El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas dictó sentencias de entre siete y ocho años de cárcel para ocho presos políticos del movimiento opositor Cuba Primero, tras ser hallados culpables del presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”.
El fallo, contenido en la Sentencia No. 10 de 2026 y emitido el pasado 1 de septiembre, fue dado a conocer este martes por la organización defensora de derechos humanos Cubalex.
El colegio judicial, presidido por los magistrados Jorge Luis García Fajardo, Gilberto Sevilla Castañeda y Esteban Marino Iser Milton, impuso la pena más elevada al acusado Guillermo Carralero López, quien deberá cumplir ocho años de reclusión. El resto de los implicados, Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barros, recibieron condenas de siete años.
De acuerdo con el tribunal, los procesados se integraron en las actividades del movimiento Cuba Primero, participando en la grabación de vídeos y la difusión de contenidos en plataformas digitales. La instancia judicial sostiene que dicha organización presuntamente persigue “fines terroristas” y tiene como propósito “desestabilizar el orden constitucional y derrocar el sistema político cubano”.
Cuba Primero, fundado por el empresario cubanoamericano Armando Labrador, aboga por una transición democrática pacífica en la isla y ha rechazado categóricamente su inclusión en la lista de grupos terroristas del régimen cubano, realizada en julio de 2025.
Los ocho acusados permanecieron en prisión preventiva durante más de dos años, desde sus respectivas detenciones en marzo y abril de 2024. El juicio oral se celebró el 30 de junio en el interior de la Prisión Provincial El Típico, con una fuerte presencia de agentes de la Seguridad del Estado. Las autoridades justificaron esta sede excepcional argumentando la falta de combustible para trasladar a los reclusos hasta el palacio de justicia, una medida que, en la práctica, limitó el acceso de los familiares y de observadores independientes al proceso.
Uno de los condenados, Carlos Alberto McDonald Ennis, quien padece un grave estado de salud que incluye desnutrición severa, diabetes mellitus y un tumor, fue excarcelado bajo fianza en junio pasado, antes de que se conociera la resolución final. La Fiscalía había solicitado originalmente penas que oscilaban entre los seis y los nueve años, por lo que las condenas definitivas quedaron por debajo del máximo requerido por la acusación.
Este fallo se suma a la ratificación, por parte del Tribunal Supremo Popular de Cuba el pasado 8 de agosto, de las condenas de 14 y 13 años impuestas a otros dos presos políticos recluidos en la misma provincia, Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, por cargos similares.
Cubalex denunció que estas resoluciones forman parte de una estrategia sistemática de represión. La organización advierte que “condenas de hasta ocho años de prisión por acciones vinculadas al activismo y la expresión de opiniones críticas evidencian la severidad con la que se castiga cualquier forma de oposición en Cuba”.
Asimismo, alertan de que “estas sanciones profundizan la persecución y buscan generar temor para inhibir otras expresiones de disenso”, en un clima donde Prisoners Defenders reportó un récord histórico de 1.207 presos políticos en la isla a inicios de 2026.
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