La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó recientemente medidas cautelares para los presos políticos Ángel Jesús Véliz y Yasmany Porras, ambos secuestrados por la dictadura castrista tras las históricas protestas del 11J de 2021.
El mecanismo internacional expuso de nuevo la barbarie de una tiranía desalmada que pudre a la juventud en calabozos insalubres simplemente por gritar libertad.
El dictamen de la CIDH sobre el riesgo irreparable
La resolución oficial emitida por el ente interamericano determinó que ambos manifestantes sobreviven “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Cuba”.
Los crueles verdugos del Ministerio del Interior someten a estos jóvenes a torturas sistemáticas que violan cualquier parámetro humano. Mientras la mafia de La Habana pretende maquillar su imagen internacional, la violencia institucional devora a cientos de presos políticos que languidecen tras las rejas por el único delito de desenmascarar al totalitarismo opresor en las calles.
Torturas e insalubridad en las mazmorras del régimen
Las denuncias formuladas en la causa demuestran el modus operandi miserable de la dictadura. Desde su violento encarcelamiento en julio de 2021, los beneficiarios sufren “condiciones incompatibles con los estándares internacionales, caracterizadas por alimentación insuficiente o en mal estado, falta de acceso suficiente a agua potable y agua para higiene, restricciones a la recepción de insumos de sus familiares, comunicación limitada y monitoreada, así como ausencia de atención médica adecuada”.
Esta estructura de podredumbre, hambre e insalubridad representa la venganza cobarde dictada desde el Palacio de la Revolución hacia aquellos patriotas que rompieron el yugo del terror.
Exigencias directas al régimen
La CIDH remarcó que Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porras enfrentan un peligro inminente bajo la custodia implacable de los tiranos, ya que la crisis “podría continuar y agravarse, con una posible afectación a los derechos a la vida, integridad personal y salud”.
Amparada en el artículo 25 de su Reglamento, la institución exigió a la junta militar adoptar medidas drásticas e inmediatas para salvaguardar la integridad de los secuestrados. El dictamen obliga a garantizar evaluaciones médicas especializadas, proveer agua potable y comida decente, y detener la exposición intencionada de Yasmany Porras a enfermedades contagiosas en las mazmorras matanceras.
De igual forma, el organismo exigió garantías para la protección física de otros presos políticos vulnerables.
Paralelamente, el organismo demandó el cese de los maltratos inhumanos y solicitó explicaciones detalladas sobre las investigaciones para sancionar a los perpetradores de estas atrocidades. Las familias de los secuestrados y diversas organizaciones alzaron la voz para hacer eco de la noticia.
Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz, publicó en sus redes sociales el fallo, agradeciendo el trabajo incansable de la plataforma Cuba Demanda, los perfiles de resistencia cívica como Eco Libertad y los abogados querellantes Santiago Alpízar, Teresa Ortiz y Yarelis. La valentía de estas madres destruye el cerco de censura impuesto por los tiranos que mantienen encarcelados a decenas de presos políticos en toda la isla.
Condenas arbitrarias contra los presos políticos
Ángel Jesús Véliz Marcano purga una sentencia fabricada de seis años de prisión en la infame cárcel Kilo 8 de Camagüey por supuestos desórdenes públicos y atentado. El aparato represivo bloquea arbitrariamente su salida del país mediante la vía del parole humanitario, ignorando sus propias leyes con el fin de prolongar el sufrimiento de su familia.
Por su parte, Yasmany Porras Pérez enfrenta una condena desproporcionada de 17 años de privación de libertad en la macabra prisión de Agüica, en Matanzas, víctima de cargos inventados por los aparatos de inteligencia para imponer el terror en la población y amedrentar a las familias de los presos políticos.
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Ante todo esto, siempre es importante decir que las prisiones cubanas operan como centros de exterminio planificado contra cualquier voz disidente. El régimen comunista viola de forma reiterada los tratados internacionales mientras acumula pruebas para un eventual juzgamiento por crímenes de lesa humanidad.
La valiente comunidad en el exilio exige una presión aplastante y sin concesiones de la diplomacia global sobre los dictadores, pues la vida de miles de presos políticos pende de un hilo en las oscuras celdas de la tiranía.