El gobierno del presidente Donald Trump inició un proceso judicial para retirar la ciudadanía a un cubano de Miami que, según las autoridades federales, obtuvo la naturalización estadounidense ocultando su participación en un esquema de fraude contra el programa Medicare.
El caso forma parte de una ofensiva nacional del Departamento de Justicia (DOJ) para revocar la ciudadanía a personas que presuntamente mintieron durante su proceso migratorio o escondieron antecedentes que, de haber sido conocidos, habrían impedido su naturalización.
La acción legal fue presentada mediante una demanda civil de desnaturalización contra Yoskmaikel Rodríguez Pérez, un ciudadano naturalizado de origen cubano, quien reside en el sur de Florida y ya fue condenado por delitos relacionados con fraude al sistema de salud.
De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia, este cubano de Miami obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos en 2004 y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Sin embargo, el gobierno sostiene que, antes de completar ese proceso, ya participaba en actividades ilícitas que nunca reveló a las autoridades migratorias.
El gobierno sostiene que el cubano de Miami ocultó su actividad criminal
La demanda presentada por el DOJ para retirar la ciudadanía a este cubano de Miami argumentó que el inmigrante administraba una supuesta clínica médica desde la cual fueron enviadas reclamaciones fraudulentas a Medicare por un monto superior a los 886.000 dólares.
Según las autoridades federales, durante todo el proceso de naturalización ocultó esa actividad criminal y también ofreció declaraciones falsas bajo juramento durante su entrevista con funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Posteriormente, Rodríguez Pérez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico, una condena que ahora sirve como uno de los principales argumentos del gobierno para retirar la ciudadanía a este cubano de Miami.
El Departamento de Justicia sostuvo que el acusado nunca cumplió con uno de los requisitos esenciales establecidos por la legislación estadounidense para acceder a la naturalización: demostrar un “buen carácter moral”.
Una demanda civil que será resuelta por un juez federal
Las autoridades aclararon que el proceso actualmente en curso corresponde a una demanda civil, por lo que la pérdida de la ciudadanía no es automática.
Será un tribunal federal el encargado de analizar las pruebas presentadas por el gobierno y determinar si efectivamente existió fraude durante el proceso migratorio y si se procede a retirar la ciudadanía a cubano de Miami.
El Departamento de Justicia también precisó que las acusaciones incluidas en la demanda representan alegaciones que deberán ser probadas ante la corte.
Mientras ese proceso avanza, el caso de este cubano de Miami pasó a formar parte de una estrategia nacional impulsada por la actual administración para reforzar el control sobre los procesos de naturalización.
El caso integra una ofensiva nacional de desnaturalización
La demanda contra Rodríguez Pérez no constituye un hecho aislado. El Departamento de Justicia informó que presentó acciones similares contra otros nueve ciudadanos naturalizados originarios de México, Pakistán, Perú y Polonia.
Las personas incluidas en estas demandas enfrentan acusaciones o condenas por diversos delitos, entre ellos abuso sexual contra menores, fraude migratorio, fraude al sistema sanitario, tráfico de cocaína, robo, evasión fiscal y utilización de identidades falsas para obtener beneficios migratorios.
En el caso del cubano de Miami, el gobierno considera que las omisiones y el falso testimonio durante el proceso de naturalización justifican retirarle la ciudadanía, ya que, según su interpretación, nunca cumplió con los requisitos legales exigidos para convertirse en ciudadano estadounidense.
Trump endureció la política contra el fraude migratorio
La administración Trump presentó esta iniciativa como el mayor esfuerzo de desnaturalización desarrollado hasta ahora por el gobierno federal.
El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la estrategia al asegurar que las autoridades continuarán llevando estos casos ante los tribunales.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump seguiremos persiguiendo agresivamente la desnaturalización para proteger la integridad del proceso de naturalización”, declaró Blanche.
El funcionario también sostuvo que las personas incluidas en estas demandas “mintieron para obtener la ciudadanía estadounidense”, motivo por el cual el gobierno continuará promoviendo nuevas acciones judiciales similares.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que quienes recurren al fraude durante los trámites migratorios no conservan el derecho a mantener la ciudadanía obtenida mediante ese procedimiento.
Comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos
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