El dinero de los hondureños terminó directo en las arcas de la tiranía castrista mediante la contratación de médicos cubanos, una maniobra opaca del anterior gobierno de Xiomara Castro que canalizó 1,600 dólares mensuales por cada profesional al régimen totalitario de La Habana.
Documentos obtenidos a través de solicitudes de información pública por Expediente Público destapan una compleja red de nueve acuerdos suscritos entre 2022 y 2025 con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Gran parte de estos pactos se mantuvieron bajo estrictas cláusulas de reserva, blindando el destino de los fondos del Estado y disfrazando el sometimiento ideológico como supuesta ayuda humanitaria.
Propaganda y denuncias de esclavitud moderna
La llegada de los médicos cubanos funcionó como la fachada propagandística perfecta para ocultar mecanismos permanentes de injerencia política y control estatal. Mientras el aparato de prensa oficialista exhibía las brigadas en hospitales y el programa de alfabetización “Yo sí puedo” —para el cual se trajo a 123 profesores de la isla desplazando al gremio docente local—, la Secretaría de Planificación Estratégica firmaba acuerdos confidenciales en la sombra.
El Colegio Médico de Honduras denunció ante el Ministerio Público que estos supuestos profesionales ni siquiera contaban con la homologación ni certificación legal de sus títulos, dejando en evidencia que el verdadero objetivo no era la salud, sino financiar a una dictadura criminal denunciada internacionalmente por someter a sus delegaciones a esquemas de esclavitud moderna.
El financiamiento sostenido hacia los médicos cubanos no fue un hecho aislado, sino la columna vertebral de un sometimiento diplomático absoluto a la agenda autoritaria regional. Documentos del período 2022-2026 revelan que el servilismo del ejecutivo hondureño se consolidó desde enero de 2022 con el restablecimiento de relaciones con la tiranía venezolana de Nicolás Maduro, decisión recompensada con 10 millones de dólares en asistencia social y combustible no reembolsables.
A esto se sumó un mecanismo de consultas políticas confidenciales, acordado en junio de 2023 por las cancillerías de ambos países para alinear votos y posturas en foros internacionales como las Naciones Unidas y la CELAC, donde la representación hondureña se dedicó a exigir impunidad y el fin de las sanciones para los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Adoctrinamiento y propaganda bajo absoluta reserva
Para profundizar el adoctrinamiento, la Secretaría de Planificación Estratégica —entidad creada en 2022 por Castro y desmantelada en febrero de 2026 por la administración de Nasry Asfura— pactó convenios de manipulación mediática bajo absoluta reserva. El 2 de agosto de 2024 se selló un acuerdo confidencial con la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela (LAUICOM), un apéndice de propaganda chavista diseñado para impartir talleres sobre redes digitales a empleados públicos y creadores de contenido.
De forma paralela, el 9 de diciembre de 2024 se suscribió otro convenio bajo secreto con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, mediante el cual financió con fondos públicos hondureños el diplomado “KINICH” en 2025, impidiendo auditorías sobre el uso del presupuesto o la identidad de los beneficiarios.
🇭🇳🇨🇺La cooperación se exhibía; el convenio permanecía bajo llave.
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) August 28, 2026
El Gobierno de @XiomaraCastroZ pagaba a Cuba 1.600 dólares mensuales por cada uno de los 170 médicos y, además, cubría alojamiento, transporte y alimentación. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad.… pic.twitter.com/8FXwJUcXMG
Freno a las concesiones aéreas y fin de los contratos
El negocio montado alrededor de los médicos cubanos y la agenda ideológica compartida intentó extenderse incluso al espacio aéreo nacional. En noviembre de 2023 se firmó un convenio de servicios aéreos para otorgar facilidades de vuelo y exenciones tributarias a la aviación de la isla, proyecto que la oposición frenó en el Congreso Nacional por considerarlo una amenaza directa a la soberanía.
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Aunque los acuerdos de salud y educación tenían vigencia fijada hasta julio de 2026, las actuales autoridades decidieron cortar de tajo la extensión de los contratos, deteniendo la transferencia de capitales hacia el régimen caribeño.
El uso de los médicos cubanos como mercancía política expone cómo la diplomacia del anterior gobierno de Honduras prefirió alimentar las arcas de una tiranía despiadada antes que transparentar sus cuentas. Pese a los reiterados intentos de obtener explicaciones por parte de los responsables de la extinta Secretaría de Planificación Estratégica sobre el alcance de estos nueve convenios, el silencio institucional fue la constante.