La desesperación se apodera de Raúl Rodríguez Ruiz, un campesino en Santiago de Cuba que vive junto a su esposa, Adela González, quien es discapacitada, ya que el régimen los amenazó con desalojarlos de su vivienda.
El matrimonio vive en Songo la Maya desde hace varios años, ellos afirman que nunca han recibido ayuda del castrismo.
“Nosotros hemos sido abandonados por el Gobierno, nunca hemos recibido ninguna ayuda, ni siquiera porque mi esposa Adela es discapacitada. Ahora también nos quieren desalojar, estoy desesperado”, comentó al portal CubaNet.
Raúl de 61 años, compró una casa en Coronel Mejías No. 17, Alto Songo, Santiago de Cuba, en el año 1998. En ese momento, la compra y venta de viviendas estaba prohibida en Cuba, por lo que el acuerdo se llevó a cabo al margen de la ley.
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El antiguo propietario realizó un comprobante improvisado en el que constataba la venta de la propiedad a Raúl por un valor de cinco mil pesos.
Escogieron unos testigos y firmaron. Nunca antes había sido molestado, hasta ahora.
Su esposa Adela, tiene 51 años y padece de una condición física hereditaria. Perdió la visión en unos de sus ojos. La misma patología le impide moverse, ni siquiera puede caminar sola.
Se mueve por la casa gracias a unas cuerdas que Raúl colocó.
“Ella se ha caído al suelo muchas veces cuando está sola, pero no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Aunque gano 300 pesos al mes, es lo único con lo que puedo comprar sus medicinas y mal comer”, afirmó el esposo.
La casa no posee las mínimas condiciones para albergar personas, pero a estos cubanos no les queda de otra.
Sin embargo hace un tiempo, el régimen los amenazó con quitárselas, condenándolos a la calle.
“He ido a las oficinas de Vivienda en el municipio y no me han dado respuestas. Yo no me puedo quedar esperando. El Estado tiene que hacerse cargo de mi problema y darme una solución, o de lo contrario, no me callaré, no me voy a callar, para que todo el mundo se entere de lo que tiene que pasar una persona con discapacidad en Cuba”, expresó.
Al respecto, y con el objetivo de explicar si el caso puede resultar favorable para esta familia, Julio Ferrer Tamayo, abogado del grupo Cubalex expresó:
“Sí tienen posibilidades. Con el Decreto Ley 288 de 2011, fue legalizada la compraventa de viviendas entre particulares A partir de esa disposición legal, las compras de viviendas hechas con anterioridad dejaron de ser ilícitas, ofreciendo la posibilidad de que los que habían efectuado tales negocios al margen de la ley acudieran a las entidades competentes, dígase Vivienda y Notaria, para legalizar esa compraventa.”
Redacción Cubanos por el Mundo