La reciente deportación de 75 cubanos desde Quito a La Habana, ha generado un conflicto legal dentro de las leyes ecuatorianas que tiene a los juristas dando carreras, reseña el diario El Comercio.
Según la Ley de Migración del 1971, dos de sus artículos (el 28 y el 29), son severamente cuestionados por los abogados ya que entra en conflicto directo con la Constitución de la República aprobada en el año 2008.
En marzo del 2014, la jueza de contravenciones Paola Campaña ya envió a la Corte Constitucional un caso similar al que ocurre en este momento con los isleños. Ese año, la jurista tramitó un proceso de deportación contra un italiano, por permanecer mayor tiempo del otorgado por las autoridades.
Campaña, en su resolución, rechazó la deportación por una razón: el europeo probó estar casado con una ecuatoriana y haber procreado con ella dos niños. “En atención a la unidad familiar, se niega el pedido”, dijo la jueza en su fallo. Sin embargo, los artículos 28 y 29 de la Ley de Migración disponen que si esto ocurre, los jueces de contravenciones deben “obligatoriamente” remitir el caso al Ministerio del Interior, para que ratifique o anule la decisión del juez.
Precisamente, estos artículos son los que entran en conflicto con dos principios básicos señalados en la Constitución del 2008, según Campaña. El primero: el de independencia judicial.
En la Carta Magna (art. 148) se dice que los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Y se añade que “toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal”.
El segundo: la unidad jurisdiccional, un principio que garantiza que “ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria”. Es decir, los arts. 28 y 29 de la Ley de Migración permiten a una autoridad no judicial (en este caso al Ministro del Interior) que revise la resolución de un juez y también que confirme o revoque sus decisiones, advierte Campaña.
Es por estos artículos que el viceministro del Interior, Diego Fuentes, aseguró que “las acciones con los ciudadanos cubanos se enmarcan dentro de los controles migratorios”.
El funcionario añadió que esos controles se aplican a los extranjeros de todas las nacionalidades, no solo contra los isleños. “(Esto permite) que no se abuse de la figura de la ciudadanía universal y de puertas abiertas que tiene el Ecuador”.
La Defensoría del Pueblo también alertó que los artículos 28 y 29 de la Ley de Migración son “inconstitucionales”, pues se somete la decisión de un juez a una instancia administrativa (Min. del Interior). Por eso, pidió a esa Secretaría de Estado que valorara “la no aplicación” de esa norma hasta que la Corte Constitucional no resuelva la consulta enviada por la jueza Campaña, en marzo del 2014.
En el documento remitido por la jueza se indica que las decisiones judiciales deben ser “respetadas y acatadas por las autoridades administrativas”. No solo eso. La jurista asegura que enviar los casos al Ministerio del Interior “genera presiones a los juzgadores”.
Incluso, advierte que en estos casos esa Secretaría de Estado “sería juez y parte dentro de la causa”, pues está al frente de los controles migratorios y también decide si la no deportación resuelta por la justicia es válida o no.
Siguen luchando
Ayer, Juan Pablo Albán, quien defiende junto con otro grupo de abogados a los ciudadanos cubanos, indicó que ahora su objetivo es detener la deportación del resto de isleños que permanecen privados de la libertad, tras el operativo de desalojo ejecutado hace una semana en el Centro de Quito. Por la tarde se desarrolló una audiencia de Hábeas Corpus para pedir que los liberen.
En contexto El Gobierno de Cuba estimó ayer que la deportación de migrantes desde Ecuador fue legal y culpó de ese hecho a una ley estadounidense que anima a los cubanos a emigrar ilegalmente a Estados Unidos, a través de terceros países.
Con información de El Comercio
