El aparato represivo del régimen castrista sumó un nuevo preso político tras las protestas ciudadanas registradas en La Habana Vieja, evidenciando una vez más el uso de la violencia institucional para silenciar el malestar social.
La detención de Walter Junior Blanco Prieto, un joven de 26 años arrestado tras el cacerolazo pacífico del pasado 4 de agosto, sacó a la luz los métodos de amedrentamiento, falsificación de documentos y maltrato físico que emplean las fuerzas del castrismo.
El caso de este preso político fue expuesto públicamente por su madre, Leticia Prieto, con ayuda en redes sociales de Tania Tasé, decidiendo decidió romper el silencio con un desgarrador testimonio sobre el calvario de su hijo: «Llevo días tratando de ordenar mis ideas para escribir estas líneas, pues me es muy difícil ya que además de muchas cosas, la tristeza no me deja».
Maltrato físico durante el arresto y golpiza al preso político en la patrulla
Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba de espaldas junto a su familia, entre ellos una menor de seis años, sin percatarse de la presencia de los efectivos policiales. Un agente lo abordó violentamente para torcerle los brazos y colocarle las esposas de forma desmedida.
Al momento en que el detenido solicitó que le aflojaran las amarras por la falta de aire, la respuesta del oficial reflejó el habitual exceso de autoridad: «el policía le responde, con el tono autoritario que les caracteriza, que no le iba aflojar ni pin.. nada y que se cagaba en la resin.. de su madre».
Ante el reclamo del muchacho, un segundo agente le propinó dos puñetazos en el abdomen para luego ingresarlo a la patrulla, donde fue trasladado con la rodilla de un efectivo presionándole el cuello.
Engaño en la estación y alteración de la declaración
Tras su traslado a la unidad de Dragones, el joven preso político fue sometido a condiciones extremas de privación alimentaria y de descanso. «Lo tuvieron sin comer dos días, sin tomar ni agua y durmiendo en un banco frío», denunció su progenitora al detallar la estrategia utilizada para quebrantar al chico.
Aprovechando su falta de antecedentes y la desesperación por salir en libertad bajo la promesa de una simple multa, un interrogador lo hizo firmar un documento sin permitirle leerlo previa verificación. Al ser trasladado a la unidad de Picota, el detenido descubrió la maniobra del instructor policial: «firmó su declaración sin leer y es ahí cuando el HP que le tomó la declaración pone otras cosas más además de lo que le dijo mi hijo. Le pone que él fue el promotor e incitador de ese disturbio», consolidando su procesamiento como un nuevo preso político de la tiranía.
Insalubridad en la cárcel y desigualdad social
El traslado de la víctima hacia el penal de Valle Grande expuso las deficientes condiciones sanitarias en las que permanecen los recluidos en la isla. Durante la primera visita familiar, la madre constató la infestación de parásitos y la severa escasez de agua potable en el recinto.
«Las cárceles que hizo Bukele para todas las pandillas, son 5 estrella», afirmó Prieto al describir el estado del penal, donde los internos deben luchar por el acceso al vital líquido.
Esta situación de miseria carcelaria contrasta con las privaciones que enfrenta la población civil frente a los privilegios de los dirigentes: «¿Por qué nuestra juventud no puede reclamar nuestras necesidades básicas sin ser encarcelados, y los cubanos de a pie tienen que… RESISTIR CREATIVAMENTE, mientras nuestros dirigentes y demás se dan la buena vida?».
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Clamor por la unión del pueblo y liberación de las víctimas
La denuncia familiar concluyó con un severo cuestionamiento a la falta de respuesta colectiva ante los abusos policiales cometidos a la vista de los vecinos. La madre lamentó la pasividad ciudadana al momento de los arrestos arbitrarios, señalando que la falta de firmeza prolonga el sufrimiento de cada preso político en las cárceles.
Ante la indignante realidad que afecta a cientos de hogares cubanos, la exigencia de la comunidad internacional y los activistas de derechos humanos se centra en visibilizar a cada preso político encarcelado de forma injusta.
El caso de Blanco Prieto reafirma cada persona detenida en la mayor de las Antillas representa la crisis sistemática de derechos fundamentales, por lo que la demanda de libertad inmediata continúa siendo un reclamo impostergable.