El régimen castrista inmovilizó 181 vehículos —principalmente motos, triciclos eléctricos y triciclomotores— en el Centro Provincial de Depósito de Santiago de Cuba, bajo el pretexto de infracciones a la Ley 109 del Código de Seguridad Vial.
Entre las supuestas violaciones figuran estacionamiento indebido, conducción sin licencia vigente, deficiencias técnicas y modificaciones ilegales en los tubos de escape, como la instalación de resonadores, según la propaganda oficialista.
La emisora CMKC Radio Revolución, fiel al estilo de la dictadura, presentó la operación como un simple control vial, pero en realidad refuerza la represión cotidiana y el control absoluto que la dictadura ejerce sobre la población.
La tiranía ha provocado una crisis extrema de transporte en toda la isla mediante apagones prolongados, escasez total de combustible y la eliminación sistemática de las rutas de transporte público estatal, dejando al pueblo en condiciones de miseria absoluta.
En este escenario impuesto por el castrismo, los vehículos privados se han convertido en la única alternativa real de movilidad para miles de cubanos en Santiago de Cuba y otras provincias, ya que permiten desplazarse a trabajar, acceder a servicios básicos o mover mercancías de forma informal.
El régimen busca destruir precisamente esa mínima capacidad de supervivencia, con el objetivo de mantener su dominio total y perpetuar el sufrimiento y la dependencia del pueblo cubano.
La medida generó rechazo inmediato y masivo en redes sociales, donde los usuarios denunciaron la arbitrariedad extrema aplicada en plena crisis de transporte.
Una internauta expresó con indignación: “¿En serio con la situación que estamos viviendo? Ahora que está tan malo el transporte deciden ser tan radicales y recoger lo poco que está moviendo a la población en la calle? Esto es una locura”.
Otros usuarios destacaron que las autoridades exigen el chip de factura de gasolina comprada en dólares para liberar los vehículos retenidos, configurando un proceso típico de retención, prohibición, multa y decomiso que equivale a robo institucionalizado por la dictadura.
En contraste, en la provincia de Holguín el régimen anunció permisos especiales temporales para triciclos eléctricos y motorinas, lo que solo evidencia su hipocresía y el manejo selectivo del control represivo.
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Hasta el momento la cúpula mafiosa no ha proporcionado detalles sobre cuántos vehículos podrían recuperarse, los plazos, los costos asociados ni las consecuencias en la movilidad diaria de los santiagueros.
Redacción de Cubanos por el Mundo