Un exitoso parque de diversiones de La Habana, gestionado por un cubanoamericano radicado en Miami, fue confiscado por el Gobierno apenas dos años después de su apertura, por el delito infundado de tráfico de influencias.
El propietario del parque, que tramitó todos los permisos correspondientes a través de su familia en Cuba, había rentado el terreno al Gobierno por un periodo de 20 años, con todas las autorizaciones y documentos pertinentes.
Sin embargo, el Estado decidió que el parque estaba siendo explotado sin los permisos necesarios y que funcionaba gracias al “tráfico de influencias”. El centro terminó siendo expropiado y sus dueños encarcelados.
El parque era una suerte de Disneyland en el municipio de San Antonio de los Baños, que se construyó sobre un terreno baldío que funcionaba como basurero para el barrio.
Con esfuerzo y compromiso, la familia logró levantar toda la basura y erigir piscinas, pistas de carreras y otras atracciones. En una noche, el centro recreacional llegó a recibir más de 14.000 personas.
Actualmente, el parque se encuentra en estado de total abandono.
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