La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la existencia de “violaciones masivas, graves y sistemáticas” contra la población civil en Cuba.
En su más reciente informe anual, el organismo continental puso al descubierto la maquinaria represiva de un régimen que decidió recrudecer la violencia contra cualquier vestigio de disidencia, sumiendo al país en una oscuridad institucional que asfixia a sus ciudadanos.
Según los expertos de la Comisión, el escenario actual no es producto del azar, sino de una política de Estado diseñada para aniquilar la libertad de pensamiento y la integridad física de quienes se atreven a cuestionar el modelo imperante.
El documento presentado por la CIDH afirmó que “sigue recibiendo información sobre violaciones a derechos fundamentales en Cuba” y que, de manera alarmante, “ha sido alertada sobre actos que comprometen seriamente la libertad, la seguridad personal y la integridad física de la población”. Estas agresiones directas afectaron a los sectores más activos de la sociedad civil, centrando su fuego represivo en “líderes sociales, opositores políticos, activistas y periodistas independientes”.
En ese sentido, la organización internacional no dudó en señalar que en la isla se vive un “contexto de cierre total del espacio cívico”, donde el simple hecho de defender un derecho básico se convirtió en una actividad de alto riesgo.
CIDH denuncia torturas en las cárceles en Cuba
Dentro de las prisiones cubanas, el panorama que describió la CIDH resultó estremecedor. El organismo condenó los “reiterados actos de malos tratos y torturas” contra aquellos que permanecen tras las rejas por motivos puramente políticos.
Aunque a inicios de este año se habló de la supuesta excarcelación de 553 prisioneros, la Comisión lamentó “la ausencia de datos oficiales actualizados sobre las personas encarceladas”, un vacío informativo que la dictadura utiliza para mantener el control y la opacidad sobre el número real de víctimas. La falta de transparencia es, según el informe, una herramienta más de tortura psicológica para los familiares de los detenidos.
La crisis humanitaria dentro de los centros de reclusión también ocupó un lugar central en la denuncia. La CIDH expresó su “preocupación por las deplorables condiciones de detención” y documentó una tragedia silenciosa: al menos 24 personas perdieron la vida durante el año 2025 en centros penitenciarios. Estas muertes ocurrieron “principalmente por desnutrición y falta de atención médica oportuna”, lo que demuestra el abandono total al que el Estado somete a su población penal.
Con base en datos de diversas organizaciones no gubernamentales, el informe subrayó que “Cuba sería uno de los dos países con la mayor tasa de población penitenciaria per capita a nivel mundial”, un indicador que refleja la naturaleza punitiva de su gobernanza.
De igual manera, el brazo judicial de la isla tampoco escapó de la crítica. La CIDH señaló el “uso arbitrario del sistema judicial y del poder punitivo” como una “herramienta de represión” directa. Esta estructura se utilizó para perseguir a “activistas, defensoras de derechos humanos, opositoras políticas, académicas” y a cualquier ciudadano que intentó ejercer legítimamente sus derechos.
Asimismo, el informe agregó que los tribunales, lejos de ser espacios de justicia, funcionaron como extensiones del partido gobernante para castigar la discrepancia y silenciar las voces críticas mediante sentencias fabricadas y procesos sin garantías mínimas.
La prensa independiente, uno de los pocos muros de resistencia que quedan en la isla, enfrentó ataques constantes. La CIDH denunció la “represión sistemática contra periodistas”, documentando una larga lista de atropellos que incluyó detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios y vigilancia perpetua.
“Estas prácticas han generado un ambiente cada vez más hostil para el ejercicio libre y seguro del periodismo en la isla y han contribuido al exilio de numerosos periodistas”, observó la institución.
Este éxodo forzado de comunicadores dejó a la población en una situación de vulnerabilidad informativa extrema ante la propaganda estatal.
Más allá de la represión política, la CIDH destacó la agonía económica que padece el pueblo cubano. El informe resaltó la “agudización de la crisis alimentaria” y la “persistente escasez de servicios básicos”, mencionando problemas críticos como el deficiente abasto de agua, la carencia absoluta de medicamentos y los apagones eléctricos que paralizaron la vida cotidiana.
Finalmente, la CIDH reafirmó su disposición de seguir vigilando y denunciando los abusos en Cuba. A pesar de que el régimen castrista se alejó de la OEA hace décadas, el organismo reivindicó su competencia para examinar la situación de derechos humanos en la isla, asegurando que la protección de la dignidad humana no conoce de fronteras ideológicas ni de exclusiones diplomáticas.
LEE TAMBIÉN: Cuqui La Mora arremete contra los comunistas: “En una Cuba libre saben que van a tener que pagar” (+VIDEO)