La presión política y económica contra el régimen cubano sumó un nuevo capítulo este miércoles con la entrada en vigor de la Ley FIRE Florida, una normativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis que endureció las consecuencias para las empresas establecidas en ese estado que mantengan negocios con Cuba en violación de la legislación federal de Estados Unidos.
La medida también amplió las restricciones dirigidas a otros países considerados de “preocupación”, entre ellos Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.
La legislación, denominada oficialmente Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE), fortaleció el marco legal estatal para combatir lo que las autoridades de Florida calificaron como intentos de influencia de gobiernos extranjeros hostiles sobre las instituciones, la economía y la infraestructura del estado.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva norma consistió en facultar a los gobiernos locales para retirar las licencias comerciales de personas o compañías que desarrollen actividades comerciales con Cuba en violación de las sanciones y regulaciones federales estadounidenses. De esta forma, las empresas no solo podrían afrontar consecuencias a nivel federal, sino también perder la autorización para operar dentro de Florida.
De acuerdo con la descripción oficial del Legislativo floridano, la normativa “amplía y crea una sanción penal para revocar el recibo de impuesto comercial de una persona o entidad que realice negocios con Cuba en violación de la ley federal”, una disposición que refuerza la coordinación entre las autoridades estatales y locales para vigilar este tipo de operaciones.
Endurecimiento de las sanciones
La Ley FIRE Florida también incorporó sanciones penales contra quienes presenten deliberadamente información falsa relacionada con actividades comerciales ilegales vinculadas con Cuba.
Según explicó la oficina del gobernador Ron DeSantis, la normativa creó “sanciones penales por presentar a sabiendas declaraciones falsas relacionadas con actividades comerciales ilegales que involucren a Cuba”.
La administración estatal defendió la iniciativa como parte de una estrategia destinada a impedir que gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos ejerzan influencia dentro del territorio floridano mediante relaciones económicas, políticas o institucionales.
Al promulgar la ley en mayo, DeSantis afirmó que la medida “fortalece las defensas de Florida contra los adversarios extranjeros”, especialmente frente a aquellos que, según sostuvo, están “buscando infiltrarse en el gobierno, la infraestructura crítica, las instituciones públicas y la economía del estado”.
“Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en la Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucren a países de preocupación, tales como Irán y Cuba, así como sanciones por infracciones”, agregó el gobernador republicano tras impulsar la Ley FIRE Florida.
Mayor presión sobre el régimen cubano
La entrada en vigor de la Ley FIRE Florida ocurrió en un contexto de creciente endurecimiento de las acciones impulsadas desde Florida contra actividades comerciales relacionadas con el régimen cubano.
En junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de Vanguard Energy, empresa que proyectó exportar hacia Cuba aproximadamente 250.000 barriles de combustible. Esa decisión se convirtió en uno de los primeros casos de aplicación estricta de la política estatal dirigida a limitar operaciones comerciales con la isla.
Paralelamente, autoridades municipales de ciudades como Miami y Hialeah iniciaron investigaciones sobre cientos de negocios bajo sospecha de mantener vínculos con estructuras relacionadas con el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.
Estas acciones provocaron efectos inmediatos en algunas compañías dedicadas al envío de productos hacia Cuba. Entre ellas figuró EnviosCuba.com, una de las plataformas más utilizadas por la comunidad cubana residente en Estados Unidos para enviar alimentos y otros artículos a familiares en la isla, que anunció la suspensión temporal de sus operaciones semanas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación.
Un escenario de sanciones cada vez más amplio
La nueva legislación estatal coincidió además con un endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.
Desde comienzos de este año, el Gobierno estadounidense ha incrementado las restricciones relacionadas con el suministro de combustibles hacia Cuba y posteriormente ha ampliado las sanciones contra personas y entidades que apoyen al régimen cubano o desarrollen actividades en sectores considerados estratégicos, entre ellos energía, defensa, finanzas y minería.
Con la entrada en vigor de la Ley FIRE Florida, el estado consolidó una de las legislaciones más severas del país contra actividades comerciales vinculadas con Cuba. La normativa fortaleció las herramientas legales disponibles para sancionar a empresas que incumplan las regulaciones federales y amplió el margen de actuación de las autoridades locales, en una decisión que reflejó el endurecimiento de la política de Florida frente al régimen cubano y otros gobiernos considerados adversarios por la administración estatal.
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