La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó el proyecto de la nueva Ley de la Vivienda en Cuba, un texto de 92 páginas y 190 artículos que amplía de forma notable las facultades del Estado para intervenir, controlar y recuperar inmuebles en manos de particulares.
El documento ya está disponible para la consulta de la población y se prevé que el Parlamento lo apruebe antes de que termine el año.
El proyecto, fechado en junio de 2026, fue divulgado junto a otras tres iniciativas legislativas en el portal del Parlamento cubano controlado por la dictadura. Su objeto declarado es “establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética”. Sin embargo, una lectura del articulado muestra que el nuevo marco refuerza el papel del aparato estatal en decisiones que hasta ahora pertenecían, sobre todo, al propietario.
La norma llega en medio de una de las peores crisis habitacionales de la historia reciente de la isla. El déficit de viviendas supera las 929.000 unidades y alrededor del 35 % del parque habitacional se encuentra en estado regular o malo. A ese panorama se suma un desplome de la construcción: en 2025 se completó apenas el 22 % del plan anual, con 2.382 viviendas terminadas de las 10.795 previstas.
Nueva Ley de la Vivienda en Cuba: El Estado podrá recuperar viviendas en ruina o abandono
Uno de los puntos que más control estatal introduce la nueva Ley de la Vivienda en Cuba es el mecanismo para recuperar inmuebles deteriorados. Cuando la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo dictamina el estado de ruina de una edificación, y el titular no adopta medidas para recuperarla, la administración puede solicitar al tribunal la “pérdida del derecho por abandono y su disponibilidad a favor del Consejo de la Administración Municipal para su posterior asignación”.
En la práctica, esto significa que una vivienda descuidada, en un país donde los materiales de construcción escasean y son caros, puede pasar a disposición del Estado para entregarla a otra familia. La medida se presenta como una herramienta contra el abandono, pero abre la puerta a que la falta de recursos del dueño termine en la pérdida de la propiedad.
Cuotas obligatorias para los propietarios de apartamentos
El proyecto de la nueva Ley de la Vivienda en Cuba también establece obligaciones económicas periódicas para quienes viven en edificios multifamiliares. Bajo el régimen de propiedad horizontal, los propietarios de apartamentos deberán contribuir con cuotas para el mantenimiento de áreas y elementos comunes, infraestructuras y espacios públicos. Es un esquema habitual en muchos países, pero en Cuba supone formalizar un pago obligatorio que antes no estaba regulado de esta manera, en un contexto de salarios deprimidos e inflación elevada.
Además, el articulado impone obligaciones de mantenimiento al titular incluso fuera de los límites estrictos de su vivienda: por ejemplo, el deber de cuidar el área de tierra situada al frente y en los laterales del inmueble, entre la acera y el contén.
Restricciones a las viviendas subsidiadas
La nueva Ley de la Vivienda en Cuba refuerza el control sobre las casas que el Estado entrega con subsidio. Quienes reciban una vivienda subsidiada no podrán venderla, donarla ni permutarla durante los primeros 15 años desde la asignación. Si lo hacen, deberán devolver al Presupuesto del Estado el monto total subsidiado.
El subsidio se define en el texto como los “recursos financieros aportados por el Presupuesto del Estado para beneficiar a personas naturales en relación con su capacidad económica”. La lógica oficial es evitar que el beneficio público se convierta en negocio privado; el efecto, sin embargo, es que el beneficiario queda atado a su inmueble durante una década y media.
El proyecto también incorpora cambios que la prensa ha valorado como aperturas. Entre ellos, el reconocimiento del derecho de cada persona natural a poseer hasta dos viviendas en propiedad, “sin perjuicio del que posee sobre la vivienda de descanso o veraneo”.
Otro cambio relevante para la diáspora es que los cubanos que residan de forma permanente en el extranjero podrían conservar, heredar y transmitir sus propiedades, lo que supondría dejar atrás décadas de confiscación a los emigrados.
A ello se suma la introducción, por primera vez en décadas, del financiamiento hipotecario como vía para adquirir o construir vivienda mediante créditos a largo plazo, con el propio inmueble como garantía.
El texto, además, promueve y estimula la actividad inmobiliaria en Cuba “para contribuir a disminuir el déficit habitacional y obtener recursos financieros para el desarrollo de la vivienda social”, y desarrolla figuras como las cooperativas de viviendas y las microbrigadas.
Una ley con fuerte carga ideológica
No obstante, la nueva Ley de la Vivienda en Cuba conserva un marcado componente político. En sus considerandos (“por cuanto”), invoca el alegato La Historia me Absolverá, en el que Fidel Castro condenó “la extorsión que significaba el negocio de los alquileres”, y la Ley de Reforma Urbana de 1960, que convirtió en propietarios a quienes entonces eran inquilinos. Esa genealogía enmarca la vivienda menos como un mercado y más como un derecho gestionado por el Estado.
En el plano técnico, la disposición final cuarta modifica el Artículo 218 del Código Civil de 1987 para ampliar el derecho de superficie sobre terrenos estatales, y faculta al Consejo de Ministros para dictar los reglamentos en un plazo de sesenta días tras la aprobación.
Qué viene ahora
El proyecto se encuentra en fase de consulta ciudadana y deberá ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La votación se espera antes de que concluya 2026.
Hasta entonces, el texto de la nueva Ley de la Vivienda en Cuba puede sufrir modificaciones, aunque su orientación general, un Estado con más herramientas para intervenir en el patrimonio habitacional, parece consolidada.
Para los cubanos dentro y fuera de la isla, la nueva Ley de la Vivienda en Cuba combina señales contradictorias: por un lado, abre la propiedad múltiple, el crédito hipotecario y el fin de la confiscación a los emigrados; por otro, multiplica las obligaciones, las cuotas y las causales por las que una familia puede perder su casa. La letra pequeña, como siempre, marcará la diferencia.
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