Debido a la ola de críticas que recibe el régimen de Cuba por el Decreto-Ley 35, que busca penalizar a aquellas personas que difundan la realidad que se vive en la isla cárcel a través de Internet, funcionarios de la dictadura acudieron a la Mesa Redonda para intentar defender la legislatura, alegando que es muy parecida a la aplicada en otros países en contra del ciberterrorismo.
El castrismo le ha dado una temática de “terrorismo digital” a las críticas de los cubanos en Internet, para de esa manera poder justificar medidas judiciales en su contra. El Decreto-Ley 35 califica de “alta peligrosidad” la divulgación de “noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”.
Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones, indicó que esta medida presuntamente es para “proteger a las personas naturales de las afectaciones que les provoca el ciberespacio”, cuando lo único que afecta a los cubanos en este momento es la escasez de comida, de medicinas y el coronavirus.
Lo único que intenta el castrismo con esta ley es silenciar las críticas en su contra, ya que son cada vez más denuncias de cubanos sobre el colapso interno que sufre la nación.
“Algo muy importante, para nada limita la participación social en las plataformas digitales”, señaló, “es parte de la estrategia del desarrollo del Gobierno digital en Cuba promover el uso de las plataformas digitales, que son un importante canal de comunicación y de interacción del Gobierno con sus ciudadanos”.
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Si bien en efecto, la ley no prohíbe que los cubanos tengan acceso a Internet o redes sociales, si censura fuertemente el contenido que compartan o difundan.
“El término censura aparece muy rápido cuando se toca Cuba”, dijo Rodríguez. El funcionario señaló que en Alemania, Francia y Argentina existen legislaciones que “condena el discurso del odio, de difamación, de incitación a la violencia que además multa a los ciudadanos y a las empresas que no retiren los contenidos”.
Sin embargo, en un sistema totalitario como el de Cuba, este tipo de leyes están pensadas para sofocar las voces críticas y no para motivar a la participación colectiva.
Redacción Cubanos por el Mundo