La organización defensora de derechos humanos Prisoners Defenders reveló en su informe mensual más reciente una cifra sin precedentes de presos políticos en Cuba, al contabilizar 1.260 personas encarceladas por motivos políticos hasta finales de abril.
El documento expuso una nueva escalada represiva ejecutada por el régimen castrista, marcada por torturas, amenazas de muerte, agresiones sexuales dentro de las prisiones y persecución sistemática contra opositores, periodistas independientes y familiares de activistas.
El informe de la ONG precisó que durante abril se incorporaron 23 nuevos casos de presos políticos en Cuba, entre ellos menores de edad, artistas, sindicalistas y deportistas. La organización sostuvo que la maquinaria represiva de la dictadura cubana continuó ampliando su alcance mediante arrestos arbitrarios y procesos judiciales sin garantías legales.
Según el reporte, cientos de detenidos sufrieron un deterioro severo de salud debido a las condiciones carcelarias y a la falta de atención médica especializada. La ONG documentó que 449 presos políticos en Cuba presentaron enfermedades graves, mientras que otros 51 padecieron trastornos mentales sin acceso adecuado a tratamiento psiquiátrico.
El informe también alertó sobre la presencia de 142 mujeres encarceladas por razones políticas y de 35 menores de edad víctimas de hostigamiento por parte del régimen de Cuba. Para la organización, estas cifras evidenciaron que la represión política en la isla alcanzó niveles estructurales y afectó a sectores cada vez más amplios de la sociedad.
El caso de “Spiderman”, campeón cubano de MMA detenido por protestar entre los presos políticos en Cuba
Uno de los casos más notorios reflejados en el documento sobre los presos políticos en Cuba fue el de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, campeón cubano de artes marciales mixtas. El deportista permaneció nueve días protestando de manera individual dentro de su vivienda antes de ser detenido arbitrariamente por agentes del régimen castrista.
De acuerdo con la denuncia, las autoridades lo mantuvieron incomunicado y posteriormente confirmaron su traslado a Villa Marista, centro de detención ampliamente denunciado por opositores y organizaciones de derechos humanos debido a presuntas prácticas de tortura psicológica y física.
Prisoners Defenders señaló que el aparato represivo intentó desacreditarlo alegando supuestos trastornos psiquiátricos, aunque un peritaje médico oficial desmintió esa versión.
Otro caso incluido en el informe sobre los presos políticos en Cuba fue el de Andy Michel Osorio Velázquez, instructor de arte en Holguín, quien terminó arrestado sin pruebas concretas ni proceso judicial transparente. La ONG denunció que el régimen utilizó delitos ambiguos como “desórdenes públicos” y “sabotaje” para criminalizar cualquier manifestación de descontento social.
Familias de opositores también son blanco de la represión
La persecución política también golpeó a familiares de opositores y ciudadanos que denunciaron abusos económicos y sociales. El matrimonio conformado por Alexeis Serrano Águila y Delis Frómeta Suárez fue detenido en Santiago de Cuba después de cuestionar públicamente una multa de 16.000 pesos cubanos, cifra que supera ampliamente el salario promedio mensual en la isla.
Durante el tiempo que permaneció encarcelado, Alexeis sufrió un grave deterioro físico, mientras que su esposa recuperó la libertad bajo fianza pero quedó sometida a amenazas e intimidación constante por parte de agentes vinculados a la Seguridad del Estado.
El informe indicó además que la represión contra los presos políticos en Cuba ya no se limitó únicamente a líderes opositores visibles, sino que se extendió a periodistas independientes, sindicalistas y familiares de activistas exiliados. La ONG denunció una dinámica de vigilancia, hostigamiento y castigo destinada a sembrar miedo entre quienes cuestionan públicamente al régimen castrista.
Menores encarcelados y enviados a prisiones para adultos
Entre los datos más alarmantes sobresalió la situación de los menores encarcelados. Prisoners Defenders confirmó que actualmente 14 adolescentes permanecen en prisión por razones políticas. Cuatro de ellos fueron arrestados tras las protestas ocurridas en Morón, provincia de Ciego de Ávila, donde ciudadanos reclamaron electricidad, agua potable y alimentos.
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La organización destacó especialmente el caso de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años trasladado a la prisión de máxima seguridad Canaleta, destinada a adultos. El joven padeció dishidrosis severa y enfermedades inmunológicas, condiciones que agravaron los riesgos dentro del sistema penitenciario cubano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares urgentes para proteger al menor al considerar que enfrentó “un riesgo grave e irreparable” para su vida e integridad física.
Prisoners Defenders denunció además que varios menores procesados políticamente enfrentaron condenas promedio de cinco años de prisión, aunque en algunos casos las peticiones fiscales alcanzaron hasta 20 años.
El informe sostuvo que la presencia de adolescentes en cárceles comunes violó estándares internacionales reconocidos incluso por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La ONG concluyó que el incremento sostenido de presos políticos en Cuba confirmó el endurecimiento represivo del régimen castrista en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.
Finalmente, la organización reiteró que la comunidad internacional debe mantener la presión sobre las autoridades cubanas y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba, así como el cese de las torturas, las detenciones arbitrarias y las prácticas de persecución contra quienes ejercen derechos fundamentales en la isla.
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