Los médicos cubanos en Uruguay que trabajan en el Hospital de Ojos José Martí recibirán el pago directamente, según el cambio anunciado por las autoridades uruguayas. El dinero dejará de canalizarse a través del mecanismo de cooperación con La Habana, mientras la brigada mantiene la atención a los pacientes.
El canciller Mario Lubetkin confirmó el ajuste el 6 de octubre, de acuerdo con un despacho original de AFP, también distribuido por Yahoo. El ministro defendió la decisión como soberana, negó advertencias de Estados Unidos y reconoció que el asunto había formado parte del diálogo con Washington.
Qué cambia para los médicos cubanos en Uruguay
El director del hospital, Alejandro Fischel, aseguró el 7 de octubre a Subrayado que el cambio en la forma de pago no alteró el servicio. Su declaración aporta una confirmación local posterior al anuncio del canciller.
Los reportes presentan cifras distintas sobre el personal. AFP recogió la referencia de Lubetkin a unos 20 oftalmólogos. Fischel describió ante Subrayado una brigada de diez médicos y una plantilla de apoyo de veinte personas, entre técnicos, enfermeros, un cocinero y un chofer. Esas cantidades no deben confundirse como si describieran un mismo conteo.
El Banco de Previsión Social se hará cargo de la protección social y del estipendio de cada profesional, según las declaraciones de Lubetkin recogidas por Nación UY. El detalle importa: un estipendio y un salario completo no son necesariamente equivalentes. Las fuentes consultadas no precisan cuánto recibirá individualmente cada trabajador con el nuevo mecanismo.
Cómo se pagaba antes: el aporte del BPS y la propuesta de septiembre
Cubanos por el Mundo informó el 16 de septiembre sobre los 250.000 dólares anuales que aportaba el BPS al programa. Entonces, su presidenta, Jimena Pardo, describió la partida como un reintegro de gastos y explicó que el pago de salarios dependía de la parte cubana.
El 22 de septiembre, esta redacción también recogió que Uruguay evaluaba depositar el dinero directamente a los médicos. El anuncio actual y las declaraciones del director del hospital dan seguimiento a aquella propuesta.
Los derechos de los profesionales siguen bajo escrutinio
La controversia sobre las misiones no se limita al destinatario de una transferencia. En su informe anunciado el 7 de abril de 2026, la CIDH y su relatoría REDESCA documentaron denuncias de retención de ingresos, restricciones de movilidad, retiro de pasaportes y represalias por abandonar las misiones.
Los organismos advirtieron que algunas condiciones podrían configurar trabajo forzoso y, en determinados casos, trata de personas. También reconocieron el valor del servicio sanitario prestado a poblaciones vulnerables. Son conclusiones sobre el modelo y las experiencias investigadas; no una resolución judicial que declare víctimas a todos los integrantes de la brigada en Uruguay.
El pago directo permite identificar mejor quién recibe inicialmente los fondos. Para evaluar su efecto sobre los trabajadores todavía hace falta conocer los montos, las condiciones contractuales y si pueden disponer libremente de ese dinero. Mantener la atención de los pacientes y proteger los derechos del personal son obligaciones que deben cumplirse juntas.
