Hay palabras que, en boca equivocada, se convierten en su propio antónimo. “Soberanía cubana” es una de ellas. Cuando el embajador Ernesto Soberón Guzmán declaró ante la ONU que “los asuntos internos relacionados con los detenidos no están en la mesa de negociación”, y que la liberación de presos políticos pertenece al ámbito “exclusivo de la soberanía y del sistema legal” de Cuba, no defendió a una nación: defendió a un aparato. No habló por once millones de cubanos: habló por los pocos cientos que han administrado el país como si fuera una finca privada durante más de seis décadas.
Para ver el truco hay que volver a la definición. Y hacerlo despacio, porque el régimen ha fabricado, a fuerza de repetirla, una versión falsificada que no resiste el examen más elemental.
Qué es, de verdad, No la “soberanía” cubana del régimen castrista
La soberanía nacional es el principio según el cual el poder político supremo pertenece a la nación: al pueblo entendido como comunidad política. En teoría —y en cualquier democracia seria— significa que ningún poder, externo ni interno, puede colocarse por encima de la voluntad legítima de los ciudadanos. No el rey, no el partido, no el caudillo, no el general, no el burócrata. El pueblo.
En una democracia real, la soberanía nacional no es un eslogan: se expresa a través de cinco instrumentos concretos y verificables.
Primero, elecciones libres y competitivas. El pueblo decide quién gobierna y, sobre todo, conserva el poder de cambiar al gobierno. Sin alternancia posible, no hay soberanía: hay administración vitalicia disfrazada.
Segundo, separación de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial funcionan con independencia, se vigilan entre sí y se limitan mutuamente. Cuando los tres responden al mismo despacho, el Estado deja de ser un sistema y se convierte en una orden.
Tercero, Estado de derecho. La ley está por encima de todos, empezando por los gobernantes. Nadie —ni el presidente, ni el ministro, ni el coronel— puede actuar al margen de reglas conocidas, estables y aplicables por igual.
Cuarto, derechos fundamentales. Libertad de expresión, de asociación, de prensa, de movimiento, de propiedad, de religión y de participación política. No son concesiones del poder: son la materia misma de la soberanía, porque la soberanía vive en el ciudadano concreto, no en un mapa ni en una bandera.
Quinto, pluralismo político. Ningún partido, cúpula, familia o grupo puede monopolizar la representación de la nación. Donde hay un solo intérprete autorizado del pueblo, ya no hay pueblo: hay ventrílocuo.
Medido contra esta vara —la única que importa en derecho comparado contemporáneo—, Cuba no es una nación soberana desde 1959. Es un territorio administrado en nombre de una soberanía que se le niega, sistemáticamente, a su propio titular.
Cómo la dictadura viola la soberanía, paso a paso
Las dictaduras hablan de soberanía más que cualquier otro sistema político. Es lógico: necesitan la palabra precisamente porque carecen de la cosa. Pero el mecanismo es siempre el mismo, y en Cuba lleva funcionando sesenta y siete años. Vale la pena desmontarlo por partes.
Primero, el régimen secuestra la representación del pueblo. Dice “nosotros somos la nación”, y con esa frase cancela la posibilidad de que la nación hable por sí misma. En Cuba no hay elecciones competitivas —las llamadas “elecciones” son ratificaciones sin oposición—, no hay partidos legales distintos al único autorizado, no hay prensa independiente, no hay alternancia. Cuando se suprimen esos mecanismos, la soberanía deja de residir en el pueblo y se muda, físicamente, a un edificio en El Vedado. Es una mudanza ilegítima, y sin embargo se celebra cada año como si fuera independencia.
Segundo, convierte al Estado en propiedad del partido. El artículo 5 de la Constitución de 2019 consagra al Partido Comunista como “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Esa frase —escrita, firmada, ratificada sin contraparte— es la confesión jurídica del problema: las instituciones ya no sirven a la nación; sirven a la organización que la administra. Tribunales que condenan por encargo, policía que reprime por consigna, Fuerzas Armadas que operan empresas, medios estatales que funcionan como altavoces. Todo el aparato está orientado a conservar el poder, no a proteger al ciudadano. El Estado dejó de ser público hace mucho tiempo.
Tercero, reprime los derechos políticos. Aquí la cuenta es tan concreta que duele. El cubano no puede manifestarse: el 11 de julio de 2021 salió a la calle y la respuesta fueron palizas, juicios sumarios y condenas de hasta treinta años. Cinco años después, decenas siguen presos. El cubano no puede asociarse libremente: no hay sindicatos independientes, no hay colegios profesionales autónomos, no hay partidos. El cubano no puede fundar un medio, ni publicar sin riesgo, ni viajar sin vigilancia. Cada uno de esos cierres es una amputación de soberanía. Porque la soberanía —conviene repetirlo hasta que se grabe— no vive en discursos ni en desfiles: vive en derechos concretos y ejercibles de ciudadanos concretos y vivos.
Cuarto, usa el nacionalismo como escudo. Quien reclama libertad es acusado de “traición”, “injerencia extranjera” o “servir al enemigo”. Al exiliado, que es uno de cada cinco cubanos, se le llama “gusano”. Al opositor interno, “mercenario”. Al periodista independiente, “agente”. Este es quizás el truco más cínico: convertir la soberanía en pretexto para silenciar al único verdadero soberano, que es el pueblo. Pero hay que decirlo con todas las letras: reclamar derechos no es atacar a la nación; es, precisamente, ejercer la soberanía ciudadana. Los que defienden la soberanía real son los que piden elecciones, rendición de cuentas y libertades. Los que la traicionan son los que las impiden.
Quinto, entrega la soberanía real mientras proclama la retórica. Un régimen puede gritar “independencia” en cada plaza y al mismo tiempo depender, económica y políticamente, de potencias extranjeras sucesivas —la Unión Soviética hasta 1991, Venezuela mientras pudo pagar, hoy una mezcla precaria de turismo, remesas y acuerdos opacos con otros actores—. Puede gritar “patria” mientras una minoría privilegiada controla hoteles, divisas, tierras, puertos y decisiones estratégicas sin rendir cuentas a nadie. GAESA, el conglomerado militar, maneja la economía dolarizada del país sin auditoría pública, sin parlamento que la fiscalice, sin periodismo que la investigue sin riesgo de cárcel. ¿Dónde está la soberanía? No está donde la dice el discurso. Está, en los hechos, privatizada.
El presupuesto que nadie puede pedir ver
Hay una prueba particularmente brutal de este secuestro, y conviene subrayarla. El ciudadano cubano no puede exigir que se le rindan cuentas de las cuentas nacionales. ¿Cuánto ingresa el Estado por remesas, turismo, exportación de servicios médicos, acuerdos con terceros países? ¿Cuánto gasta, y en qué? ¿Por qué hay apagones de catorce horas mientras hay hoteles nuevos vacíos? ¿Por qué falta insulina mientras sobran uniformes? ¿Cuánto se va en seguridad interna, cuánto en salud, cuánto en el aparato ideológico?
Nadie puede preguntarlo sin consecuencias. No hay una Contraloría independiente. No hay una ley de acceso a la información pública con garantías reales. No hay un parlamento capaz de citar a un ministro y removerlo. No hay prensa que pueda investigar sin ser clausurada. Un pueblo al que se le prohíbe ver sus propias cuentas no es un pueblo soberano: es, en el mejor de los casos, un pueblo tutelado. En el peor, uno expoliado.
El truco retórico de “los asuntos internos”
La frase del embajador Soberón Guzmán —los asuntos internos no se negocian— es un clásico de la diplomacia autoritaria. La usó la Sudáfrica del apartheid. La usó la Argentina de Videla. La usó la Rumanía de Ceaușescu. En todos los casos significó lo mismo: déjennos reprimir en paz.
El argumento, además, es jurídicamente falso. Desde la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966, los derechos humanos no son asuntos internos. Son obligaciones oponibles frente a toda la comunidad internacional. Ningún Estado puede escudarse en su soberanía para torturar, desaparecer o encarcelar por opinión. Cuando lo hace, no ejerce soberanía: la traiciona, porque la única soberanía legítima es la que emana de los ciudadanos cuyos derechos se están violando.
Exigir la liberación de los presos del 11J, de los artistas del Movimiento San Isidro, de los periodistas encarcelados, de los cubanos que pagaron con años de vida el haber filmado una protesta, no es injerencia. Es lo mínimo que un sistema internacional decente debería exigir. Lo extraño no es que Washington lo pida; lo extraño es que haya que pedirlo.
Una matización a la Administración Trump
Este editorial no avala sin reservas la estrategia de la Casa Blanca. Los ultimátums, cuando se gestionan mal, le regalan al régimen la narrativa que más necesita: la del David acorralado por el Goliat imperial, el relato que permite explicar sesenta y siete años de fracasos propios con el dedo apuntando al enemigo ajeno. Conviene separar dos planos. Uno: el método puede discutirse, y debería discutirse. Dos: el fondo del reclamo —que personas encarceladas por pensar, por filmar, por cantar, por marchar, sean liberadas— es irrenunciable. Confundir ambos planos es hacerle el juego al régimen.
LEA TAMBIÉN: Otaola ratifica que sanción contra Díaz-Canel no es suficiente (+VIDEO)
Sesenta y siete años sin soberano
Hagamos las cuentas. Una persona nacida en 1959 cumple este año 67. Es decir: no hay un solo cubano vivo en edad adulta que haya votado en una elección genuinamente competitiva para elegir al jefe del Estado de su país. Ninguno ha auditado un presupuesto nacional. Ninguno ha visto a un presidente rendir cuentas ante un parlamento con poder real para removerlo. Ninguno ha podido formar, sin permiso, un partido político, un sindicato independiente, un periódico libre. Ninguno ha podido demandar al Estado y ganar.
Eso no es una nación soberana. Es una nación capturada.
La soberanía del pueblo cubano lleva secuestrada sesenta y siete años. Y los secuestradores, desde el atril de Naciones Unidas, se atreven a invocarla para impedir que se libere a quienes reclaman, precisamente, recuperarla.
LEA TAMBIÉN: Otaola a Díaz-Canel tras despliegue militar de EEUU en el Caribe: ¿Y la orden de combate dónde está? (+VIDEO)
Lo que hay que nombrar
El embajador Soberón Guzmán dijo que Cuba se “prepara para todos los escenarios”. Nosotros también. El escenario que nos importa no es el de las sanciones, ni el de las negociaciones bilaterales, ni el de los plazos de dos semanas. El escenario que nos importa es aquel en el que un cubano pueda manifestarse sin miedo, elegir sin trampa, asociarse sin permiso, publicar sin cárcel, exigir cuentas sin exilio, regresar sin humillación y ser llamado por su nombre y no por el insulto “gusano”. Ese escenario se llama, en cualquier diccionario serio del derecho y de la política, soberanía popular. Todo lo demás es decorado.
Que quede claro, entonces, para el embajador Soberón Guzmán y para quienes lo enviaron a Nueva York a repetir un libreto: cuando un régimen reclama soberanía para encarcelar a su pueblo, no está defendiendo a la nación. Está defendiéndose de ella.
Y ese día, más temprano que tarde, la nación dirá la última palabra. Porque la soberanía, aunque se la secuestre durante sesenta y siete años, no prescribe. Espera. Y vuelve.