En las últimas horas, el castrismo informó que había terminado el proceso de “excarcelación anticipada de 553 personas sancionadas”. Así se dio a conocer por medio del Tribunal Supremo Popular de la dictadura por medio de una entrevista que ofreció su vicepresidenta Maricela Sosa Ravelo al vocero castrista “Humbrete” López.
No obstante, a pesar de la declaración emitida por la funcionaria comunista, la realidad es que solo fueron excarcelados alrededor de 190 presos políticos, quienes actualmente siguen bajo amenaza de retornar a la cárcel si mantienen su activismo en las calles en pro de la libertad.
Estas amenazas fueron reiteradas por el castrismo a través de Sosa Ravelo, quien en el mencionado programa apuntó que quienes no mantenga un “buen comportamiento” podrían ser devueltos a las mazmorras del régimen.
De igual manera, la vicepresidenta del TPS mintió afirmando que el proceso de excarcelación comenzado el pasado 14 de enero “concluyó con éxito” y que las 553 personas previstas fueron excarceladas. Agregó que, en enero, fueron aprobadas 378 solicitudes de excarcelación anticipada, mientras que en febrero se aprobaron otras 175.
Pero estas cifras fueron refutadas por diversas organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos en Cuba, tal como Justicia 11J, quien advirtió que, hasta la fecha su equipo ha podido verificar la identidad de 193 personas excarceladas y de otras nueve beneficiadas que ya cumplían su sanción en régimen de excarcelación. Entretanto, más de 900 presos políticos continúan detenidos por el simple hecho de pensar distinto a la cúpula castrista.
Asimismo, la organización apuntó que, han recibido información de que la mayoría de las personas que presuntamente fueron excarceladas son reclusos comunes y no presos políticos.
“A pesar de no contar con datos oficiales que permitan conocer la proporción exacta, los testimonios recibidos sugieren que el número de presos comunes liberados es mayor. Además, la funcionaria subrayó que las personas excarceladas siguen sometidas a condiciones impuestas por las autoridades, como la obligación de ‘mantener un comportamiento social acorde con las normas socialistas’, lo que implica el riesgo de ser nuevamente apresadas si el régimen así lo decide”, alertó la ONG.
Es importante mencionar que, este proceso de “excarcelación” de más de 500 personas sancionadas formó parte de un acuerdo en el que intervino El Vaticano, y en el que la dictadura se comprometía a liberar presos políticos a cambio de que EE. UU. aliviara las sanciones en contra de los comunistas.
Después de que la administración Biden eliminó ciertas sanciones en contra del régimen, los comunistas comenzaron a liberar presos políticos, siendo el caso más emblemático el del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, entre otros manifestantes de las protestas históricas del 11J.
A pesar de que fueron liberados más de 100 presos políticos y de conciencia en la isla, la dictadura no reconoce a esta figura, ya que a los detenidos por protestar o manifestar en contra del régimen, ellos los califican como “presos por delitos comunes”.
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Redacción Cubanos por el Mundo