La familia Chaflin ha recibido la primera victoria en cuanto a una demanda amparada bajo el título III de la Ley Helms-Burton, tras llegar a un pacto el pasado 20 de mayo con la multinacional de materiales de construcción con sede en Suiza LafargeHolcim, por el uso de tierras de su propiedad confiscadas por el régimen castrista.
Cabe destacar que, el pasado mes de octubre del 2020, la familia Chaflin, de Boston presentó ante un tribunal de Florida una demanda de indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de 270 millones de dólares en beneficio de más de 20 partes.
Los Chaflin eran los propietarios de la hacienda azucarera Soledad, ubicada en la localidad El Guabairo, Cienfuegos, la misma que fue expropiada por el régimen cubano en 1960.
En dicha propiedad fue construida la Fábrica de Cemento Karl Marx, en la que la multinacional LafargeHolcim tiene una participación desde el año 2001 a través de “una red compleja de empresas y transacciones”, según la demanda.
En el año 2000 la multinacional LafargeHolcim fue alertada sobre la Ley Helms-Burton
Según un artículo del diario The Miami Herald, en el año 2000 el ministro de la Industria Básica de Cuba, Marcos Portal mediante una carta informó que, La Habana aceptaba “la oferta” presentada por la multinacional LafargeHolcim anteriormente llamada (Ibersuizas-Holderbank) de crear una empresa conjunta en la planta Karl Marx.
Por otra parte, un fax enviado el 12 de junio del 2000 por parte del bufete Arnold & Porter de Washington, asesores en aquel entonces de “Holderbank” ahora LafargeHolcim advirtieron que, el proyecto en Cuba presentaba “un riesgo significativo e inmediato” bajo la Ley Helms-Burton debido a que la planta estaba en terrenos expropiados a ciudadanos estadounidenses por el régimen castrista.
Luego de 20 años de ignorar la advertencia, la familia Chaflin se convierte en la primera ganadora de una demanda amparada bajo el título III de la Ley de Helms-Burton.
Hay que reslatar que, la Ley Libertad o (Helms-Burton) fue promulgada en el año 1996 y no fue sino hasta el año 2019 cuando bajo la administración del expresidente Donald Trump se permitió que bajo sus títulos III y IV ciudadanos cubanoamericanos y estadounidenses demanden a compañías que “trafiquen” con bienes expropiados por la “revolución” castrista.
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Redacción de Cubanos por el Mundo.