Desde una celda en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, la presa política Lizandra Góngora tomó este miércoles la decisión más extrema que le queda a quien ya no tiene nada más que perder: dejar de comer y de beber agua, negarse incluso al suero, y aguardar con la dignidad intacta que el régimen castrista reconozca lo que llevan años negando ante el mundo entero.
La denuncia llegó a través del activista cubano Ariel Góngora en una transmisión en vivo desde Facebook en la que el hombre no ocultó ni la rabia ni el miedo, y en la que responsabilizó directamente a la dictadura por lo que pueda ocurrirle a partir de ahora a la presa política.
La mentira de Díaz-Canel que encendió la mecha
El detonante directo de la protesta de Lizandra fue esa declaración que el pasado 9 de abril el puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, realizó ante la periodista Kristen Welker en el programa Meet the Press de NBC News, en la que calificó de “gran mentira” y “calumnia” la narrativa sobre la existencia de presos políticos en Cuba, insistiendo en que los encarcelados lo estaban por vandalismo y delitos contra la constitución cubana.
La respuesta de Lizandra a esa entrevista no llegó en forma de declaraciones a la prensa, sino desde dentro de una cárcel en la que lleva años sometida a represalias sistemáticas: “Ella se va a plantar para hacerle saber al puesto a dedo a Díaz-Canel que sí son presos políticos y que a ella hay que respetar su cárcel, su prisión política”, fueron las palabras de Ariel Góngora.
No es un gesto vacío ni una protesta espontánea: es la respuesta de una presa política que durante años denunció vejaciones, golpizas de represores, negativas de atención médica y el alejamiento forzado de sus hijos menores, mientras el régimen la mantenía invisible para el mundo.
Meses sin ver a sus hijos y una salud que se desmorona
Góngora no solo enfrenta la huelga con el peso de varios años de encierro a cuestas, sino también con una salud que la dictadura castrista no tuvo ni el mínimo interés en atender. Fue diagnosticada en marzo de 2023 con un fibroma uterino de cinco centímetros que le provoca hemorragias, y las autoridades penitenciarias le negaron la operación correspondiente bajo el argumento de que no hay especialistas disponibles en la Isla de la Juventud.
A eso se suma la sicklemia, una enfermedad hematológica crónica, que la acompaña desde antes de su condena y que en las condiciones del penal avanza sin el tratamiento que merece. La única manera en que Góngora accedió a medicamentos y vitaminas fue a través del apoyo de familiares y activistas del exilio, quienes suplieron lo que el régimen le negó.
Según relató Ariel Góngora en la transmisión, la presa política lleva aproximadamente cuatro meses sin poder ver a sus cinco hijos menores de edad, todos residentes en La Habana, y el efecto de ese aislamiento sobre su estado psicológico es devastador: cada vez que se acumulan meses sin contacto, su salud mental se deteriora de forma grave, al punto en que su familiar consideró necesario advertirlo públicamente como una señal de alarma.
“Ella prefiere morir con la frente en alto, que no arrodillada; lo único que menciona siempre es a sus hijos”, dijo Ariel Góngora.
Una presa política que ya conoce el precio de plantarse
La huelga de hambre y sed que Lizandra inició este miércoles no es la primera vez que recurre a esa medida como último recurso frente a un sistema carcelario que opera como instrumento de castigo político. En septiembre de 2022, en la prisión El Guatao, Góngora se declaró en huelga de hambre junto a las presas políticas Angélica y María Cristina Garrido, una protesta que terminó con su hospitalización, muy débil y con la presión baja, tras varios días de inanición.
Salió de aquella huelga con secuelas físicas y sin ninguna de las demandas atendidas, porque la dictadura no negocia con quienes encierra por pensar diferente: solo administra su sufrimiento con distinta intensidad según el momento.
La acumulación de represalias que precedió a esta nueva huelga es larga: el régimen le negó la mínima severidad que legalmente le correspondía desde el 10 de octubre del año pasado, la mantuvo alejada de su familia por meses y la sometió a torturas psicológicas.
La condena más dura contra una mujer del 11J
Lizandra Góngora Espinosa tiene 38 años, es madre de cinco hijos y cumple la sentencia más severa que el régimen castrista impuso a una mujer por participar en las protestas del 11 de julio de 2021: 14 años de prisión, dictados por un tribunal militar que la acusó de sabotaje, robo con fuerza y desorden público por su presencia en las manifestaciones de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.
La presa política fue trasladada a una prisión en la Isla de la Juventud, lo que profundizó su aislamiento respecto a su familia y limitó drásticamente las posibilidades de visita. Es la única reclusa política en ese penal, donde convive con internas que cumplen condenas por delitos comunes, en un entorno que los represores del régimen diseñaron deliberadamente para exponerla.
La comunidad internacional no ignoró del todo su caso: en 2025 recibió el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos, que otorga anualmente el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), junto a otros tres presos políticos de Nicaragua y Venezuela. Un reconocimiento que no la sacó de la celda, pero que confirmó ante el mundo lo que la dictadura se obstina en negar.
El régimen acumula más de 1.200 presos políticos mientras los niega
Las palabras de Díaz-Canel ante las cámaras de NBC no solo encendieron la protesta de Lizandra: fueron desmentidas por los propios registros de organizaciones independientes, que documentan más de 1.200 presos políticos en Cuba hasta la fecha.
OTRAS NOTICIAS: Alex Otaola sobre ultimátum de EE.UU. para liberar presos políticos en Cuba: “La Habana no va a ceder” (+VIDEOS)
Lizandra no es la única presa política que en este momento utiliza el cuerpo como último argumento. Según denunció su madre, Ailex Marcano, el también preso político del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano lleva ocho días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 9, en Camagüey, sin que su familia tenga información confirmada sobre su estado de salud.