La represión contra los presos políticos en Cuba adquirió una nueva dimensión en medio del deterioro económico y social que atraviesa la Isla. Mientras millones de cubanos enfrentaron apagones prolongados, la falta de alimentos y el colapso de los servicios públicos, el régimen castrista aprovechó la crisis del transporte para dificultar el contacto entre los reclusos políticos y sus familiares, según denunció la organización jurídica Cubalex.
La entidad sostuvo que las autoridades penitenciarias profundizaron una práctica que ya había sido cuestionada por organismos internacionales: trasladar a los presos políticos a cárceles ubicadas a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia, una medida que incrementó el sufrimiento tanto de los encarcelados como de sus seres queridos.
En un informe reciente, Cubalex explicó que esta política dejó de ser únicamente un mecanismo administrativo para convertirse en una estrategia represiva favorecida por el deterioro del sistema de transporte nacional.
“El traslado deliberado de prisioneros políticos a centros penitenciarios distantes de sus provincias de origen funciona como una extensión del castigo que afecta directamente a sus familias”, denunció la organización.
La ONG añadió que la crisis del transporte terminó favoreciendo los intereses del régimen.
“Al colapsar el transporte masivo, se vuelve económicamente inviable para las familias viajar para ejercer su derecho a las visitas o entregar la ‘jaba’ con alimentos y medicinas esenciales para la supervivencia del recluso”, afirmó Cubalex.
Decenas de presos permanecieron alejados de sus hogares
La represión contra los presos políticos en Cuba quedó reflejada en las cifras recopiladas por la organización. Cubalex documentó al menos 55 casos de personas encarceladas por motivos políticos que permanecieron recluidas lejos de sus provincias de origen.
El informe precisó que 49 correspondieron a hombres y seis a mujeres, mientras que La Habana concentró el mayor número de traslados forzados, con 20 prisioneros enviados a establecimientos penitenciarios ubicados fuera de la capital.
La organización señaló además que cerca de la mitad de estos reclusos permaneció a más de 100 kilómetros de sus hogares y que alrededor del 15% fue enviado a distancias superiores a los 500 kilómetros, una situación que dificultó aún más el contacto familiar debido a la escasez de transporte y los elevados costos de traslado.
Para muchas familias, visitar a sus seres queridos dejó de ser una posibilidad real. Además del tiempo de viaje, enfrentaron la falta de combustible, la reducción de rutas de transporte y los altos precios del transporte privado.
Casos que evidenciaron el aislamiento
Entre los expedientes documentados, Cubalex destacó la situación de Danisbel Labrada Morales, Carlos Alain Abrahantes y Luis Alberto Palacio, quienes permanecieron recluidos en Camagüey mientras sus familiares residen en Cienfuegos.
La organización denunció que, además del alejamiento geográfico, las autoridades penitenciarias rechazaron las transferencias de dinero destinadas a estos presos, lo que complicó aún más su acceso a productos básicos.
Otro de los casos señalados fue el de Lizandra Góngora, quien permaneció encarcelada en la Isla de la Juventud, lejos de su entorno familiar.
Asimismo, Cubalex denunció que Walnier Luis Aguilar fue trasladado hacia una prisión en Matanzas como represalia por reclamar el respeto de sus derechos dentro del sistema penitenciario.
La organización también alertó sobre la suspensión arbitraria de visitas al preso político Yordanis Díaz Lozano, recluido en el Combinado del Este, así como sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentó Yanet Pérez Quevedo.
Una práctica cuestionada por organismos internacionales
La represión contra los presos políticos en Cuba no solo afectó las condiciones materiales de los reclusos, sino también su estabilidad emocional.
Cubalex sostuvo que el aislamiento territorial debilitó el respaldo familiar, elemento considerado esencial para la supervivencia física y psicológica de quienes permanecen encarcelados.
“Esta dispersión intencional debilita las redes de apoyo emocional y material de los presos políticos, vulnerando sus derechos fundamentales y extendiendo el sufrimiento penal a sus familiares”, afirmó la organización.
La entidad recordó que diversos organismos internacionales especializados en derechos humanos catalogaron este tipo de prácticas como una modalidad de destierro interno, debido a que impidieron el mantenimiento de vínculos familiares y aumentaron el aislamiento de los prisioneros.
Denuncias de violencia dentro de las cárceles
Las acusaciones contra el régimen castrista no se limitaron a los traslados. Cubalex denunció recientemente que el director de la prisión Kilo 8, en Camagüey, identificado como el mayor Leonardo Suárez Reyes, “habría ordenado a reclusos comunes colocar cuchillos y sustancias químicas en sus celdas y agredirlos para intimidarlos e impedir que denuncien los abusos que sufren”.
La organización advirtió que estos hechos formarían parte de un patrón de intimidación dirigido a silenciar las denuncias sobre las condiciones de encarcelamiento.
Crisis penitenciaria agravada por el colapso nacional
La represión contra los presos políticos en Cuba coincidió además con el deterioro general del sistema penitenciario, agravado por la profunda crisis económica y energética que afectó al país.
Un informe divulgado recientemente por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas describió un panorama marcado por el desabastecimiento y las deficientes condiciones sanitarias dentro de los penales.
Las denuncias incluyeron alimentación insuficiente y en mal estado, casos de desnutrición, escasez de agua potable, instalaciones deterioradas, ausencia de colchones, proliferación de ratas e insectos, además de brotes de enfermedades infecciosas.
Estas condiciones, sumadas a las restricciones para recibir alimentos, medicinas y apoyo económico de sus familiares, incrementaron las dificultades que enfrentaron los presos políticos en distintas cárceles del país.
En medio de este contexto, el régimen castrista consolidó un mecanismo de presión que convirtió el colapso del transporte nacional en un nuevo instrumento para profundizar la persecución política dentro de Cuba.
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