La activista cubana Aylín Sardiña Fernández hizo pública este jueves una citación oficial emitida por el Ministerio del Interior (MININT) en la que se le convoca a comparecer ante la 6ta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicada en el municipio de Marianao, La Habana. La comparecencia está pautada para el viernes 28 de agosto a la 1:00 pm.
Según el documento difundido por la propia activista en su cuenta de Facebook, la citación tiene como motivo una “entrevista” y advierte que la inasistencia podría ser considerada un delito de desobediencia, sancionable con una multa que oscila entre 100 y 300 cuotas.
Sardiña denunció que esta convocatoria no es nada nuevo, sino que llega tras varios días de hostigamiento a su núcleo familiar. “Después de varios días de acoso a mi familia (mi mamá y mi hermano), también a mi padre en Los Arabos, me llega esta citación”, escribió en su publicación.
La activista fue enfática al descartar cualquier motivo que justifique la medida. “No he cometido ningún delito. Ni mi familia ni yo merecemos estar siendo acosados por la Seguridad del Estado solamente por pensar diferente”, expresó con contundencia.
En su denuncia, Sardiña estableció un paralelismo entre lo que considera una priorización del aparato represivo contra quienes disienten y la grave crisis de inseguridad que atraviesan diversas regiones del país.
Relató que acaba de regresar de Colón, en la provincia de Matanzas, “donde casi no se puede salir a la calle por la violencia y criminalidad que allí se vive, cosa que no es prioridad para las autoridades de este país. La prioridad es todo aquel que no comulgue con sus ideales”.
Las declaraciones de la activista coinciden con datos que evidencian el deterioro de la seguridad ciudadana en la Isla. El pasado 23 de julio se registró un tiroteo mortal frente a un bar en Colón, y según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, Matanzas encabezó las estadísticas de criminalidad en 2025 con 503 delitos verificados.
Por otro lado, la 6ta Estación de la PNR en Marianao ha sido escenario de casos similares en fechas recientes. En julio pasado, la activista Gisselle Ordóñez Milián fue citada ante esa misma dependencia y denunció haber sido sometida a un interrogatorio de varias horas, durante el cual se habrían empleado amenazas y presión a través de su hijo menor.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Cubalex, han documentado que las citaciones bajo el rótulo de “entrevista” constituyen, en la práctica, interrogatorios llevados a cabo por la Seguridad del Estado. Asimismo, han señalado que el acoso a familiares es una táctica recurrente para ejercer presión sobre activistas y opositores.
El caso de Sardiña se inscribe en un contexto más amplio de acciones represivas que, según organizaciones independientes, se ha mantenido constante durante 2026. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) contabilizó 332 acciones represivas únicamente durante el mes de mayo, siendo el asedio policial a viviendas de activistas la violación más frecuentemente reportada.
Sardiña, en abril de 2022 fue una de las principales organizadoras de la marcha contra el maltrato animal que el régimen prohibió, ocasión en la que también fue citada por las autoridades policiales. Posteriormente, ha impulsado iniciativas comunitarias, como jornadas de solidaridad que incluyeron cortes de pelo gratuitos en iglesias de La Habana.
Ante la incertidumbre sobre el desenlace de su comparecencia, la activista le pidió a sus seguidores que difundan su denuncia y permanezcan atentos a cualquier novedad. “Yo no represento NINGÚN peligro para la sociedad. Todo lo contrario. Siempre he tratado de mantener una postura de bien, justa y respetuosa con los demás. Aún así, se me trata hoy como una criminal”, sentenció.
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