El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, instruyó de manera directa a los Ministerios de Defensa y de Justicia para activar una ruta de asistencia jurídica a militares colombianos en Estados Unidos que permanecen privados de la libertad en territorio estadounidense por su presunta vinculación con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.
La determinación del presidente Abelardo De La Espriella abarca dos frentes de acción inmediata: la asignación de recursos defensivos en los tribunales norteamericanos y un subsidio financiero dirigido a los núcleos familiares de los procesados.
El mandatario colombiano oficializó la medida formal a través de un mensaje público emitido en su cuenta oficial de la red social X.
“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, argumentó el jefe de Estado colombiano al detallar el alcance de la directiva ministerial.
El gabinete ministerial, encabezado por el general en retiro Jorge Mora en la cartera de Defensa y por Iván Cancino en el despacho de Justicia, asumió la coordinación operativa de la instrucción de Abelardo de la Espriella de brindar asistencia jurídica a militares colombianos.
Asistencia jurídica a militares colombianos: De La Espriella dice que quiere saber «exactamente que ocurrió»
Las dependencias evalúan los mecanismos legales para garantizar la representación en las cortes federales estadounidenses, donde se adelantan las fases substanciales de los procesos penales.
Sobre las motivaciones centrales del dictamen, el mandatario fundamentó la decisión en la necesidad de determinar las responsabilidades individuales dentro del grupo de connacionales.
“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, indicó Abelardo de La Espriella en sus redes sociales para justificar la reactivación del acompañamiento gubernamental.
El posicionamiento de la Casa de Nariño busca delimitar la actuación institucional frente a las fuerzas armadas. “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, agregó el mandatario nacional respecto al apoyo brindado.
El antecedente inmediato de este caso involucró la extradición e intercepción jurisdiccional de 17 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Los exmilitares permanecieron retenidos en instalaciones penitenciarias haitianas hasta que las autoridades norteamericanas ejecutaron su posterior traslado a jurisdicción federal estadounidense, país que asumió la competencia penal de la investigación transnacional.
Previo al anuncio presidencial, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una postura institucional detallando las actuaciones diplomáticas previas. La Cancillería aclaró que la administración no intervino de manera directa en el proceso logístico ni en las decisiones operativas que derivaron en la transferencia de los procesados hacia los tribunales de Estados Unidos.
El canal consular de Colombia confirmó que realizó labores permanentes de supervisión en los centros de reclusión. Dichas actuaciones incluyeron el monitoreo de los derechos humanos de los procesados, el enlace directo con los allegados en territorio colombiano y la verificación formal de las condiciones de detención expedidas por los organismos judiciales norteamericanos.
Con el nuevo marco del Ejecutivo, la asistencia jurídica a militares colombianos coordinada por las carteras de Defensa y Justicia se sumará a los canales consulares habituales.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las gestiones continuarán “adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las gestiones orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales”.
Por último, el gobierno de Abelardo de la Espriella ratificó que el plan de asistencia jurídica a militares colombianos operará bajo el respeto absoluto a la autonomía de las cortes norteamericanas.
“La Cancillería continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular que corresponda, velando por el respeto del debido proceso y condiciones adecuadas de detención, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes”, concluyó el estamento diplomático.
