Este lunes la Fiscalía General del Estado español presentó querellas por rebelión, sedición y otros delitos en contra de los integrantes del destituido gobierno de la región Cataluña y también contra los de la Mesa del Parlamento autonómico por ser promotores del movimiento independentista.
La Fiscalía además no descartó solicitar prisión provisional, reclamando una fianza o embargos por valor de 6.207.450 euros.
José Manuel Maza, fiscal general de ese país, manifestó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes irá a la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos cuenta con foro especial tras haber sido cesados por el Gobierno español.
En cambio, los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, pues sí cuentan con un foro especial como parlamentarios, añadió Maza, reseñado por EFE.
Por ambos casos, tendrán que prestar declaración “en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares” por la “gravedad” de los hechos y de los delitos imputados.
En el caso de los jefes de la rebelión, estarían enfrentando de acuerdo al Código Penal, entre 15 y 25 años de prisión. Y el Código Penal castiga la sedición con penas de cuatro a ocho años, pero en el caso de los líderes de la revuelta, la pena puede elevarse a 15 años.
Disolución del Parlamento
Este viernes, Mariano Rajoy, jefe del Gobierno español ordenó el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, de todo su gabinete y otros altos cargos, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
Este lunes, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, canceló una reunión prevista para el martes, ya que la cámara regional “se ha disuelto”, acatando de esta manera la orden de Madrid tras la aplicación del artículo 155, mientras se esperaba la reacción del destituido gobierno local.
Se vivieron momentos de tensión a la expectativa de si el parlamento aceptaría la disolución o se declararía en rebeldía. Pero su suspensión trajo tranquilidad a Madrid, ya que significa que Forcadell ha acatado la orden a la espera de las elecciones pautadas para el 21 de diciembre, según señalaron fuentes parlamentarias al periódico catalán La Vanguardia.
Redacción Cubanos por el Mundo
