en los alrededores del edificio permanecieron desplegados varios agentes de la policía política vestidos de civil.
Según los reportes de quienes acudieron al lugar, estos individuos observaron constantemente el movimiento de los asistentes, en una escena que recordó otros episodios de vigilancia utilizados por la Seguridad del Estado contra organizaciones independientes y sectores críticos del régimen cubano.
La presencia de estos efectivos incrementó la preocupación entre los participantes, quienes interpretaron el operativo como una forma de presión sobre una institución que en los últimos años mantuvo diferencias públicas con las autoridades comunistas.
Intentaban imponer un dirigente no elegido
El conflicto surgió después de que trascendió que las autoridades pretendían colocar de manera interina al frente del Supremo Consejo de la masonería cubana a Lázaro Faustino Cuesta Valdés.
La propuesta provocó rechazo porque, según los masones, Cuesta Valdés nunca recibió el respaldo de la organización mediante un proceso electoral interno y, además, había sido separado anteriormente por decisión de la Alta Cámara del Rito.
Esa circunstancia fortaleció los cuestionamientos hacia la actuación del Ministerio de Justicia, al considerar que intentó desconocer los mecanismos disciplinarios y administrativos establecidos por la propia masonería cubana.
Para numerosos integrantes de la organización, aceptar una designación promovida desde el poder político habría significado abrir la puerta a una intervención directa del Estado en los asuntos internos de una institución que históricamente defendió su autonomía.
Un conflicto que se arrastró durante años
Las fricciones entre el Ministerio de Justicia y la masonería cubana no comenzaron con este episodio.
Durante los últimos años, el régimen castrista intervino en diferentes disputas internas y desconoció decisiones adoptadas por los propios masones, incluyendo procesos disciplinarios y cambios en la dirección de distintas estructuras de la organización.
El actual conflicto también adquirió un componente político debido a la trayectoria reciente de José Ramón Viñas Alonso.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el dirigente masónico cuestionó públicamente la respuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel y criticó la represión desplegada contra los manifestantes, una postura poco habitual entre dirigentes de instituciones legalmente reconocidas en Cuba.
Ese antecedente alimentó las sospechas de numerosos miembros de la masonería cubana, quienes interpretaron las recientes acciones del Ministerio de Justicia como un nuevo intento del régimen de ejercer control sobre espacios que conservaron cierto margen de independencia frente al poder político.
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