Legisladores republicanos de Florida manifestaron este viernes su respaldo a la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó contra el régimen cubano, calificándola como una herramienta crucial para incrementar la presión sobre La Habana y responder a lo que es una amenaza para la seguridad estadounidense.
El respaldo más enérgico provino del senador Rick Scott, quien vinculó la medida presidencial con su propia iniciativa legislativa contra la isla y pronosticó la caída del régimen comunista cubano.
“Este es un paso ENORME hacia lograr que se rindan cuentas por las atrocidades cometidas por este régimen malvado y mantener seguro al pueblo estadounidense”, escribió Scott en la plataforma X, luego de agradecer a Donald Trump por responder a una carta que el senador le habría enviado la semana pasada solicitando sanciones secundarias.
Scott agregó que la orden ejecutiva incorpora los principios de su proyecto de ley denominado “Democracia”, aunque instó al Congreso a aprobarlo y codificarlo para evitar que administraciones futuras lo reviertan. “La Cuba comunista CAERÁ. NUNCA dejaremos de luchar hasta que TODOS los presos políticos sean liberados y haya LIBERTAD en Cuba”, enfatizó.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar enmarcó la decisión de Trump dentro de una política de “máxima presión” contra La Habana. “La era de mirar hacia otro lado se acabó”, sostuvo la legisladora en X.
Salazar argumentó que el régimen cubano se vinculó históricamente con adversarios de Estados Unidos, incluyendo a Irán, y advirtió sobre el riesgo que esto representa para la seguridad nacional, dada la proximidad geográfica de la isla. “No es especulación. Es una realidad de seguridad nacional a solo 90 millas de nuestras costas”, afirmó.
La congresista elogió al mandatario por actuar en defensa tanto de la seguridad estadounidense como del pueblo cubano. “Él entiende exactamente con qué estamos lidiando y está dispuesto a enfrentarlo”, señaló.
Por su parte, el congresista Carlos Giménez, único miembro del Congreso nacido en Cuba, reaccionó inicialmente en español bajo la etiqueta #SOSCuba, advirtiendo a la dictadura de la isla que “si sigue operando de mala voluntad, vendrán consecuencias mucho más severas”.
Posteriormente, su oficina divulgó un comunicado en el que Giménez sostuvo que las sanciones “son necesarias para atacar su aparato de seguridad: la máquina que encarcela a presos políticos y oprime a su pueblo”. El legislador agregó: “Los días de impunidad se acabaron. La libertad y nuestra seguridad no son negociables”.
La Casa Blanca justificó la orden ejecutiva señalando el supuesto papel de la dictadura cubana como amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
Según un documento informativo, la medida amplía las sanciones existentes, impone restricciones contra personas o entidades vinculadas al aparato de seguridad del régimen cubano, cómplices de corrupción o violadores de derechos humanos, y autoriza sanciones contra instituciones financieras que faciliten transacciones con personas bloqueadas.
El gobierno estadounidense acusó además a La Habana de alinearse con actores hostiles como Irán y Hezbolá, y de facilitar operaciones militares y de inteligencia de adversarios extranjeros.
Desde Cuba, el canciller castrista Bruno Rodríguez rechazó las medidas calificándolas como “ilegales y abusivas”. “Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de EE.UU. se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió Rodríguez en X, vinculando la decisión de Washington con las movilizaciones oficialistas del Primero de Mayo en La Habana.
La orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump autoriza el bloqueo de bienes, la prohibición de transacciones y restricciones migratorias contra personas y entidades vinculadas al régimen cubano, sectores estratégicos de la economía isleña, abusos graves de derechos humanos o actos de corrupción.
La medida no incluye una lista inicial de nombres específicos, sino criterios para futuras designaciones, y permite sancionar también a familiares adultos de personas bloqueadas y a bancos extranjeros que faciliten operaciones con sancionados.
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