El preso político cubano, Yordanis Díaz Lozano, denunció desde La Habana estar siendo víctima de otra arbitrariedad por parte de las autoridades castristas.
La tiranía comunista, que utiliza el aparato represivo de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este como un centro de tortura psicológica, arremetió una vez más contra el opositor y su debilitada familia.
En esta ocasión, según reportó CubaNet, los esbirros del penal redujeron intencionalmente el tiempo de la visita familiar, demostrando el sadismo sistemático con el que la dictadura aplasta los derechos más elementales de los prisioneros de conciencia en la isla.
Un patrón de tortura psicológica e incomunicación familiar
Las maniobras crueles de la dictadura no solo buscan quebrantar la moral del detenido, sino también castigar de manera vil a su entorno familiar. Para el pasado viernes 17 de julio estaba programado el encuentro entre el prisionero y su progenitora, Marcelina Lozano. La anciana, de 62 años, padece hipertiroidismo y un severe cuadro de desnutrición, padecimientos agravados por la ansiedad y el insomnio que la carcomen tras la detención de su descendiente.
Para ver a su hijo, la mujer costeó con esfuerzo extremo un pasaje de 30.000 pesos cubanos desde la localidad de Guaos, en Cienfuegos, hasta la capital. A pesar de que la señora aguardó pacientemente desde las primeras horas de la mañana a las puertas del presidio, los verdugos retuvieron a Yordanis Díaz Lozano en su celda de forma deliberada y no lo condujeron al área de contactos hasta casi las 11:00 a.m., cercenando el derecho de la madre a permanecer más tiempo con él y dejándoles menos de una hora de encuentro.
Aislamiento deliberado dentro del penal
Ante la injusticia, el preso político encarado con el jefe del Departamento de Tratamiento Educativo, el teniente Yanier Marcelo Luis, solicitó unos minutos adicionales para compensar el retrazo provocado por la propia guardia. La respuesta del uniformado expuso la deshumanización del cuerpo represivo al espetar con cinismo: “Hubieras bajado antes”.
El opositor recordó inmediatamente la absurda naturaleza de esa réplica, dado que en el calabozo ningún recluso camina por voluntad propia, sino que depende obligatoriamente del mando militar y de la escolta de los carceleros para desplazarse. Esta burla denota el desprecio absoluto que los esbirros castristas profesan hacia la dignidad humana.
El hostigamiento hacia este preso político no constituye un hecho aislado dentro de la estructura de terror de la dictadura. Anteriormente, los oficiales del Combinado del Este le suspendieron, sin justificación ni notificación previa, dos visitas familiares y un encuentro conyugal, consolidando una estrategia de aislamiento designed para desgastar la resistencia de las voces disidentes.
Yordanis Díaz Lozano, agricultor de 42 años antes de su secuestro por parte del Estado criminal, permanece encerrado en la capital sin haber sido sometido a un juicio imparcial desde el 25 de noviembre de 2023, sumando más de dos años y seis meses de prisión preventiva ilegítima.
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De los calabozos de Villa Marista a una condena arbitraria
El trasfondo de esta persecución se remonta al arresto inicial del preso político, a quien la dictadura vincula de forma arbitraria con su allegado Ardelis García Álvarez, cubano residente en Estados Unidos que ingresó a la isla en una moto acuática en octubre de 2023.
Tras su apresamiento, las fuerzas represivas mantuvieron al campesino durante cuatro días en el Centro de Operaciones Especiales de Cienfuegos y posteriormente lo trasladaron al siniestro cuartel de la Seguridad del Estado en Villa Marista, donde sufrió tres meses de interrogatorios e incomunicación antes de ser confinado en el presidio de máxima severidad.
Actualmente, el régimen castrista pretende imponerle una desproporcionada condena de 25 años de privación de libertad, según la petición fiscal emitida el pasado 12 de junio. Los cargos amañados imputados por el aparato judicial del totalitarismo incluyen supuestos delitos de espionaje, tenencia de armas de fuego, actos contra la seguridad del Estado y vulneración del orden constitucional.
Este panorama evidencia la urgencia con la que los organismos internacionales deben condenar la situación de cada preso político sometido al yugo del castrismo, un sistema descompuesto que sobrevive mediante la violencia institucional, el secuestro de ciudadanos inocentes y la tortura sistemática a familias enteras.