Estados Unidos deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) señalado por su participación en graves violaciones de derechos humanos contra opositores y manifestantes durante los primeros años del régimen de Nicolás Maduro.
La expulsión puso nuevamente bajo escrutinio el historial de represión atribuido al antiguo jefe militar, quien permaneció durante años en territorio estadounidense después de abandonar Venezuela.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que ejecutó la expulsión el 18 de agosto de 2026, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. La agencia estadounidense describió al venezolano como un conocido violador de derechos humanos que participó en la detención y tortura de disidentes políticos.
La deportación de Rafael José Quero Silva cerró así su permanencia de aproximadamente una década en Estados Unidos, pero reabrió interrogantes sobre las responsabilidades derivadas de su actuación cuando ocupó posiciones de mando dentro de uno de los principales cuerpos utilizados para contener las protestas contra el chavismo.
Antes de instalarse en territorio estadounidense, Rafael José Quero Silva estuvo al frente de un destacamento de la GNB en Barquisimeto, estado Lara. De acuerdo con los antecedentes citados por las autoridades estadounidenses, el entonces oficial estuvo involucrado o tuvo conocimiento del uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las torturas perpetradas contra ciudadanos que participaron en manifestaciones contra Maduro.
Los señalamientos más graves se remontaron a 2013. Informes citados por ICE indicaron que el exmilitar supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos detenidos durante las protestas.
Las prácticas descritas contra los detenidos incluyeron descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, además de amenazas de violación y otras modalidades de violencia física, psicológica y sexual.
Esas acusaciones colocaron a Rafael José Quero Silva entre los antiguos funcionarios del aparato chavista señalados por presuntos abusos contra ciudadanos que desafiaron políticamente al poder establecido en Venezuela.
Rafael José Quero Silva permaneció en Estados Unidos después de ingresar en 2016
Rafael José Quero Silva llegó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami. Según ICE, ingresó legalmente al país, pero posteriormente incumplió las condiciones de su admisión al permanecer en territorio estadounidense más allá del período autorizado.
Su estadía se prolongó durante varios años hasta que las autoridades migratorias lo detuvieron el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida.
La presencia de Rafael José Quero Silva en Estados Unidos resultó especialmente controvertida debido a los antecedentes que arrastró desde Venezuela y a los testimonios que lo relacionaron con episodios de represión política.
Además del procedimiento migratorio, cinco venezolanos presentaron en diciembre de 2025 una demanda contra el antiguo oficial ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Los demandantes alegaron que Rafael Quero Silva facilitó y participó en las torturas que sufrieron cuando estuvo al frente de una unidad de la GNB en Barquisimeto.
El expediente judicial permaneció activo durante 2026. El 10 de agosto, pocos días antes de la expulsión, una magistrada federal concedió una petición de los demandantes destinada a obligar al exmilitar a entregar información y responder requerimientos dentro del proceso.
ICE: Estados Unidos no será refugio para violadores de derechos humanos
La operación para expulsar a Rafael José Quero Silva involucró a la oficina de ICE en Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y el Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.
Matthew Elliston, director de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE en Miami, defendió la actuación de las autoridades estadounidenses y subrayó el compromiso de impedir que el país se convierta en refugio para personas involucradas en persecución y tortura.
“Los agentes del ICE continúan expulsando a los violadores de derechos humanos a sus países de origen”, señaló Elliston al anunciar oficialmente la medida.
El funcionario agregó que Estados Unidos mantiene su compromiso con la seguridad pública y nacional y con evitar que su territorio sirva como refugio para individuos involucrados en persecuciones, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos.
ICE también presentó cifras que dimensionaron sus operaciones contra sospechosos de cometer este tipo de delitos. Desde 2003, la agencia detuvo a más de 520 personas por violaciones de derechos humanos mediante diferentes disposiciones migratorias y penales.
Asimismo, las autoridades obtuvieron órdenes de deportación y expulsaron de Estados Unidos a más de 1.170 presuntos responsables de violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. La agencia facilitó además la salida de otros cientos de individuos y emitió decenas de miles de alertas relacionadas con posibles responsables de abusos.