Mientras Cuba se prepara para las elecciones parlamentarias del 26 de marzo, los grupos de oposición están llamando a un boicot, alegando que el gobierno ha bloqueado la postulación de sus candidatos.
Así lo indica un reporte del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés); un proyecto de recopilación, análisis y mapeo de crisis de datos desagregados.
ACLED, que se dedica a recopilar información sobre las fechas, los actores, los lugares, las muertes y los tipos de todos los eventos de protesta y violencia política informados en todo el mundo, y que realiza análisis para describir, explorar y probar escenarios de conflicto, exponiendo los datos y análisis de manera abierta para el uso gratuito del público, detalla en este informe que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha instado a los votantes a abstenerse de las urnas, alegando falta de libertad política y violaciones de los derechos humanos.
Según explican, el gobierno cubano ha respondido con medidas enérgicas contra disidentes y grupos de la sociedad civil, usando una combinación de tácticas represivas como arrestos arbitrarios, detenciones domiciliarias y actos de repudio.
Señalan que la violencia también ha aumentado, siendo las fuerzas estatales los principales perpetradores, apuntando a miembros de la oposición y periodistas.
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El informe aborda las próximas elecciones parlamentarias en Cuba el 26 de marzo de 2023, donde los votantes elegirán a 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, quienes nominarán al próximo jefe de Estado de Cuba.
El gobierno ha caracterizado el sistema político de Cuba como una democracia de base, donde las candidaturas al parlamento surgen en gran medida de las autoridades municipales y son aprobadas por la Comisión Nacional de Candidaturas, un organismo integrado por organizaciones sociales.
Sin embargo, el informe destaca que el proceso electoral de Cuba ha sido criticado por bloquear el acceso al poder de los miembros de la oposición, y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha llamado a boicotear las elecciones.
El informe también analiza el trasfondo de la movilización antigubernamental y la represión estatal de las voces disidentes durante el mandato del actual presidente Miguel Díaz-Canel.
El gobierno ha utilizado una combinación de tácticas represivas para sofocar la creciente frustración y disidencia de la población en medio de las dificultades socioeconómicas, incluido atacar a miembros de la oposición de la sociedad civil, un uso cada vez mayor de la violencia contra civiles durante los períodos de mayor actividad de manifestaciones, un resurgimiento de las manifestaciones progubernamentales. grupos que participan en actos represivos, y niveles elevados de arrestos y detenciones a corto plazo.
El informe destaca que los agravios y la represión no abordados podrían conducir a una menor participación electoral en las próximas elecciones, lo que podría socavar aún más la legitimidad del próximo gobierno de Cuba.
Es poco probable que los resultados de las elecciones desencadenen manifestaciones inmediatas, pero si el nuevo parlamento no brinda soluciones a los desafíos económicos del país, es probable que continúe la movilización antigubernamental a largo plazo.
Mientras tanto, en un contexto de persistente represión de los miembros de la oposición, es poco probable que las elecciones parlamentarias generen una mayor libertad política.
El informe también analiza la movilización de la oposición y la represión estatal en Cuba desde 2018, siendo las fuerzas estatales las principales perpetradoras de la violencia y teniendo como objetivo a miembros de organizaciones disidentes de la sociedad civil y periodistas.
El estado cubano también ha recurrido a arrestos arbitrarios y detenciones domiciliarias para silenciar la disidencia.
El aumento del descontento de la población vinculado a las dificultades socioeconómicas llevó a tasas récord de abstención durante las elecciones locales de noviembre de 2022, y los votantes pudieron demostrar su descontento en las urnas en las próximas elecciones parlamentarias, y las organizaciones sociales continuaron promoviendo la abstención.
Aunque es poco probable que el nuevo parlamento genere un cambio político, se espera que la movilización antigubernamental continúe debido a los desafíos económicos del país. Se espera que el nuevo código penal del gobierno, que criminaliza la actividad antigubernamental, incluido el activismo digital, restrinja aún más las libertades civiles.
Aunque se espera que la participación electoral sea baja, los resultados de las elecciones parlamentarias tendrán poco impacto en el resultado final, ya que los candidatos a diputados se presentan solos en cada jurisdicción, lo que deja pocas dudas sobre el resultado de la votación.