Las autoridades federales de Estados Unidos intensificaron una amplia investigación sobre presuntas operaciones de influencia vinculadas al régimen castrista en territorio norteamericano.
En ese sentido, funcionarios de los departamentos de Justicia y del Tesoro examinaron las actividades de decenas de organizaciones procastristas en Estados Unidos, así como de activistas y ciudadanos estadounidenses sospechosos de mantener coordinación con funcionarios de La Habana en campañas políticas, acciones de cabildeo y envíos de suministros hacia la isla.
La pesquisa salió a la luz tras un reportaje divulgado por Fox News, medio que identificó a 145 organizaciones procastristas en Estados Unidos presuntamente involucradas en estructuras de apoyo político, mediático y logístico favorables al aparato comunista cubano.
Según la investigación periodística, estas entidades abarcaron sindicatos, colectivos activistas, organizaciones sin fines de lucro, brigadas de viajes y plataformas de comunicación alineadas con narrativas impulsadas desde La Habana.
Dinero manejado por las organizaciones procastristas en Estados Unidos
El informe indicó que el conjunto de estas estructuras manejó ingresos anuales cercanos a los mil millones de dólares, una cifra que elevó las alarmas dentro de agencias federales encargadas de supervisar posibles operaciones de influencia extranjera.
Es importante mencionar que la investigación formó parte de una serie especial publicada por Fox News Digital sobre las presuntas redes de apoyo construidas por el régimen cubano dentro de Estados Unidos. El primer reporte se enfocó en la movilización inmediata de organizaciones procastristas en Estados Unidos luego de la acusación formal presentada contra el dictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio, investigadores federales analizaron además a unos 40 ciudadanos estadounidenses que supuestamente coordinaron con funcionarios cubanos el traslado de bienes y suministros hacia la isla mediante caravanas, convoyes y flotillas organizadas durante este año.
Las pesquisas buscaron determinar si algunas de estas organizaciones procastristas en Estados Unidos actuaron bajo dirección o supervisión de funcionarios del régimen cubano sin registrarse conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. Esa normativa obliga a cualquier ciudadano o entidad que realice actividades políticas en representación de un gobierno extranjero a notificar oficialmente su condición ante las autoridades estadounidenses.
El reportaje señaló que el ecosistema investigado se dividió en siete grandes estructuras: redes vinculadas al empresario tecnológico Neville Roy Singham, grupos sindicales, activistas laborales, brigadas de viajes a Cuba, organizaciones socialistas y marxistas, plataformas mediáticas, redes académicas y colectivos dedicados a campañas humanitarias y recaudación de suministros.
Organizaciones procastristas en Estados Unidos investigadas
Entre las entidades mencionadas aparecieron ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation, CodePink, People’s Forum y Tricontinental. Algunas de estas organizaciones procastristas en Estados Unidos habrían mantenido vínculos con Singham, empresario residente en Shanghái señalado por Fox News como promotor de causas alineadas con el Partido Comunista Chino y defensor del régimen cubano.
Las autoridades estadounidenses también examinaron posibles violaciones al sistema de sanciones económicas contra Cuba administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los investigadores analizaron si determinadas campañas de recaudación de fondos, flotillas marítimas y caravanas humanitarias incumplieron restricciones financieras federales o requisitos obligatorios de reporte.
Aunque la legislación estadounidense protege la libertad de expresión y las actividades políticas mediante la Primera Enmienda, las autoridades intentaron esclarecer si algunas organizaciones procastristas en Estados Unidos sobrepasaron el límite entre el activismo independiente y una coordinación directa con operadores diplomáticos del régimen castrista.
Según el reporte, investigadores federales intentaron establecer si determinados mensajes políticos, campañas públicas y movilizaciones sociales surgieron de iniciativas autónomas o respondieron a estrategias coordinadas desde la embajada cubana en Washington.
Por su parte, la sede diplomática del régimen cubano rechazó las acusaciones y negó cualquier irregularidad. Una portavoz de la misión aseguró que “los diplomáticos cubanos cumplen estrictamente con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
La embajada castrista sostuvo además que “no es extraordinario ni constituye una violación del derecho internacional o de las leyes de Estados Unidos que diplomáticos cubanos interactúen con la sociedad civil”, al tiempo que negó cualquier intención de promover acciones contra el orden constitucional estadounidense.
No obstante, el caso incrementó la atención sobre el funcionamiento de organizaciones procastristas en Estados Unidos y sobre la capacidad del régimen cubano para construir redes de influencia política fuera de la isla mientras continúa reprimiendo a opositores, activistas y periodistas independientes dentro del territorio cubano.
Fuentes familiarizadas con la investigación señalaron que las pesquisas incluyeron además el análisis de actividades desarrolladas por figuras vinculadas al movimiento de solidaridad con Cuba. Entre los nombres mencionados aparecieron el creador de contenido Hasan Piker, la activista Medea Benjamin y la organizadora política Olivia DiNucci.
El avance de esta investigación federal colocó nuevamente bajo escrutinio el alcance de las organizaciones procastristas en Estados Unidos y abrió un nuevo frente de presión política y judicial contra las estructuras internacionales que históricamente defendieron al aparato comunista de La Habana pese a las denuncias de represión y violaciones de derechos humanos en la isla.
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