La administración estadounidense incrementó este jueves su presión sobre la dictadura cubana con nuevas sanciones a CUPET (Unión Cuba-Petróleo), la empresa estatal encargada de la gestión petrolera en la isla.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la medida y acusó al régimen castrista de utilizar durante décadas los recursos energéticos como un mecanismo de control político mientras millones de cubanos enfrentaron apagones, escasez de combustible y un deterioro sostenido de sus condiciones de vida.
El anuncio representó un nuevo capítulo en la estrategia de Washington para aislar a entidades consideradas fundamentales para el sostenimiento del aparato de poder de La Habana.
Sanciones a CUPET, una empresa clave dentro del aparato estatal castrista
Las sanciones a CUPET fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, y se sumaron a otras medidas recientes dirigidas contra altos funcionarios y organismos vinculados al régimen.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Rubio explicó las razones detrás de la decisión y responsabilizó directamente a la empresa estatal por servir a los intereses de la cúpula gobernante.
“Las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma de control social y lucro cleptocrático”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Las declaraciones del funcionario llegaron en medio de una profunda crisis energética que afectó a toda la Isla durante los últimos meses. Los extensos apagones, la falta de combustible y las constantes interrupciones del servicio eléctrico provocaron protestas ciudadanas y aumentaron el descontento popular contra la dictadura cubana.
Según Rubio, las autoridades castristas priorizaron históricamente el uso de los recursos energéticos para mantener sus privilegios políticos y garantizar el funcionamiento de estructuras destinadas a preservar el control interno.
“Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible”, señaló.
Las nuevas sanciones a CUPET buscaron precisamente atacar una de las principales fuentes de gestión y distribución de combustible en Cuba. Desde Washington sostuvieron que la empresa desempeñó un papel clave en la administración de recursos energéticos utilizados para sostener mecanismos de vigilancia, represión y movilización política.
Rubio denunció privilegios para la élite gobernante
El secretario de Estado aseguró que mientras la población padeció prolongados cortes eléctricos, el combustible disponible fue destinado a sectores considerados prioritarios por la élite comunista.
Entre esos destinos mencionó el funcionamiento del avión privado utilizado por la familia Castro, el abastecimiento de las fuerzas de seguridad encargadas de la represión interna, las instalaciones turísticas controladas por el Estado y la movilización de personas hacia actividades políticas organizadas por el Gobierno.
Las acusaciones reforzaron la narrativa sostenida por Washington de que el régimen castrista utilizó los recursos nacionales para preservar su estructura de poder en lugar de atender las necesidades básicas de los ciudadanos.
Las sanciones a CUPET también enviaron una señal política en momentos en que la crisis económica cubana continuó agravándose. La escasez de alimentos, medicamentos y combustible se combinó con una inflación persistente y un éxodo migratorio sin precedentes.
Una ofensiva que comenzó días atrás
La decisión anunciada por Rubio no surgió de manera aislada. Apenas días antes, Estados Unidos había lanzado una amplia ofensiva de sanciones contra figuras centrales del aparato político cubano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sancionados al gobernante Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza, a Manuel Anido Cuesta, a Alejandro Castro Espín y a Raúl Alejandro Castro Calis.
Aquellas medidas también alcanzaron a varias entidades estrechamente vinculadas al poder estatal.
Entre las organizaciones sancionadas figuraron el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Amistur Cuba S.A. y Minera La Victoria S.A.
Con la incorporación de CUPET a esa lista, Washington amplió el alcance de las restricciones y colocó bajo presión a uno de los sectores estratégicos para la supervivencia económica del régimen.
La crisis energética sigue golpeando a los cubanos
Las nuevas sanciones a CUPET llegaron precisamente cuando el suministro eléctrico continuó siendo una de las mayores preocupaciones para las familias cubanas.
Expertos atribuyeron el colapso del sistema a décadas de falta de inversión, deterioro de la infraestructura y dependencia de combustibles importados. Sin embargo, desde sectores críticos del castrismo también señalaron que la gestión estatal contribuyó significativamente al agravamiento del problema.
Mientras el régimen intentó responsabilizar al embargo estadounidense por la crisis, funcionarios norteamericanos insistieron en que las restricciones estuvieron dirigidas contra estructuras gubernamentales y no contra la población.
Con estas sanciones a CUPET, la administración estadounidense profundizó su estrategia de presión sobre la dictadura cubana y dejó claro que continuará enfocando sus acciones en entidades consideradas esenciales para el sostenimiento político y económico del régimen castrista.
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