La muerte del preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez no puede presentarse como un hecho aislado ni como el desenlace inevitable de una enfermedad. Su fallecimiento, ocurrido días después de haber sido excarcelado bajo el mecanismo de “licencia extrapenal”, coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad directa de la dictadura castrista sobre la vida e integridad de quienes mantiene tras las rejas por motivos políticos.
Oña Jiménez, condenado a 12 años de prisión por el supuesto delito de “sedición” tras salir a manifestar durante las protestas del 11 de julio de 2021, cumplía sanción en la prisión de Panamá, en Güines.
Durante su encarcelamiento, su estado de salud —ya comprometido por padecer VIH— se deterioró de manera alarmante, ya que no recibía atención médica adecuada. La situación alcanzó un punto crítico cuando sufrió una isquemia cerebral que le provocó graves secuelas neurológicas, dejándolo sin movilidad en la boca, manos y pies.
No fue sino hasta que su condición era irreversible que las autoridades decidieron concederle una “licencia extrapenal”. Este procedimiento, utilizado de manera recurrente por el régimen cubano, consiste en liberar a reclusos gravemente enfermos cuando su estado es prácticamente terminal. El patrón ha sido denunciado en múltiples ocasiones: el preso político cubano es liberado cuando ya no hay margen médico de recuperación, trasladando así la muerte fuera del perímetro penitenciario y diluyendo formalmente la estadística de fallecidos bajo custodia.
En el caso de Oña Jiménez, la excarcelación se produjo apenas días antes de su muerte. La secuencia es reveladora: deterioro progresivo en prisión, evento cerebrovascular grave, declaración médica de estado crítico y, finalmente, licencia extrapenal cuando el desenlace era inminente.
La organización Prisoners Defenders denunció el fallecimiento y sostuvo que la responsabilidad recae en el Estado cubano por no haber garantizado atención médica adecuada ni condiciones compatibles con su estado de salud mientras permanecía bajo custodia. Para organizaciones de derechos humanos, no se trata simplemente de un preso político cubano enfermo que murió tras ser liberado, sino de un recluso cuyo deterioro ocurrió bajo tutela estatal.
“Con Luis Miguel el régimen cubano se lleva otra vida. Un joven que soñaba, que protestó y que hoy ya no está”, precisó la ONG.
El régimen de Cuba tiene la obligación legal y moral de preservar la vida de las personas privadas de libertad. Cuando un detenido político sufre un evento cerebrovascular severo en prisión y solo es liberado cuando su cuadro es irreversible, la responsabilidad institucional no desaparece con la firma de una licencia extrapenal.
La muerte de Luis Miguel Oña Jiménez reabre así una denuncia persistente contra la dictadura cubana: el uso de la cárcel como mecanismo de castigo político, combinado con negligencia médica y decisiones tardías que, en la práctica, trasladan el fallecimiento fuera de los muros sin eximir al Estado de su responsabilidad.
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Redacción Cubanos por el Mundo