Miami, 10 de enero de 2026. El abogado cubano Santiago Alpízar, vinculado a la iniciativa Cuba Demanda, presentó públicamente una propuesta para solicitar formalmente a las autoridades cubanas la declaración de “estado de desastre o emergencia nacional”, apoyándose en la propia Constitución vigente en la isla. La estrategia, explicó, busca documentar el descontento ciudadano, exigir medidas urgentes por la crisis interna y abrir un “camino constitucional” hacia cambios políticos.
Durante una conversación grabada en video, Alpízar defendió que, a diferencia del concepto de “Estado fallido” —que considera más bien “doctrinal y discursivo”—, la figura de estado de emergencia/desastre sí tendría carácter jurídico, presente “en casi todas las constituciones”, incluida la cubana. Según su argumentación, Cuba estaría desde hace tiempo en condiciones que justificarían esa declaración.
¿Qué propone exactamente la iniciativa?
Alpízar indicó que la petición se fundamenta en artículos constitucionales sobre soberanía popular, derechos ciudadanos y servicios públicos. En su intervención, sostuvo que la crisis nacional se evidenciaría en deterioro del sistema de salud, crisis energética y alimentaria, escasez de combustible y debilitamiento de servicios esenciales.
La propuesta incluye, entre sus puntos principales, que la Presidencia cubana:
- Declare de inmediato el estado de desastre o emergencia nacional.
- Reconozca la soberanía popular y responda públicamente a la denuncia.
- Disponga la liberación inmediata e incondicional de presos políticos y de conciencia, según mencionó.
- Autorice la apertura de puertos, aeropuertos y fronteras para canalizar ayuda humanitaria “sin control de estructuras represivas”, coordinada por entidades religiosas, organizaciones humanitarias y sociedad civil.
- Constituya un gobierno provisional de transición y convoque elecciones libres, plurales y verificables en un plazo máximo de 12 meses, según afirmó.
El jurista insistió en que el objetivo no sería “empoderar” al gobierno, sino usar el marco constitucional como protocolo de salida y como herramienta para respaldar reclamos ciudadanos “con sustento legal”.
La meta: firmas dentro y fuera de la isla
Uno de los ejes del plan es la movilización masiva de apoyo ciudadano. Alpízar sostuvo que la iniciativa podría reunir millones de firmas en la diáspora y subrayó como reto central obtener al menos 50.000 firmas dentro de Cuba, además de su defensa pública. En su exposición, describió el componente “difícil” como lograr participación interna sostenida, dadas las condiciones de presión y temor que, según dijo, se viven en la isla.
Asimismo, señaló que la acumulación de firmas tendría valor como registro verificable ante actores internacionales, al permitir demostrar “por escrito” un nivel de inconformidad social, más allá de declaraciones políticas.
Envíos de memorandos y contactos institucionales en EE. UU.
Alpízar afirmó que, de forma paralela, han remitido memorandos legales a distintas instancias del gobierno estadounidense, incluyendo la Casa Blanca y varios departamentos federales, además de oficinas de representantes. En su intervención, argumentó que estos documentos buscan sustentar posibles acciones legales contra funcionarios del gobierno cubano, basadas en presuntas conexiones y cooperación internacional en materia de seguridad.
Estas afirmaciones forman parte de su narrativa jurídica y política y fueron presentadas por él como elementos de contexto para reforzar la urgencia del reclamo, especialmente en un escenario regional que describió como cambiante.
Apéndice | Base jurídica y ruta propuesta para la declaración de “estado de emergencia o desastre nacional”
En su intervención, el abogado Santiago Alpízar sostuvo que la figura del “estado de emergencia” o “estado de desastre” no debe confundirse con expresiones políticas como “Estado fallido”. Según explicó, mientras “Estado fallido” es una categoría doctrinal o discursiva, el “estado de emergencia/desastre” sería una figura jurídica prevista en el marco constitucional, activable cuando concurre un conjunto de circunstancias que así lo ameriten.
Alpízar afirmó que Cuba se encuentra “desde hace mucho rato” en una situación compatible con emergencia y desastre nacional, y citó como sustento el artículo 128 de la Constitución vigente, al que aseguró haber recurrido previamente. De acuerdo con su planteamiento, dicho artículo reconoce facultades y, a la vez, impone una obligación a la Presidencia de la República —cargo que actualmente ocupa Miguel Díaz-Canel Bermúdez— para declarar formalmente esa situación excepcional cuando el contexto lo requiera.
¿Quién la declara, quién la solicita y cómo se impulsa?
En términos operativos, Alpízar señaló tres componentes:
Exigibilidad frente al propio marco legal del régimen: argumentó que los gobiernos “están obligados a cumplir sus propias leyes” y que la presión social documentada, en su lectura, colocaría a las autoridades ante la necesidad de responder a la petición.
Solicitud ciudadana masiva: aseguró que sería posible reunir millones de firmas de cubanos en el exterior (diáspora/exilio) y, especialmente, alcanzar un umbral de 50.000 firmas dentro de Cuba.
Defensa pública dentro de la isla: subrayó que el elemento más complejo sería que esa solicitud no solo se firme, sino que sea respaldada de manera visible en espacios públicos, como expresión de demanda cívica.
Enfoque en legitimidad y documentación internacional
En el intercambio, Alpízar y sus interlocutores destacaron que este tipo de procedimientos —aunque puedan ser ignorados por las autoridades cubanas— tendrían impacto en el plano internacional porque generan evidencia documental: acuses, solicitudes, textos presentados y registros que permitirían responder a preguntas recurrentes en foros y organismos sobre si “se agotaron los recursos disponibles”.
El abogado recordó además una solicitud similar presentada en 2021 y sostuvo que, en aquel momento, el Tribunal Supremo respondió negando la necesidad de declarar un estado de desastre, afirmación que utilizó para insistir en la importancia de volver a documentar el reclamo en el contexto actual.
Llamado a participación y difusión en redes
Como parte de la estrategia de visibilización, Alpízar llamó a una participación amplia y a promover la iniciativa en redes sociales mediante etiquetas que, según comentó, ya circulan entre activistas y usuarios. También señaló que el procedimiento de llenado estaría disponible en línea y que se habría preparado una guía explicativa para facilitar su uso.