La joven presa política cubana, Yunaiky Linares, sigue víctima del cobarde aparato de represión del régimen castrista, que ahora intenta silenciar su voz bajo la siniestra amenaza de un internamiento psiquiátrico forzoso.
La maquinaria totalitaria, incapaz de soportar el más mínimo rastro de disidencia frente al colapso de la nación, arremetió brutalmente contra ella el pasado 2 de junio en el barrio Santa Amalia, municipio Arroyo Naranjo, La Habana.
La detención ocurrió en medio de una ola de protestas vecinales, impulsadas por el hambre, la oscuridad de los apagones y la miseria absoluta en la que el sistema mantiene al pueblo cubano.
Un historial de persecución estatal
El calvario de Linares no resulta nuevo. Ella cargaba ya con una injusta sentencia de ocho años de privación de libertad por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Aunque obtuvo un beneficio de excarcelación en 2025, el régimen mantuvo sobre ella un control asfixiante.
Su supuesto “pecado” reciente consistió en interceder por un vecino que los esbirros policiales arrastraban violentamente, un acto de dignidad que despertó la furia de los represores.
Yurka Rodríguez, madre de la joven, denunció con angustia la situación de su hija, cuya integridad corre peligro inminente. La revista feminista Alas Tensas confirmó que las autoridades amenazan con trasladar a la presa política a centros como el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido históricamente como Mazorra, o al Hospital Psiquiátrico Julio Trigo.
El uso de la psiquiatría como arma de castigo político es una táctica clásica de las dictaduras para deslegitimar a quienes se enfrentan al poder y quebrantar su voluntad mediante la reclusión forzada en pabellones donde el tratamiento se convierte en tortura.
Abusos policiales y condiciones inhumanas
En el momento de su aprehensión, la propia Yunaiky logró difundir un registro audiovisual donde expuso la barbarie policial. En el video, la presa política relató cómo los agentes la lanzaron con brutalidad hacia un vehículo policial, propinándole golpes durante el trayecto hacia la estación de Capri.
El abuso no terminó ahí: la joven denunció dificultades para respirar tras la agresión física sufrida. Sin un ápice de humanidad, los carceleros la encerraron en una celda destinada a hombres.
“Me tienen en un calabozo de hombres, no de mujeres”, sentenció la joven en su testimonio, dejando en evidencia el desprecio total por los derechos humanos más elementales que impera en los centros de detención cubanos.
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El operativo represivo alcanzó a toda la familia. La madre y el padrastro de la joven también sufrieron la arremetida estatal; mientras a ella la mantenían bajo una amenaza constante, trasladaron a su padrastro al centro de detención conocido como El Vivac, ubicado en las afueras de la capital.
Este despliegue de fuerza contra una familia solo demuestra el miedo profundo que siente la cúpula ante la creciente ola de cacerolazos y manifestaciones por la escasez de alimentos y el derrumbe de los servicios básicos.
El uso de la psiquiatría como arma política
Activistas y organizaciones independientes han levantado la voz para denunciar esta tendencia perversa. El internamiento psiquiátrico se utiliza como un mecanismo de control para neutralizar a la presa política que se niega a doblar la rodilla ante el fracaso del modelo castrista. Las autoridades emplean estas instituciones para ocultar la verdadera razón de la detención: el miedo a la rebeldía ciudadana.
Es imperativo reconocer que Yunaiky Linares es una presa política cuyo único delito es la búsqueda de libertad en un país convertido en una cárcel a cielo abierto. El régimen, en su fase de agonía, recurre a métodos de tortura psicológica mediante la amenaza de reclusión en hospitales especializados, esperando que el aislamiento y el miedo logren lo que la represión física no consiguió.
Cada día que esta presa política permanece en manos del régimen, la comunidad internacional debe observar la falta de escrúpulos de un sistema que no conoce la piedad.