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Julián Mazola Beltrán, joven preso político del 11J que hasta hace poco había cumplido su condena, fue devuelto a la cárcel luego de ser arrestado el pasado 9 de octubre en el municipio de San Antonio de los Baños, ubicado en la provincia de Artemisa.
El manifestante, quien pasó cinco años en prisión por participar en las masivas protestas de julio de 2021, enfrenta ahora un nuevo proceso de instrucción penal bajo la medida de privación de libertad según reportó Martí Noticias.
Detalles del arresto y cargos actuales
El operativo contra el ciudadano comenzó cuando este acudió de forma voluntaria a una citación oficial en su localidad natal. Tras presentarse ante los agentes, una patrulla lo condujo de regreso a su inmueble para realizar una requisa técnica en la cual le decomisaron su teléfono celular personal.
Posteriormente, los oficiales ordenaron su traslado temporal hacia el centro de instrucción penal de Guanajay, antes de enviarlo de manera definitiva a las celdas de Cuatro Caminos, donde permanece incomunicado.
La fiscalía local investiga al manifestante por la presunta colocación y pintada de diversos letreros críticos hacia el gobierno en las calles de San Antonio de los Baños. El cargo formal que se le imputa de manera preliminar en los expedientes es el de propaganda contra el orden constitucional.
La hermana del detenido, Yismely Mazola, explicó al medio citado que esta nueva causa judicial se originó a partir de una denuncia de carácter anónimo recibida por la policía.
Según sus declaraciones, el instructor penal del caso mantiene bajo arresto al joven cubano a la espera de que concluyan los análisis forenses aplicados al teléfono incautado.
La familiar directo detalló que si las pruebas técnicas no demuestran su participación en los hechos, las autoridades competentes deberían ordenar su liberación inmediata o dictar una medida cautelar menos severa.
“A Julián lo detuvieron el día 9 de octubre por una acusación anónima. Todavía no lo han revocado, se mantiene en Cuatro Caminos. Hasta que salga la técnica del teléfono. Si no lo prueban, me imagino que se tome otra medida o que lo suelten», dijo.
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Situación de salud y denuncias de activistas
La detención de este preso político cubano provocó una fuerte reacción en los grupos independientes de derechos humanos, los cuales denunciaron las condiciones de su encierro. El director ejecutivo de la organización Centro de Denuncias Defensa CD, Juan Carlos Vargas, manifestó públicamente su preocupación por el rápido deterioro físico que muestra el procesado.
Tras cumplir casi un mes en los calabozos, la familia reportó que el detenido padece constantes desmayos y crisis severas de presión arterial baja.
Vargas señaló además la existencia de una clara contradicción en los argumentos presentados por los cuerpos policiales.
El activista afirmó que, a pesar de que el investigado se encuentra totalmente aislado en el centro penal, han vuelto a aparecer nuevos letreros de protesta en la vía pública de Artemisa.
Ante la gravedad del escenario médico, el representativo de la entidad civil recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección especiales para el joven.
El vocero exigió atención médica urgente, acceso a una alimentación adecuada y la liberación incondicional de este preso político.
«Su atención médica no puede quedar a la espera del resultado de una investigación. Recordemos que Julián es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH. Por eso exigimos a las autoridades de la dictadura cubana atención médica inmediata, alimentación adecuada y, por supuesto, su libertad inmediata e incondicional», manifestó.
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Los antecedentes del 11J
El caso de Julián Mazola Beltrán se suma a la lista de ciudadanos que experimentan consecuencias legales años después de las manifestaciones ocurridas en la isla. La condena original de cinco años de cárcel fue dictada por los tribunales tras las históricas protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021.
Aquellas jornadas de protestas nacionales marcaron un hito social debido a la cantidad de participantes en diversas provincias. Aunque el afectado logró salir de la cárcel tras cumplir la totalidad de la pena impuesta por los jueces, su libertad duró pocas semanas debido a la denuncia anónima.
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