Un total de 1.351 presos políticos fueron contabilizados al finalizar el mes de septiembre, consolidando un récord represivo que acumula 2.217 víctimas registradas desde las protestas masivas ocurridas en julio de 2021.
La organización Prisoners Defenders documentó un promedio mensual de 26 nuevos arrestos durante los últimos doce meses, integrando en su listado oficial a 802 convictos de conciencia, 496 condenados de conciencia y 53 disidentes adicionales sometidos al rigor punitivo y al aislamiento carcelario impuesto por la dictadura.
La represión alcanza a mujeres y menores de edad
La cúpula castiga por igual a ciudadanos de todos los sectores sociales, registrando 152 mujeres y 40 presos políticos que eran menores de edad al momento de su detención arbitraria.
14 de estos adolescentes recibieron sentencias condenatorias por el delito político de sedición, sumándose a los 214 expedientes abiertos por esta misma causa en todo el país, de los cuales 138 permanecen internados y 76 cumplen medidas de limitación domiciliaria o trabajo forzoso.
Esta persecución judicial alcanzó el 1 de octubre a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez y a su madre, Caridad Silvente, condenadas a dos años de limitación de libertad por difundir un video sobre una citación policial en La Habana.
Encarcelan a un pastor y a un menor tras las protestas
La maquinaria dictatorial también reprime con severidad el activismo religioso y las protestas públicas provocadas por la escasez de servicios esenciales.
El pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez fue detenido el 26 de septiembre en Camagüey tras intentar convocar una jornada comunitaria de oración, permaneciendo nueve días incomunicado antes de ser recluido en el penal Cerámica Roja bajo cargos fabricados de desobediencia.
De manera simultánea, los reclamos ciudadanos masivos contra los largos apagones y la falta de agua potable provocaron el arresto arbitrario del menor epiléptico Yordenkis Fonseca en Sibanicú, quien sufrió crisis graves en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado de Villa María Luisa sin recibir asistencia sanitaria oportuna por parte de las autoridades penitenciarias.
Exigen hasta 12 años de cárcel para un joven detenido a los 17
Las arbitrariedades judiciales afectan asimismo a Eleiner Torres y Andrés Guillén, retenidos desde el mes de marzo en Ciego de Ávila por manifestarse contra el colapso eléctrico nacional, y al joven Leandro Cristian Palmero, para quien la fiscalía exigió una pena de 12 años de cárcel tras ser arrestado a los 17 años sin que se probara la comisión de ningún delito consumado.
Estos procesos judiciales evidencian la absoluta indefensión legal imperante bajo el control gubernamental absoluto.
Cientos de presos políticos enfermos carecen de atención médica
La crisis humanitaria en las instalaciones penitenciarias cubanas se refleja en la maltrecha salud de la cifra global de presos políticos enfermos, que asciende a 476 casos con denegación sistemática de medicamentos y atención médica especializada.
A esto se suman 53 reclusos con trastornos psiquiátricos, cognitivos o neurológicos totalmente incompatibles con el régimen de internamiento, además de una desnutrición forzosa sostenida mediante raciones diarias que apenas alcanzan entre 250 y 350 kilocalorías.
Víctimas prolongadas como Roberto Ángel Piloto Rodríguez padecen insuficiencia renal severa, inflamación prostática, anemia y un deterioro físico extremo sin recibir el menor auxilio oficial.
Reclaman la liberación de todos los presos políticos
Organizaciones independientes exigen el cese inmediato de estas prácticas sistemáticas de aniquilación y la liberación incondicional de todos los presos políticos encarcelados por ejercer derechos fundamentales.
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Las denuncias emitidas apuntan a frenar la total impunidad de un sistema político que destruye vidas humanas para perpetuarse por la fuerza en el poder. La estabilidad del régimen depende del encierro masivo y la violación flagrante de los derechos humanos en el país.
El monitoreo constante de las condiciones de los presos políticos confirma que cualquier manifestación de descontento popular recibe una respuesta violenta orientada a doblegar a una ciudadanía sumida en la miseria y el abandono estatal.
