Un grupo de galenos cubanos presentó una demanda federal en Washington D.C. contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), acusándola de facilitar el trabajo forzoso de miles de profesionales de la salud enviados a Brasil entre 2013 y 2018. Exigen una indemnización de 129 millones de dólares.
Según los documentos judiciales, unos 3.500 médicos fueron desplazados a territorio brasileño en el marco del programa Mais Médicos. La demanda sostiene que el régimen cubano obtuvo ingresos superiores a los 2.300 millones de dólares por la prestación de estos servicios, mientras que a los profesionales se les entregó “una pequeña fracción” de esas ganancias, menos del 10 por ciento.
Los demandantes, que residen actualmente en Estados Unidos, muchos de ellos en el sur de Florida, afirman que nunca fueron informados de que la mayor parte de sus salarios sería retenida por el régimen de La Habana. Dos de las principales querellantes son las doctoras Ramona Matos y Tatiana Caraballo, quienes ofrecieron una conferencia de prensa para detallar las condiciones a las que, aseguran, fueron sometidas.
El texto de la demanda, presentado en el Circuito de Washington D.C., describe un entramado de control y coacción. Los médicos denuncian que durante su permanencia en Brasil estuvieron bajo vigilancia constante de agentes de inteligencia cubanos. Incluso se les habría ordenado espiar a sus colegas brasileños y persuadir a los pacientes de votar por candidatos de izquierda respaldados por Cuba, en contra de los alcaldes en funciones.
La doctora Matos relató que, mientras estaba destinada en la Amazonía brasileña, tenía un toque de queda a las 6 de la tarde y fue amenazada por agentes de inteligencia simplemente por salir a comprar pan y fumar un cigarrillo. Otra querellante, Tatiana Carballo Gómez, habría recibido instrucciones directas de interferir en el proceso electoral brasileño.
Según los documentos judiciales, a los médicos se les advirtió que, si abandonaban la misión, no recibirían salario alguno y se les prohibiría regresar a Cuba durante ocho años. En muchos casos, sus familiares en la isla fueron retenidos como rehenes para garantizar su permanencia en el programa. “Los asesores estaban allí para atraparte, capturarte y enviarte de vuelta a casa, utilizando la amenaza de que había 1.000 personas haciendo fila en Cuba para reemplazarte”, señala la demanda.
La acción legal acusa a la OPS, con sede en Washington D.C. y financiada en parte por el gobierno estadounidense, de haber sido “la creadora, administradora y ejecutora” de la operación. Según los demandantes, la organización actuó como intermediaria financiera y cobró al régimen cubano una comisión del cinco por ciento por la mano de obra de los médicos, lo que le habría reportado 129 millones de dólares.
El abogado de los demandantes, Sam Dubbin, con sede en Miami, criticó la estrategia de la OPS: “Ha optado cínicamente por dilatar el caso, escudándose en argumentos de inmunidad que sigue perdiendo”. Los demandantes obtuvieron recientemente una victoria cuando un tribunal federal del Circuito de Washington D.C. lamentó que la OPS hubiera prolongado durante varios años su defensa de inmunidad. Asimismo, según consta en los documentos, la organización se ha negado a presentar los registros bancarios que demostrarían las comisiones recibidas.
En un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud afirmó que, a petición de Brasil, brindó cooperación técnica al programa Mais Médicos desde 2013 hasta 2018. La OPS sostiene que actuó legalmente en el marco de dicho programa y que continuará defendiendo su posición en el proceso judicial en curso. Dado que el asunto se encuentra ante los tribunales, la organización declinó hacer más comentarios.
Desde 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado las misiones médicas cubanas como una “forma de esclavitud humana”. Los Informes sobre la Trata de Personas para Cuba correspondientes al período 2020-2025 señalan que “existía una política o un patrón gubernamental para lucrarse con programas de expertos laborales con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente en su programa de misiones médicas en el extranjero”.
Los cuatro demandantes principales representan a profesionales que han recibido libertad condicional humanitaria por parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. La demanda continúa su curso en los tribunales federales de Washington D.C., mientras los querellantes esperan que se haga justicia y se condene a la OPS por su presunto papel en una red de explotación laboral.
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