La organización de derechos humanos Cubalex denunció en un reciente informe que la dictadura castrista consolidó un modelo de “estado de excepción de facto” profundizando la militarización en Cuba y el control social.
En ese sentido, la ONG precisó que, esta conducta de los comunistas no responde a una amenaza externa ni a una catástrofe natural, sino al pánico de una cúpula que observa cómo el descontento popular crece ante la falta de comida, los apagones interminables y el colapso total de los servicios básicos.
Para los abogados y expertos de Cubalex, lo que ocurre hoy en el país es una violación flagrante de los acuerdos internacionales. El régimen decidió obviar los canales legales para declarar un estado de emergencia y, en su lugar, implementó un control militar sin previo aviso.
El régimen impone un estado de excepción no declarado con la militarización en Cuba
Esta militarización en Cuba permite que las fuerzas represivas actúen con total impunidad, saltándose cualquier garantía procesal que aún pudiese quedar en el maltrecho código penal de la isla. La organización sostiene con firmeza que “la lógica de defensa trasciende el ámbito militar y se integra en la gestión cotidiana del país”, lo que significa que el ciudadano común ahora es tratado como un objetivo de guerra.
Los datos recopilados por activistas y observadores indican que el régimen pasó de una actitud de vigilancia preventiva a una fase operativa de choque. Durante el mes de marzo, los eventos vinculados a despliegues de seguridad aumentaron un 240% en comparación con el mes anterior.
La militarización en Cuba se materializó en 31 incidentes de gran magnitud que incluyeron desde patrullajes de tropas de élite hasta retenes de identidad en zonas residenciales. Ciudades como Santa Clara, Santiago de Cuba y Morón se convirtieron en fortalezas vigiladas donde el derecho de libre circulación quedó prácticamente suspendido por el peso de la bota militar.
Los habitantes de las zonas más críticas bautizaron este fenómeno como “el combo” o “el convoy”. Se trata de grupos de vehículos donde se mezclan patrullas policiales con camiones de tropas especiales y brigadas paramilitares.
Estos grupos recorren las barriadas con una actitud intimidante y, según describe el reporte de la ONG, “recorren las calles portando incluso armas largas, realizando inspecciones de documentación e intervenciones directas sobre la población”. Esta imagen de guerra en tiempos de paz busca silenciar cualquier intento de protesta, especialmente después de que los cacerolazos por los cortes eléctricos se volvieron una constante en el interior del país.
La militarización en Cuba también se infiltró en las instituciones educativas, un terreno que el castrismo siempre utilizó para el adoctrinamiento, pero que ahora militariza bajo coacción. Cubalex documentó la realización del “Bastión Estudiantil Universitario”, un ejercicio donde jóvenes civiles son obligados a participar en entrenamientos de combate.
En muchos casos, los estudiantes recibieron amenazas de sanciones académicas o incluso la expulsión si se negaban a formar parte de estas maniobras. Para los defensores de derechos humanos, esta práctica es nefasta porque “difumina la frontera entre actores civiles y estructuras de defensa”, utilizando a la juventud como carne de cañón o como fachada para la represión.
A pesar de los intentos del aparato de propaganda estatal por justificar estas medidas como necesarias para la “estabilidad nacional”, los analistas jurídicos aseguran que no existe base legal para tal militarización en Cuba.
El castrismo utiliza mecanismos de control que no están delimitados y que buscan someter a la sociedad civil más que protegerla de un peligro real. En este sentido, el informe destaca que “no existe evidencia suficiente para afirmar que el Estado cubano enfrenta una emergencia pública que alcance el umbral exigido por el derecho internacional”. La militarización en Cuba es, por tanto, una herramienta política de sometimiento puro.