El gobierno de Belice debe decidir este mes el futuro de 92 profesionales de la salud enviados por La Habana. La presión de Estados Unidos para desmontar las misiones médicas esclavas ha acelerado una revisión que, según el ministro Kevin Bernard, no puede esperar más allá de septiembre.
El debate no es solo diplomático: el sistema sanitario beliceño depende de esos trabajadores en hospitales urbanos y en comunidades rurales donde cuesta contratar personal local.
Bernard confirmó a Greater Belize Media que las autoridades estudian varias salidas. Una es renegociar el convenio con el régimen de La Habana. Otra, más concreta, es ofrecer a parte del personal acuerdos individuales, permisos de trabajo o residencia permanente.
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También se evalúa una reducción gradual del contingente. Lo que el ministro no oculta es el costo de una ruptura brusca. “Si se marcharan, por supuesto que esto agravaría la situación de nuestro ya saturado sistema de salud. Tenemos una gran escasez de médicos, auxiliares médicos y enfermeros”, dijo.
Los 92 cubanos no son un bloque uniforme. Hay médicos generales, especialistas, enfermeros rurales, técnicos, radiólogos y un psiquiatra. Trabajan desde el Karl Heusner Memorial Hospital, el principal centro del país, hasta clínicas de difícil acceso.
El caso más sensible es el distrito de Toledo, en el sur. Allí, ocho de los 16 médicos disponibles son cubanos. Bernard lo resumió sin eufemismos: ya es difícil convencer a profesionales nacionales de irse al sur.
La revisión no nació esta semana. El Gabinete beliceño empezó a analizar el convenio hace unos seis meses. En paralelo, Washington intensificó su campaña contra las brigadas médicas de Cuba.
Katharine Beamer, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Belice, ha dicho que su país respalda “muy activamente” el fin del programa. El argumento estadounidense se sustenta en las denuncias que hemos hecho desde Cubanos por el Mundo más de una vez: retención de salarios, restricciones de movimiento y un esquema de explotación laboral.
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Presión de Estados Unidos exige a los gobiernos democráticos desvincularse de las misiones esclavas
En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los países de la región desvincularse de estos acuerdos por posibles indicios de trabajo forzoso y trata.
Bernard insiste en una salida negociada y pide cautela. En agosto circularon rumores de retirada masiva después de que aparecieran cajas en un aeropuerto. El ministro las desmintió: se trataba de personal de vacaciones que enviaba pertenencias a sus familias, no de una evacuación encubierta.
El contexto regional refuerza la urgencia. Cuba retiró su brigada de Jamaica en marzo, al cancelarse un convenio que databa de 1976. Honduras no renovó el suyo en febrero.
Otros gobiernos del Caribe y Centroamérica han recortado o rediseñado estos programas bajo el mismo tipo de presión.
Para La Habana, cada salida es una pérdida de ingresos y de influencia. Para Belice, el cálculo es más inmediato: quién atiende mañana en Toledo, quién cubre turnos en el hospital de referencia y cómo se sustituye a un psiquiatra o a un radiólogo si no hay reemplazo local, una interrogante que aplica también para la Isla, donde los profesionales de salud no están, la mayoría, en atención al pueblo.
El Gobierno beliceño dice que valorará “decisiones ponderadas y realistas”, aunque no sean populares. La relación histórica con Cuba no desaparece del discurso, pero Bernard deja claro que la prioridad es la capacidad del sistema de salud. Mantener a algunos profesionales con contratos propios permitiría conservar experiencia sin el marco del convenio estatal.
Reducir el programa de forma escalonada daría tiempo para reclutar o formar personal. Cortar de raíz, en cambio, trasladaría el problema a las salas de espera.
Septiembre es, por tanto, un mes de reloj. Si Belice opta por acuerdos individuales, parte de los 92 podría quedarse con otro estatus legal. Si prioriza el alineamiento con Washington, el retiro será más amplio y más rápido.
Lo que ya no parece viable es dejar el convenio intacto. La presión de Estados Unidos para no oxigenar más a la dictadura castrista.