La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade anunció la prohibición de operaciones comerciales para dos compañías vinculadas al aparato militar cubano.
La medida afectó directamente a Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC, además de involucrar a la empresaria Adys Lastres Morera, arrestada por las autoridades estadounidenses debido a sus conexiones familiares (hermana) con Ania Guillermina Lastres Morera, jefa de GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía de Cuba.
El anuncio ocurrió mediante una declaración oficial firmada el 22 de mayo por el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien confirmó que las acciones fueron ejecutadas tras recientes medidas federales impulsadas por el Departamento de Estado y respaldadas por el secretario de Estado, Marco Rubio.
“Miami-Dade no será refugio para empresas vinculadas a regímenes opresivos”: Dariel Fernández
Según el comunicado, las autoridades locales continuaron coordinando con agencias federales estadounidenses para revisar actividades económicas relacionadas con entidades conectadas al aparato militar de la dictadura cubana.
La oficina indicó que ambas compañías quedaron impedidas de operar legalmente dentro del condado y no podrán recibir ni renovar licencias vinculadas al Impuesto Local sobre Actividades Comerciales.
Dariel Fernández sostuvo además que la revisión gubernamental no se limitó únicamente a las licencias comerciales. El funcionario explicó que las autoridades examinaron posibles conexiones inmobiliarias, estructuras empresariales y cualquier otra actividad económica relacionada con las entidades bajo investigación.
En una publicación difundida en redes sociales, el recaudador lanzó un mensaje directo contra personas y compañías relacionadas con gobiernos autoritarios extranjeros, elevando de esta manera la presión de Estados Unidos contra las estructuras económicas asociadas al régimen castrista.
“Miami-Dade no será refugio para empresas, individuos o redes vinculadas a regímenes extranjeros opresivos, entidades sancionadas o sistemas que han destruido vidas, silenciado la libertad y obligado a millones al exilio”, afirmó Fernández.
El funcionario agregó que las decisiones adoptadas por su oficina “no son simbólicas”, sino “medidas reales de cumplimiento respaldadas por la ley y ejecutadas con responsabilidad y propósito”. Sus declaraciones reflejaron el endurecimiento de la política local contra estructuras económicas vinculadas a la dictadura cubana en territorio estadounidense.
Las medidas anunciadas por Miami-Dade surgieron poco después de que Washington reveló acciones federales contra Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien actualmente dirige el poderoso conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
GAESA constituye uno de los pilares económicos más importantes del régimen castrista. El conglomerado controla sectores estratégicos como hoteles, turismo, puertos, remesas, comercios y operaciones financieras dentro de Cuba.
Diversos sectores del exilio cubano y legisladores estadounidenses denunciaron durante años que la estructura funciona como un mecanismo de control económico administrado directamente por las Fuerzas Armadas de la dictadura cubana.
La situación escaló todavía más luego de que autoridades estadounidenses arrestaron a Adys Lastres Morera y la pusieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El propio Marco Rubio anunció públicamente la revocación de la residencia permanente de la empresaria dentro de Estados Unidos.
El caso también volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la presencia de empresarios vinculados al régimen castrista dentro de Estados Unidos y especialmente en el sur de Florida en condados como Miami-Dade, una región donde reside una de las comunidades cubanas más numerosas y críticas de la dictadura comunista.
La nueva ofensiva contra empresas vinculadas al régimen cubano en Miami-Dade marcó otro capítulo en la creciente confrontación política entre Washington y La Habana, en un contexto donde las autoridades estadounidenses aumentaron las acciones dirigidas contra redes económicas asociadas al aparato militar de la isla.